El defensor oficial Alejandro Giorgio presentó ante la Cámara de Casación Penal de Concordia un recurso para que la Sala Penal del Superior Tribunal revise la condena confirmada contra varios uniformados por haber participado en los hechos ocurridos en diciembre de 2013.
Judiciales20/04/2022
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El recurso se basa en tres ejes. El primero es el rechazo de la prescripción de la acción penal que hizo la Sala 2 de Casación Penal de Concordia en la sentencia confirmatoria de marzo pasado. En caso de que no se haga lugar al primer punto, el segundo es la nulidad de la sentencia por arbitrariedad. Por otra parte, el tercero, ante la eventualidad de que no se atienda ninguno de los planteos anteriores, al no haber reducido la pena por el criterio de exceso de plazo razonable, ya que la causa tramita desde 2013.
La defensa que encabeza Giorgio, y que representa a Juan Manuel Rozas y a Leandro Coutinho, dos de las figuras más identificables del levantamiento, entendió que el rechazo a las prescripciones se hizo de forma “infundada, arbitraria y errónea”, dado que consideró que solo dos imputados (Rozas y Carlos Zaragoza) continuaban en el denominado “estado policial” por estar en servicio, cuando esto también abarca a los retirados por decisión propia u obligatoria. Pero ese “estado policial” no constituye un elemento que suspende la acción penal, a criterio de la defensa, porque de lo contrario se estaría ante un delito imprescriptible.
Además, el defensor fue crítico de la actitud de los magistrados que apelaron a tratados contra la corrupción firmados por el Estado argentino para justificar las condenas a los uniformados. Refirió puntualmente que estos acuerdos, que obligan constitucional o legalmente a la Nación y a las provincias a seguir ciertos estándares, apuntan a delitos contra el patrimonio de la administración pública, como por ejemplo defraudación, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, pero no a la sedición.
Asimismo, se hace mención a la argumentación que hizo el Tribunal en base a un fallo de la Corte Suprema, donde la interpretación se choca con el sentido del texto.
Por otro lado, la defensa volvió a poner sobre la mesa un factor que ha planteado desde los primeros pasos de la audiencia: es imposible que 17 personas (un oficial de bajo rango, suboficiales y agentes) hayan podido cometer por sí solos el delito de sedición. Debería haberse incluido en la acusación a funcionarios de más alto rango, pues los acusados no tenían rango ni capacidad para frenar el accionar de 900 policías, 100 móviles y 9 comisarías durante dos días, como ocurrió en diciembre de 2013 en Concordia. (APFDigital)
La causa inició tras allanamientos concretados en el mes de agosto, donde se constató que la pareja ahora condenada venía dosis de drogas a consumidores en presencia de menores de edad.
El tribunal de juicios y apelaciones hizo lugar al pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del ex ministro Pedro Báez, condenado por delitos de corrupción.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia tendrá dos instancias para revisar la prisión preventiva dictada por Casación contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Por un lado, analizará la decisión de la jueza Carola Bacaluzzo de rechazar el hábeas data, por otro, recibirá por recurso extraordinario o por queja el planteo contra la decisión de Casación de enviarlo a la Unidad Penal 1.
El acusado es un hombre de 44 años, oriundo de Lanús, que se dedica al rubor de la geriatría. Se le imputó que durante siete meses –entre agosto de 2015 y febrero de 2016- defraudó al Estado Nacional en 179.933 pesos, puesto que se sostuvo que como apoderado de un geriátrico de Concordia “habría presentado y cobrado en las facturas al INSSJ PAMI, prestaciones no brindadas a personas ya fallecidas al momento de la fecha de realización de los supuestos servicios”.
La Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó la detención del exgobernador Sergio Urribarri y de su cuñado Juan Pablo Aguilera. Según la resolución judicial, ambos deberán ser alojados en la cárcel de la capital entrerriana.
Juan Carlos Núñez, transportista, denunció que un chofer que contrató, luego de demandarlo por un despido injustificado, le ha generado el remate de sus camiones, a pesar de haber pagado parte de la deuda.
La joven de 20 años estuvo desaparecida durante 15 días. La encontraron muerta en una zona rural de Santa Fe.
En total, fueron cuatro los procedimientos policiales realizados en los que se buscaban armas de fuego y cartuchería. Finalmente, dos de ellos dieron positivos para estupefacientes.
Este jueves comenzó a funcionar oficialmente el Chalet Terapéutico de Mujeres en el barrio El Silencio de nuestra ciudad, un espacio pionero para la recuperación de mujeres con consumos problemáticos, en una alianza entre la Municipalidad y la Asociación Civil “Restituo”.
El damnificado salió de su casa este martes para realizar un trámite momentos antes del mediodía y, al regresar a su domicilio, encontró la puerta de su casa forzada y descubrió que le faltaba un televisor que había comprado días antes.
