Las “colaboracionistas” del gobierno de turno, representaban al peronismo y se VENDIERON.

Entre Ríos. Un reciente informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER) junto con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER reveló que los productores agrícolas de la provincia han dejado de percibir cerca de 7.000 millones de dólares en los últimos 15 años a causa de los derechos de exportación aplicados a cultivos clave como soja, maíz, trigo, sorgo y girasol.

Con el voto de la mayoría de sus integrantes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo que crea la Obra Social de Entre Ríos, como organismo que reemplazará al Iosper. Mientras se realizaba la sesión, afuera de la Casa Gris -en el sector que funciona la Cámara- una nutrida protesta intentaba resistir lo que a esa hora ya era un hecho: la disolución del Iosper. Hubo 20 votos a favor y 13 en contra. El voto libertario se dividió.

La confirmación del ajuste en las horas adicionales para los trabajadores del Estado provincial desató una contundente medida de fuerza. Diversos ministerios se unieron en una asamblea en el patio de Casa de Gobierno y marcharon dentro del histórico edificio, culminando con una reunión clave entre ATE y representantes del Ejecutivo. APFDigital estuvo en los hechos.

El gremio consideró que el accionar del Ejecutivo es de una “práctica fascista que expone y deja en situación de vulnerabilidad al compañero trabajador”. Además se solidarizó con Carlos Challiol, el comunicador mencionado, y “abrazó” a los periodistas y comunicadores que manifestaron “preocupación” por lo sucedido.

Afiliados del Iosper presentaron una denuncia penal contra el Interventor, el Subinterventor y el Director General de la obra social por presuntas irregularidades en contrataciones de prótesis y servicios, que habrían causado un perjuicio económico a la obra social y demoras en prestaciones vitales, incluyendo el fallecimiento de un afiliado por falta de un marcapasos. Acusan "administración fraudulenta" y "malversación de caudales públicos", según la indicación a la que accedió APFDigital.

El gobierno de Rogelio Frigerio decidió dar de baja a todos los suplentes que cumplían funciones como administrativos y ordenanzas en el Consejo General de Educación (CGE) y con ellos 86 trabajadores pierden sus empleos. Hay estado de alerta y asamblea permanente en el organismo y mañana habrá una protesta en la calle.