En la causa radicada en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín se investiga el accionar de los 22 militares imputados contra 323 personas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 9 padres de niñas y niños apropiados.
Sociedad27/12/2021
Editor
Los alegatos de las querellas en la megacausa de Campo de Mayo, que busca justicia en nombre de 323 víctimas de crímenes de lesa humanidad, se completaron esta semana previo al inicio de la feria judicial, donde representantes de familiares y víctimas así como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), solicitaron condena para los imputados y revocación de las prisiones domiciliarias.
Desde el Cels -que interviene como querellante institucional por el caso de siete trabajadores de Mercedes Benz Argentina- indicaron que "solicitamos la condena de los imputados Santiago Omar Riveros a 25 años de prisión, Eugenio Guañabens Perelló a 21 años, Carlos Eduardo José Somoza a 25 años, Hugo Miguel Castagno Monge a 25 años y Carlos Francisco Villanova 25 años" de cárcel".
Riveros era el jefe del Comando de Institutos Militares, de la Zona IV, donde ocurrieron los hechos y del centro clandestino de detención, tortura y exterminio a donde fueron llevadas las víctimas.
Guañabens Perelló era el director de la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos" del Ejército y jefe del área 470 lugar donde se realizó el secuestro de Fernando Del Contte.
Castagno Monge era oficial de Gendarmería y jefe responsable de las guardias que custodiaban a los secuestrados.
Somoza era un agente civil de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 encargado de los interrogatorios bajo tormentos de las personas secuestradas, lo mismo que Villanova, que era un auxiliar de inteligencia de la Policía Federal Argentina en comisión en el Batallón de Inteligencia 601 y destinado a Campo de Mayo.
Los voceros del Cels añadieron que también "solicitamos que se exhorte a Mercedes Benz Argentina a que permita erigir, dentro de sus instalaciones, un monumento recordatorio de los hechos sufridos por los trabajadores de la empresa durante la vigencia del terrorismo de Estado".
El alegato de Pablo Llonto en nombre de los familiares
En tanto, el abogado Pablo Llonto, en su alegato brindado esta semana en representación de familiares y víctimas, también pidió la "condena y revocación de domiciliarias" de los 22 imputados.
En la causa se investiga el accionar contra 323 personas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 9 padres de niñas y niños apropiados. El juicio se sigue en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por los jueces Silvina Mayorga, Daniel Omar Gutiérrez y Nada Flores Vega. Allí son juzgados 22 imputados, entre ellos el exgeneral Riveros, que se encuentra con prisión domiciliaria.
Llonto expresó en su alegato que "acusamos y pedimos la condena de todos los imputados así como revocar las domiciliarias". Respecto de esto último, precisó: "Solicitamos la revocación para que no sintamos, al final del juicio, la vergüenza de llegar con el exgeneral Riveros disfrutando sonriente, y quizás con una bebida en la mano, en su lujoso piso de Belgrano, sintiendo que la justicia le importa un bledo", definió.
La referencia fue utilizada para sostener las acusaciones, y afirmó que "si de algo se arrepienten los acusados es necesario que digan lo que hicieron, y donde están los restos (de los desaparecidos) y los bebés que buscamos" dijo.
La función estreno será este domingo 9 de marzo a las 20:30 hs en la sala de Pueblo Viejo, Alem 260. La obra es dirigida por Fabián Nardini, con las actuaciones de Flavia Martínez, Carla Chiraulo, Nadia Montaña y Juan Carlos Centurión.
Un reputado abogado del foro local reabrió un tema recurrente en esta época de inicio de clases: las responsabilidades legales de los padres separados en relación con los gastos escolares y actividades extracurriculares de sus hijos. Según explicó, estas obligaciones van más allá de la cuota alimentaria básica y abarcan también otros gastos necesarios como útiles escolares, actividades deportivas, clases de idiomas o danza, entre otros, en los cuales el padre debe cubrir el 50%.
Durante años, Karina Caden (53) intentó encajar en lo que ella misma define como “la vida normada”. Sin embargo, desde joven sintió una atracción por el trabajo sexual. Tras ejercer como terapeuta en el Servicio Penitenciario, fue escort, filmó películas para adultos y hoy vende contenido erótico sola y con su pareja. “Soy una MILF, una madre muy deseada”, asegura.
Los que tienen techo de chapas, podrán gozar de la siesta provinciana de este sábado con la cadencia de las lluvia sobre las chapas, no es poco y en estos momentos hay que conformarse con pequeños gozos del alma y del espíritu, a gozar entonces los que puedan.
Un trabajador de planta permanente de la Municipalidad de Concordia eligió nuestras páginas para dar a conocer ante la sociedad el momento laboral que atraviesa. El trabajador denuncia persecución y discriminación laboral por parte de las autoridades del área en la que se desempeña. Además, lamentó que no se respetara la situación.
En el primer año de Gobierno de Javier Milei el consumo se derrumbó a niveles similares a los que había a comienzos del Siglo XX. Con el kilo de vacío a más de $14 mil, crece la venta de cortes baratos que habían perdido popularidad. Crecieron el pollo y el cerdo, pero se disparó la venta de otro producto: los huevos.
El defensor sufrió la fractura de su tobillo izquierdo tras un cruce de Jeremías Perales. Fue sobre el final del partido disputado en Jujuy, y el agresor recibió la tarjeta roja de inmediato.
La oficina de prensa de la Policía de Concordia, informó que en un procedimiento policial, iniciado a raiz de la denuncia de un ciudadano que había sido despojado de sus bienes aprovechando su ausencia por trabajo, fueron detenidos dos masculinos y una femenina, quienes serían los ladrones. En el lugar se encontraron un arma y los bienes robados.
En una rápida acción que requirió la intervención de otras áreas del gobierno, como Catastro Municipal, efectivos policiales evitaron que se armara una "villa" a menos de una docena de metros del paredón de la Defensa Sur. Lo hicieron mediante la intervención preventiva tendiente a evitar que se consolidara una ocupación ilegal en esa zona prohibida de la ciudad.
La causa se abrió el 18 de febrero de 2025. Se investiga a las autoridades de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) por el presunto cobro de un adicional de los impuestos inmobiliario, urbano, subrural y rural y automotor, “sin tener la normativa que lo sustente”. El 18 de marzo Fiscalía adoptó medidas ante la demora de ATER en remitir la información solicitada en febrero. A tres meses de la apertura de causa, no se observan nuevos avances.
