Incidentes entre manifestantes y policías dejaron al menos 10 detenidos y 18 heridos durante una marcha en favor del pueblo mapuche, la etnia más numerosa de Chile, realizada este domingo en el centro de Santiago, informó la Policía. La "Marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos", convocada a través de las redes sociales, reunió a cerca de un millar de personas cerca de la Plaza Italia, en el centro de la capital chilena, muchas de ellas representantes de comunidades mapuches quienes vestían ponchos, el trarilonco (cintillo mapuche) en la cabeza y la bandera mapuche.

Cuando la marcha se desplazaba hacia la Alameda, principal avenida de Santiago, la Policía chilena dispersó la protesta con un fuerte contingente de efectivos apoyados con carros lanza-agua y gases lacrimógenos. Los manifestantes respondieron con palos y piedras en enfrentamientos que se extendieron al menos por cuarenta minutos.

En la marcha se observaron carteles con leyendas como "Wallmapu (territorio mapuche) libre" o "no detendrán nuestra legítima lucha", en alusión al histórico conflicto que el pueblo aborigen tiene con el Estado chileno, al que reclama la restitución de tierras en el sur del país que considera propias por derecho ancestral y que fueron entregadas a privados, principalmente a forestales.

El líder del grupo activista mapuche Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, dijo a Efe que el Gobierno de Chile "arremete contra las comunidades" que luchan "contra el gran capital", respecto a la intención de dos partidos del oficialismo de querellarse contra la CAM, a la que definen como "organización terrorista".

"El poder de dominación, hoy representado por su clase política dirigencial con Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) a la cabeza, plantean la criminalización del movimiento autonomista mapuche con una narrativa muy fuerte de narcoterrorismo y terrorismo para desvirtuar las justas demandas de nuestro pueblo", agregó Llaitul.

La falta de solución a los reclamos mapuches ha provocado una escalada de violencia en la última década en las regiones sureñas de La Araucanía, Biobío y Los Ríos, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. También salió a luz la presencia del narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a los indígenas.