Para los abogados defensores de Julio Larroca y del contratista José Segovia se violaron sus derechos constitucionales al obtener escuchas telefónicas que no fueron reconocidas ni peritadas e invadiendo su esfera de privacidad al interceptar llamadas entre personas que no pueden ser testigos por tener lazos de parentesco con los imputados. Esto obligó al tribunal a hacer un cuarto intermedio hasta el miércoles para estudiar los planteos de las partes.
Judiciales07/08/2022
Editor
En la mañana del viernes pasado, la audiencia en la Sala 1 de la Cámara Penal de Concordia fue muy caliente en el marco de la causa que se lleva adelante contra el Dr. Julio Larroca, el Contratista José Segovia y el Maestro Mayor de Obra Alexer Doubña.
El juicio penal por la causa “Los Charrúas” arroja un desarrollo en donde se visualiza que la objetividad y el principio de legalidad están seriamente cuestionado por la defensa de Larroca.
No señor, fueron obtenidas ilegalmente:
El fiscal Arias varias veces denunciado por el Dr. Larroca pretendía se escuchen grabaciones o escuchas telefónicas que dice haber interceptado por orden judicial, mientras que los defensores en una larga alocución que encabezó el Dr. Romero hicieron ver al Tribunal que esas escuchas no reconocidas ni peritadas, es decir sin prueba que las voces pertenezcan a los imputados se obtuvieron de manera ilegal y engañando al Juez que las ordenó.
Se escucharon graves imputaciones al Fiscal y la manera de proceder y destacaron los defensores la manera burda en que se ha desvirtuado el proceso penal adversarial, remarcando que los fiscales han degenerado el procedimiento.
El Fiscal pretendía seguir violando el derecho de defensa en juicio pretendiendo introducir escuchas supuestamente mantenidas por los imputados con sus esposas o con familiares cuya prohibición de declarar es expresa.
Se explicó el abuso de poder de Arias, la imposibilidad de denunciar a un Fiscal pues los restantes integrantes del Ministerio Público siempre encuentran la excusa para que las denuncias no avancen y es así que el Dr. Romero hizo una completa enumeración de los Fiscales actuantes y de los flacos argumentos utilizados ante cada denuncia.
¿LEGALIDAD O ILEGALIDAD?
No se dudó en sostener de parte de los defensores que la obtención de las escuchas no reconocidas son producto de una actuación de mala fe del Fiscal, quien -según se escuchó en la sala- “engañó al Juez de Garantías sobre la existencia de peligro procesal, al extremo que pidió la detención de los imputados y otras personas ya desvinculadas de la causa.”
UNA DECISIÓN “A DERECHO”
El Juez, en su oportunidad, señalo el Dr. Romero le marcó al Fiscal que “había parcializado las escuchas y que escuchadas de manera íntegra no ameritaban ningún reproche, pese a lo cual se pudo escuchar que ninguno de los imputados ha reconocido ni reconocerá ninguna escucha.”
La débil argumentación de Arias con el asentimiento silencioso de los dos Fiscales que lo acompañan se limitó a peticionar que "sean escuchadas".
A DELIBERAR
Como final el Tribunal se tomó un receso hasta el miércoles próximo para resolver la cuestión en donde las posibilidades son dos; o se admite el planteo de los defensores o se hace lugar a las escuchas y se las evalúa en la sentencia.
El Presidente del cuerpo señalo que la cuestión planteada ameritaba tomarse un tiempo pues están en juego derechos de raigambre constitucional-.
Se dejó sentado de parte de otro de los defensores que existieron varios falsos testimonios, pero que dado los antecedentes de los fiscales que no perseguirán a sus testigos los dichos serán evaluados en los alegatos finales.
En un análisis jurídico reciente, el abogado y docente Rubén Pagliotto afirmó que el artículo 2 de la Ley 11.222 —que restringe la competencia del juicio por jurados en la provincia— es abiertamente inconstitucional y supone un retroceso en materia de derechos.
Los trabajos empezaron el 10 de noviembre con la esperanza de hallar al menor en cuatro profundos espejos de agua.
Fue en un juicio abreviado. Los sospechosos reconocieron que el 28 de mayo de 2021 fueron sorprendidos en el margen argentino del río Uruguay, a la altura de Colón. Dos fueron detenidos en inmediaciones de una embarcación en la que intentaron despojarse de 2.300 dólares, y el otro cuando, en la zona, intentaba eludir a los prefectos en una motocross nueva que incluso no le habían retirado los plásticos.
La profesional de Gualeguaychú está imputada de una supuesta mala praxis. La víctima tenía 10 años y tras su muerte, la autopsia reveló que se debió a una sepsis generalizada por la evolución de una peritonitis. El Fiscal finalizó la IPP y requirió la audiencia de elevación a juicio.
La organización trasportó desde Salta hacia Buenos Aires 493 kilos de cocaína entre mayo y septiembre de 2021. Tenían pistas de aterrizaje en Entre Ríos. Cinco integrantes fueron condenados con penas altas y millonarias sumas de multa. No se hizo lugar al pedido de reparación del daño que hizo un productor agropecuario de un campo en Colonia Sagastume, que llamó a la Policía Entre Ríos para denunciar la presencia de camionetas dentro de su campo. Perdió 290 toneladas de soja.
Mala publicidad para el turismo de viajeros en motor home que al llegar a una ciudad, sea sorprendido por tres hombres que se le metan dentro de su rodado para robarle, no solo es malo como publicidad sino terrible para la víctima que quiere vivir en paz y tres cacos que no son jóvenes desocupados sino hombres -hechos y torcidos- que le robaron dentro mismo de su casa rodante.
- Perfil del médico: Daniel Ojeda era cirujano oriundo de Concordia, Entre Ríos. Su nombre se hizo conocido por haber realizado prácticas estéticas clandestinas que derivaron en la muerte de dos pacientes y en lesiones graves a otras. Daniel se había hecho conocido por ser un cirujano especializado en infantes, antes que accediera a la práctica de la cirugía estética y liposucción.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), designó este martes por unanimidad a sus nuevas autoridades, quienes asumirán sus funciones el próximo 1 de febrero de 2026 y culminarán su mandato el 31 de diciembre de 2027.
En la nómina del material secuestrado sobresale que se visualizaron y llevaron como prueba dos uniformes del Grupo Especial de la Policía. No hay información sobre si hay algún integrante de la fuerza que estuviera implicado en el narcomenudeo, o si, por el contrario, los narcos, copian las ropas del Grupo Especial de la Policía de Entre Ríos para fines non sanctos.
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