
La Corte Suprema cierra el caso Ilarraz por prescripción: el cura había sido condenado por abuso de menores
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
El defensor oficial Alejandro Giorgio presentó ante la Cámara de Casación Penal de Concordia un recurso para que la Sala Penal del Superior Tribunal revise la condena confirmada contra varios uniformados por haber participado en los hechos ocurridos en diciembre de 2013.
Judiciales20/04/2022El recurso se basa en tres ejes. El primero es el rechazo de la prescripción de la acción penal que hizo la Sala 2 de Casación Penal de Concordia en la sentencia confirmatoria de marzo pasado. En caso de que no se haga lugar al primer punto, el segundo es la nulidad de la sentencia por arbitrariedad. Por otra parte, el tercero, ante la eventualidad de que no se atienda ninguno de los planteos anteriores, al no haber reducido la pena por el criterio de exceso de plazo razonable, ya que la causa tramita desde 2013.
La defensa que encabeza Giorgio, y que representa a Juan Manuel Rozas y a Leandro Coutinho, dos de las figuras más identificables del levantamiento, entendió que el rechazo a las prescripciones se hizo de forma “infundada, arbitraria y errónea”, dado que consideró que solo dos imputados (Rozas y Carlos Zaragoza) continuaban en el denominado “estado policial” por estar en servicio, cuando esto también abarca a los retirados por decisión propia u obligatoria. Pero ese “estado policial” no constituye un elemento que suspende la acción penal, a criterio de la defensa, porque de lo contrario se estaría ante un delito imprescriptible.
Además, el defensor fue crítico de la actitud de los magistrados que apelaron a tratados contra la corrupción firmados por el Estado argentino para justificar las condenas a los uniformados. Refirió puntualmente que estos acuerdos, que obligan constitucional o legalmente a la Nación y a las provincias a seguir ciertos estándares, apuntan a delitos contra el patrimonio de la administración pública, como por ejemplo defraudación, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, pero no a la sedición.
Asimismo, se hace mención a la argumentación que hizo el Tribunal en base a un fallo de la Corte Suprema, donde la interpretación se choca con el sentido del texto.
Por otro lado, la defensa volvió a poner sobre la mesa un factor que ha planteado desde los primeros pasos de la audiencia: es imposible que 17 personas (un oficial de bajo rango, suboficiales y agentes) hayan podido cometer por sí solos el delito de sedición. Debería haberse incluido en la acusación a funcionarios de más alto rango, pues los acusados no tenían rango ni capacidad para frenar el accionar de 900 policías, 100 móviles y 9 comisarías durante dos días, como ocurrió en diciembre de 2013 en Concordia. (APFDigital)
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
El viernes 20 de junio se cumplio un año del trágico choque frontal en la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 223, que dejó un saldo devastador: cuatro jóvenes trabajadores muertos en el acto. El responsable del otro vehículo implicado en el siniestro fue Juan Ruiz Orrico, funcionario del gobierno provincial de Rogelio Frigerio y dirigente histórico del PRO. A pesar de haberse comprobado que manejaba con alcohol en sangre, Orrico continúa en libertad, sin restricciones, ni fecha de juicio confirmada. Las familias, en cambio, apenas si logran sostenerse entre el dolor, el reclamo incansable y la indiferencia judicial.
En la audiencia para obtener la aprobación constitucional del Senado de Entre Ríos, el actual fiscal interino, Martín Nuñez, dijo que cada fiscal tiene en tratamiento un promedio de 1.000 causas y que esto trae stress a los encargados de manejarlas, exponiendo ante los senadores que "se necesitan más fiscales en Concordia."
Germán Davico pudo ser intendente de Gualeguaychú en 2023 por un fallo del Tribunal Electoral de la provincia que quedó jaqueado porque la Procuración General se expidió por admitir la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la candidatura del referente de Nueva Generación, que fue electo intendente. El duro pronunciamiento sostuvo que hubo “una interpretación sesgada, equivocada de la manda constitucional que le ha hecho decir a la norma principal aquello que no dice”.
Se trata de la fiscal interina, Josefina Beherán, aspirante a titularizar en Gualeguay. Se alegó la ausencia de acceso constitucional válido al cargo; su actuación deficiente y selectiva en causas de corrupción policial y narcotráfico; y la violación del principio de objetividad y legalidad en su ejercicio actual del cargo. Se indicó que archivó una causa por robos en la que luego se probó que los autores eran los policías encargados de investigarlos, algo que la fiscal no advirtió ni denunció.
No hay estabilización a los 12 metros, la realidad superó a los pronósticos y ahora se pronostica para mañana martes 1 de julio, la cota en el Puerto de Concordia a 12,40, mientras sube la cota de la represa a 35,50 para contener la masa hídrica que baja del norte.
La Selección Argentina de Talla Baja regresará a Concordia para su última etapa de preparación rumbo a la Copa América 2025, en Paraguay.
La agencia de Lotería de Calabacilla, zona ubicada entre Puerto Yeruá y el Peaje de la Ruta 14, en el Municipio de Estancia Grande, Departamento Concordia, vendió una de las boletas ganadoras del sorteo del Quini 6 de este domingo 29 de junio. El apostador o apostadora afortunado o afortunada ganó casi 800 millones de pesos.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
Mientras el agua avanza con la fuerza implacable del río, lo único que retrocede es la presencia del Estado. Vecinos del barrio María Goretti, en Concordia, sobreviven en una situación límite: no solo tienen parte del barrio anegado por la creciente, sino que también fueron privados del suministro eléctrico por una medida preventiva dispuesta por la Cooperativa Eléctrica que, en lugar de ser acompañada por asistencia, los dejó completamente desamparados.