La capacitación de la "Ley Micaela" será obligatoria para designaciones en la Justicia de Entre Ríos

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia tendrá dos instancias para revisar la prisión preventiva dictada por Casación contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Por un lado, analizará la decisión de la jueza Carola Bacaluzzo de rechazar el hábeas data, por otro, recibirá por recurso extraordinario o por queja el planteo contra la decisión de Casación de enviarlo a la Unidad Penal 1.

El acusado es un hombre de 44 años, oriundo de Lanús, que se dedica al rubor de la geriatría. Se le imputó que durante siete meses –entre agosto de 2015 y febrero de 2016- defraudó al Estado Nacional en 179.933 pesos, puesto que se sostuvo que como apoderado de un geriátrico de Concordia “habría presentado y cobrado en las facturas al INSSJ PAMI, prestaciones no brindadas a personas ya fallecidas al momento de la fecha de realización de los supuestos servicios”.

La Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó la detención del exgobernador Sergio Urribarri y de su cuñado Juan Pablo Aguilera. Según la resolución judicial, ambos deberán ser alojados en la cárcel de la capital entrerriana.

Un jubilado consiguió que el banco le reintegrara más de 10 millones de pesos, luego de que un abogado demostrara  que las transferencias fraudulentas fueron realizadas sin su intervención y debido a la falta de medidas de seguridad del banco.

En noviembre del año pasado, al comenzar el juicio, 13 imputados acordaron realizar pagos de dinero a instituciones de bien público. El TOF hizo lugar a este instituto que se viene implementando en distintas causas desde hace un tiempo. “Era viable que este proceso penal concluyera mediante el instituto de reparación integral, compartiendo los argumentos que había emitido el MPF (…) Tendiendo además en cuenta los veinte años que han transcurrido de la constatación de los presuntos ilícitos”, sostuvo la resolución firmada por Lilia Carnero.