La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso interpuesto por el Procurador Jorge García en la causa contra el ex intendente de Gualeguay Luis Erro por haber gastado $ 7.- y la persecuta infernal al que lo sometieron supuso un gasto multimillonario para el Estado provincial.
Judiciales23/06/2022
Editor
Los responsables o “irre” de la persecución contra el ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, no asumirán las consecuencia de su obrar contra las más elementales normas de razonabilidad. Erro es una víctima de que el Estado en virtud de la “independencia del Poder Judicial” permite estos excesos y todo queda en el frío del freezer.
Una interna partidaria y la falta de una política criminal adecuada le costó miles de pesos al Estado entrerriano. Hasta este martes, la causa penal por el supuesto uso inadecuado de un medidor de luz del municipio de Gualeguay, cuyo consumo energético fue 101,99 pesos, insumió el trabajo de nueve jueces, cuatro fiscales y hasta de la misma Corte Suprema de Justicia, que el martes le dijo basta al Procurador General Jorge García y declaró inadmisible el planteo para revertir la absolución dictada en favor de Luis Erro y el ex funcionario Alfredo Dellagiustina.
La historia que culminó antes de ayer se inició el 17 de abril de 2009, cuando Erro y Dellagiustina solicitaron el alta del servicio de energía eléctrica para un inmueble que era propiedad del padre del intendente y un mes después, el 18 de mayo, se realizó allí un acto del Frente para la Victoria para el cual utilizaron un medidor ambulante de la Municipalidad de Gualeguay.
Incluso el medidor se desconectó dos días después de la actividad y el consumo energético de 101,99 pesos registrado en esos días fue abonado por la comuna. En realidad el gasto por el uso del medidor, según la defensa de Erro, fue de siete pesos.
La denuncia fue motorizada en el marco de la interna política gualeya y en la necesidad de algunos dirigentes de judicializar cuestiones políticas para poder sumar poder.
El Poder Judicial se embarcó en la investigación y no propuso ninguna salida alternativa a un proceso que es un claro ejemplo del dispendio jurisdiccional.
Erro, en cambio, explicó que mientras estuvo colocado el medidor ambulante, en el inmueble se realizaron una serie de reuniones para la creación del Consejo Municipal de la Mujer, y que el local del Frente para la Victoria comenzó a funcionar luego del acto.
Sin embargo, la justicia desestimó esa explicación.
El ex intendente terminó condenado en octubre de 2016 a la pena de dos años y tres meses de prisión condicional, mientras que Dellagiustina recibió una pena de dos años de prisión condicional, y a ambos se les impuso también una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado.
Por mayoría hizo lugar a las impugnaciones extraordinarias deducidas por los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, defensores de Erro; y Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, representantes de Dellagiustina, por considerar que hubo una arbitraria valoración de la prueba.
Los jueces Claudia Mizawak y Daniel Carubia entendieron que el tribunal de casación hizo un “sesgado análisis” y una “reprochable parcialización” de la prueba, a tal punto que ni siquiera se pudo determinar “si se imputa la utilización del medidor durante algunos días (desde el 17 de abril hasta el 20 de mayo de 2009) o si se circunscribe a la realización del acto político del 18 de mayo de 2009” y si el inmueble en cuestión era efectivamente un local partidario.
“No existe ningún indicio ni prueba concreta que permita arribar razonablemente a la conclusión de que el medidor ambulante se colocó en un inmueble destinado a la promoción política de la línea interna del Partido Justicialista que era conducida por el intendente Erro”, aseveró Mizawak en su voto, al que adhirió Carubia.
Los magistrados advirtieron además que se tomaron diferentes categorías de testigos, “se otorgó un valor probatorio preponderante a quienes confirman la hipótesis acusatoria” y “se desechó sin explicación lógica los que favorecían” a los funcionarios públicos; y consideraron “inexplicable” que no se tomara en cuenta la explicación que dieron los acusados ni “las pruebas que corroboran la versión exculpatoria que brindaron”.
En conclusión, los jueces Mizawak y Carubia determinaron que “no existen pruebas inequívocamente irrefutables” que demuestren la responsabilidad de Erro y Dellagiustina, dado que “dejan sin explicación aspectos básicos de la imputación en su contra y no se ha podido acreditar que los acusados hayan quebrantado los deberes institucionales que les imponían sus cargos”.
En un análisis jurídico reciente, el abogado y docente Rubén Pagliotto afirmó que el artículo 2 de la Ley 11.222 —que restringe la competencia del juicio por jurados en la provincia— es abiertamente inconstitucional y supone un retroceso en materia de derechos.
Los trabajos empezaron el 10 de noviembre con la esperanza de hallar al menor en cuatro profundos espejos de agua.
Fue en un juicio abreviado. Los sospechosos reconocieron que el 28 de mayo de 2021 fueron sorprendidos en el margen argentino del río Uruguay, a la altura de Colón. Dos fueron detenidos en inmediaciones de una embarcación en la que intentaron despojarse de 2.300 dólares, y el otro cuando, en la zona, intentaba eludir a los prefectos en una motocross nueva que incluso no le habían retirado los plásticos.
La profesional de Gualeguaychú está imputada de una supuesta mala praxis. La víctima tenía 10 años y tras su muerte, la autopsia reveló que se debió a una sepsis generalizada por la evolución de una peritonitis. El Fiscal finalizó la IPP y requirió la audiencia de elevación a juicio.
La organización trasportó desde Salta hacia Buenos Aires 493 kilos de cocaína entre mayo y septiembre de 2021. Tenían pistas de aterrizaje en Entre Ríos. Cinco integrantes fueron condenados con penas altas y millonarias sumas de multa. No se hizo lugar al pedido de reparación del daño que hizo un productor agropecuario de un campo en Colonia Sagastume, que llamó a la Policía Entre Ríos para denunciar la presencia de camionetas dentro de su campo. Perdió 290 toneladas de soja.
Ronald Montenegro, padre de dos hijos, murió tras un accidente en un club de la ciudad brasileña de Olinda. Expertos apuntaron a un error en la maniobra.
Falleció en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, a los 66 años de edad. Participan con profundo dolor, su esposa: Rosa Mercedes Santa Cruz, sus hijos: Emilio José y Jacqueline Castillo, Lucrecia Santa Cruz y Ana Stanzu. Ads Sus hijos políticos: Micaela López y Rodrigo Barbieri, sus nietos: Octavio Barbieri, Franco Estechi, Alma Mia, Alma Camila y Lautaro. Comunican que sus restos, serán trasladados al Cementerio Nuevo de Concordia, hoy viernes 5 de diciembre de 2025 a las 9 hs. Sala Velatoria: Sala José Dri, San Luis n° 875 Exequias: Casa Dri - Grupo Previsora del Paraná
Falleció el 4/12/2025 en Concordia, Entre Ríos. Su esposo Omar Antonio Lezcano; sus hijos, hermanas, sobrinos, nietos, bisnieto, participan con profundo pesar su fallecimiento e informan que el servicio de sepelio se realizará hoy 5 de diciembre a las 9 hs. en el Cementerio de Puerto Yeruá Velatorio: Las Heras 371 - Sala Velatoria de Trimor Sepelios Servicio fúnebre: Trimor Sepelios.
.
