El defensor oficial Alejandro Giorgio presentó ante la Cámara de Casación Penal de Concordia un recurso para que la Sala Penal del Superior Tribunal revise la condena confirmada contra varios uniformados por haber participado en los hechos ocurridos en diciembre de 2013.
Judiciales20/04/2022
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El recurso se basa en tres ejes. El primero es el rechazo de la prescripción de la acción penal que hizo la Sala 2 de Casación Penal de Concordia en la sentencia confirmatoria de marzo pasado. En caso de que no se haga lugar al primer punto, el segundo es la nulidad de la sentencia por arbitrariedad. Por otra parte, el tercero, ante la eventualidad de que no se atienda ninguno de los planteos anteriores, al no haber reducido la pena por el criterio de exceso de plazo razonable, ya que la causa tramita desde 2013.
La defensa que encabeza Giorgio, y que representa a Juan Manuel Rozas y a Leandro Coutinho, dos de las figuras más identificables del levantamiento, entendió que el rechazo a las prescripciones se hizo de forma “infundada, arbitraria y errónea”, dado que consideró que solo dos imputados (Rozas y Carlos Zaragoza) continuaban en el denominado “estado policial” por estar en servicio, cuando esto también abarca a los retirados por decisión propia u obligatoria. Pero ese “estado policial” no constituye un elemento que suspende la acción penal, a criterio de la defensa, porque de lo contrario se estaría ante un delito imprescriptible.
Además, el defensor fue crítico de la actitud de los magistrados que apelaron a tratados contra la corrupción firmados por el Estado argentino para justificar las condenas a los uniformados. Refirió puntualmente que estos acuerdos, que obligan constitucional o legalmente a la Nación y a las provincias a seguir ciertos estándares, apuntan a delitos contra el patrimonio de la administración pública, como por ejemplo defraudación, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, pero no a la sedición.
Asimismo, se hace mención a la argumentación que hizo el Tribunal en base a un fallo de la Corte Suprema, donde la interpretación se choca con el sentido del texto.
Por otro lado, la defensa volvió a poner sobre la mesa un factor que ha planteado desde los primeros pasos de la audiencia: es imposible que 17 personas (un oficial de bajo rango, suboficiales y agentes) hayan podido cometer por sí solos el delito de sedición. Debería haberse incluido en la acusación a funcionarios de más alto rango, pues los acusados no tenían rango ni capacidad para frenar el accionar de 900 policías, 100 móviles y 9 comisarías durante dos días, como ocurrió en diciembre de 2013 en Concordia. (APFDigital)
El abogado Pablo Palacio, defensor de Alberto Aquiles Ocampo y su familia, aseguró que “la situación es distinta a lo que se ha dicho en redes sociales”.
La autopsia preliminar de la beba Valentina confirmaría la versión médica inicial, informó el abogado de la familia. Pidió contención para la familia, dado que la información oficial de Salud Pública fue una declaración mediática que no tuvo ninguna acción real, pues nadie se comunicó con la familia, ni siquiera por teléfono.
Así lo confirmó el fiscal de la causa Jorge Gutiérrez, quien contó que “lo vio el medico policial, se le notificaron sus derechos y se le designó un defensor oficial”. Esto fue posible porque le bajaron la sedación y ya puede respirar y comer por sus propios medios.
El lunes se realizó la selección del jurado y el martes comenzó el debate por la imputación de abuso sexual agravado contra Oscar Alfredo Irigoyen. Finalmente, cerca de las 16 horas de este jueves, el jurado deliberó y condenó al acusado.
La Sala Penal del STJ ordenó el cambio de jurisdicción tras un planteo de la defensa. El debate se realizará fuera de los Departamentos de la Costa del Uruguay para garantizar la imparcialidad del tribunal.
Inconcebible pero real. Ocurrió y no es un invento macabro, la realidad supera cualquier ficción. Ocurrió en Concordia, ciudad en la que cualquier cosa puede pasar y ya nada podría extrañar a propios y extraños, pero llevar el cuerpecito de una beba muerta para sepultarla en Feliciano y darse cuenta que no es la hija de la madre que quería sepultarla, originó un legítimo reclamo, que encontró respuesta del hospital, diciendo que habían ubicado a la beba en la morguera del nosocomio. Triste y lúgubre final del cual seguramente, nadie se hará cargo.
El imputado de la tentativa del homicidio sacó la foto y la subió a su estado de Whatsapp, con la leyenda: “Papá siempre va a estar con vos”. El fiscal Jorge Gutiérrez ya requirió la autorización para las pericias psicológicas a la víctima y la Cámara Gesell a la menor.
La Justicia imputó a un regatista olímpico y a un puestero, por el robo de hacienda al exsenador entrerriano, Hugo Lesca. Los detalles de la investigación que permitió recuperar 56 de las 97 vacas robadas en las islas Lechiguanas.
La Policía encontró drogas en el dormitorio del hijo cuando allanó la casa del funcionario municipal, acusado de haber pedido $20 millones para no difundir un video íntimo.
El abogado Pablo Palacio, defensor de Alberto Aquiles Ocampo y su familia, aseguró que “la situación es distinta a lo que se ha dicho en redes sociales”.
Por Juan Martín Garay (*)
