La Justicia anuló los sobreseimientos a los socios de la empresa El Batelito y ordenó un nuevo juicio. Están acusados de explotar a 40 peones rurales en Paso de los Libres, Corrientes.

Pese a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes absolvió a los acusados por explotación laboral en mayo del 2021, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la sentencia hace un mes. Además, ordenó que se haga un nuevo juicio.

“Se demostró en el juicio que la cooperativa estaba vinculada a la empresa para captar a víctimas de zonas cercanas a Paso de los Libres, que estuvieran en situación de vulnerabilidad”, señaló Mariano Borinksy, uno de los tres jueces de Casación a cargo de la sentencia.

Jornadas de diez horas y condiciones de vida insalubres

Los trabajadores, provenientes en su mayoría de Misiones y Corrientes, se dedicaban a la poda de eucaliptos durante 10 horas. Ningún ellos estaba registrado y, en muchos casos, les retenían sus documentos.

Las condiciones de vida eran insalubres. No tenían agua potable ni baños. No contaban con luz eléctrica ni la ropa adecuada. Tampoco tenían elementos para conservar la comida y para cocinar hacían fogones. No habían sillas ni mesas. Por eso, cuando descansaban lo hacían acostados en la tierra.

Además, los trabajadores debían comprar los alimentos en un almacén que tenían los empresarios. Luego, los gastos eran descontados del dinero que cobraban.

La cronología del caso en la Justicia

El proceso judicial empezó en febrero de 2011. El Juzgado Federal de Paso de los Libres los había procesado y había trabado un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir entre $100.000 y $200.000.

Seis años después, la Fiscalía Federal de Paso de los Libres pidió que vayan a juicio oral Rolando Abel Díaz (70), Gustavo Javier Percara (51), Enrique Juan Percara (42) y Diego José Percara (50), acusados como coautores de los delitos de “trata de personas y reducción a la servidumbre”. Los cuatro captaban a muchas de las víctimas.

También contaba con la ayuda de José Qurubín Holsbach, que era empleador registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), y tenía un rol fundamental en la cadena de explotación laboral: contactar y captar a algunas víctimas.

Las personas explotadas declararon que no firmaron un contrato con la empresa “El Batelito S.A.” para la que trabajaban y algunos habían firmaron una solicitud para asociarse a una cooperativa llamada “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada”.

El camino de la causa para que llegue a ser resuelto por Casación no fue fácil, dado que el TOF, luego de dictar la absolución, negó al Ministerio Público Fiscal esa posibilidad.

Sin embargo, el fiscal federal Carlos Schaefer, la auxiliar fiscal Tamara Pourcel y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo presentaron un recurso en queja ante Casación.

“Los explotadores se esconden detrás de cooperativas de trabajo y cuentan con la connivencia del Poder Judicial y del poder político. Sumado a esto, fallan los controles administrativos”, explicó el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera. Y señaló que fueron “contundentes” las pruebas que presentó Schaefer.