Fabián "Pepín" Rodríguez Simón no consiguió la protección judicial que buscaba en Uruguay para evitar que lo detengan. El juez de primera instancia en lo penal Marcelo Malvar rechazó su segundo pedido de habeas corpus y, además, le respondió que la resolución de la jueza María Servini, que lo declaró en rebeldía y pidió su captura, no le parece ilegítima ni arbitraria. Como lo hizo público, el operador judicial del macrismo, dice que es víctima de una persecución política, por lo que pidió refugio bajo esa condición en el país vecino a comienzos de mayo, algo que debe ser evaluado por la Comisión de Refugiados o por la justicia. La resolución de Malvar, deja dos cosas en claro: no será extraditado mientras dure el trámite del pedido de protección pero podrá ser detenido por Interpol, sin que eso implique quedar alojado en una unidad penitenciaria.

Si el objetivo de Rodríguez Simón era ganar tiempo, en parte lo está logrando. Pero, a la a vez, el rechazo del habeas corpus lo deja expuesto a ser detenido una vez que Interpol expida la alerta roja y la orden de captura. Eso todavía no ocurrió. Previamente el organismo le pidió precisiones a la jueza sobre qué cargo público ocupó durante el gobierno de Cambiemos y cuál es la relación con los delitos que se le atribuyen. Servini dejó claro en su resolución que no existe persecución política contra "Pepín" y que los delitos que se investigan "no pueden ser considerados políticos". La jueza le respondió a Interpol que no tuvo cargos en el gobierno. Fue, es conocido a esta altura, director de YPF, y es parlamentario del Mercosur. En la Ciudad de Buenos aires con Mauricio Macri como jefe de gobierno fue titular de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que reprimía a indigentes. En un escrito y en su carta pública dijo que fue asesor de una comisión creada por lotería de la Ciudad para lograr el pago de Ingresos brutos a empresas del juego. 

Esto es relevante, porque la causa judicial investiga una asociación ilícita en la que se le atribuyen amenazas y hostigamiento a los dueños del Grupo Indalo, donde según varios testigos Rodríguez Simón los amenazaba con que si no pagaban un determinado monto de ingresos brutos por las empresas del juego les "declararían la guerra". Esto se tradujo la asfixia financiera de las empresas y finalmente la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Lo que Servini analizó hasta ahora de los entrecruzamientos de los llamados de "Pepín" es que sus contactos más frecuentes no habrían estado vinculados con los cargos formales que ocupaba sino con esa tarea de presunto emisario y operador del gobierno de Macri. En su caso, concluyó que quiere entorpecer la investigación al no presentarse a la indagatoria. En la causa están imputados varios miembros del gobierno, incluso el propio expresidente, su jefe de asesores José Torello, Mario Quintana y los extitulares de la AFIP, Alberto Abad y Leandro Cuccioli y empresarios.

El juez Malvar recibió el viernes a Rodríguez Simón en una audiencia en la que reiteró sus argumentos, su sospecha de que iría preso y dijo que cree que lo siguen y lo fotografían. El magistrado firmó ayer un fallo que dice que él podría inmiscuirse en la captura dispuesta por Servini sólo si hubiera algún rasgo de ilegitimidad muy evidente. "La resolución de la magistrada argentina no transparenta una clara y grosera ilegitimidad o arbitrariedad" como para provocar una decisión de indicarle a Interpol que no cumpla con la orden de detención. Aclara que, suponiendo que se lo detenga, "la detención a cargo de Interpol es una privación de libertad de índole pasajera, efímera, condenada sucumbir ante la autoridad jurisdiccional en el plazo de 24 o 48 horas". A lo sumo sería detenido en dependencias de la fuerza internacional. El pedido de extradición, de hecho, recién sería enviado una vez que sea aprehendido.

Mientras tanto, explica, también hay que ver qué pasa con el pedido de refugio que debe resolver la Comisión de refugiados, para lo cual tiene 90 días de plazo, aunque también podría ser resuelta por un juez/a. "La solicitud de refugio tiene por efecto la de impedir la devolución o entrega del promotor de la misma hasta que se finalicen los respectivos procedimientos. Ningún riesgo corre Fabián Rodríguez Simón de ser entregado a la República Argentina hasta que la Comisión de Refugiados (CORE) o la justicia se expidan y se agoten todos los medios impugnativos ante una eventual denegatoria ante una eventual denegatoria de su pedido de refugio o asilo".

La ley uruguay prevé dar refugio a aquella persona que de "fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas" y que "se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o -a causa de dichos temores-, no quiera regresar a él". Es difícil pensar en qué podría basarse la CORE para decir que Argentina persigue a Rodríguez Simón: lo que tiene es una causa judicial donde, como aclaró la jueza, tampoco nadie del Poder Ejecutivo actual es parte. El periodista Jorge Fontevecchia le preguntó dos veces en una entrevista por qué si creía que lo iban a meter preso no pidió la eximición de prisión. El operador no respondió a eso. Dijo que lo persigue "una organización supraestatal" que define como la mafia del juego" y detrás de la cual ubica al gobierno actual. Deduce que ocurrirá esto: "prestás indagatoria, te procesan automáticamente y te impedirán salir del país. Después, te van haciendo otras causas y te dejarán preso".