La fábrica de marginalidad: el suelo invisible de Concordia

Mientras las postales oficiales celebran la entrega a cuentagotas de un puñado de viviendas sociales, la realidad matemática y social de la ciudad avanza a un ritmo abrumador en la dirección contraria. Con una pobreza que perfora el 56% de la población, el acceso a un techo digno en la capital del citrus se ha transformado en una utopía inalcanzable. Pero lo más grave de este escenario no es la escasez de recursos, sino la inercia de un Estado que observa el fenómeno como si fuera una tormenta inevitable y no la consecuencia directa de sus propias omisiones.

El verdadero nudo gordiano de la exclusión no se encuentra en el costo de los materiales de construcción, sino en la administración del suelo urbano. En la periferia de nuestra ciudad rigen normativas de fraccionamiento que exigen dimensiones macroscópicas —como cuartos de manzana— bajo el teórico y bienintencionado argumento de "preservar el entorno" o "evitar el hacinamiento". Sin embargo, la traducción económica de esta exigencia es letal para los sectores populares: obliga a que los costos millonarios de extender las redes de agua, cloacas, electricidad e iluminación se prorrateen entre apenas dos o cuatro futuros usuarios por cuadra, en lugar de dividirse eficientemente entre veinte. Al volver prohibitiva la infraestructura formal, la reglamentación sepulta la posibilidad de generar loteos sociales compactos y lógicos de 10x20 metros.

Esta distorsión normativa actúa como el mejor aliado de la especulación inmobiliaria y de la retención ociosa de la tierra. Ante la ausencia total de un Banco de Tierras municipal o de herramientas activas que penalicen el suelo vacante y capturen la plusvalía urbana, el mercado formal se retira voluntariamente del segmento de ingresos bajos y medios-bajos. El dogma implícito del sector público parece dictar que "el privado y el tiempo acomodarán las cosas". Pero el tiempo no acomoda nada; solo profundiza la herida.

Cuando el Estado desiste de planificar y democratizar el acceso a la tierra con servicios, las familias trabajadoras no desaparecen ni dejan de multiplicarse: simplemente se ven forzadas a recurrir a la informalidad. El crecimiento de los asentamientos precarios y la proliferación de loteos clandestinos en zonas vulnerables o inundables no constituyen una elección delictiva, sino un mecanismo desesperado de supervivencia habitacional. Familias enteras compran pedazos de tierra sin títulos ni servicios elementales para intentar consolidarse a lo largo de los años, apostando a una futura regularización dominal o a un juicio de usucapión administrativa que tarda décadas en llegar.

La paradoja fiscal de esta ceguera institucional es monumental. El municipio y la provincia evitan la inversión inicial de adquirir tierras y planificar subdivisiones compactas para ahorrarse un gasto presente. Sin embargo, terminan desembolsando hasta cuatro veces más dinero público en el futuro para urbanizar, abrir calles a la fuerza y llevar servicios básicos a barriadas ya consolidadas de forma caótica y precaria. Es una política que gasta el cuádruple para obtener un resultado habitacional infinitamente peor.

Concordia no necesita más discursos de coyuntura ni ministerios dedicados a administrar la emergencia. Lo que la ciudad exige con urgencia es una profunda reforma regulatoria del suelo urbano. Es imperativo actualizar el Código de Ordenamiento Urbano, diseñar un Banco de Tierras agresivo que incorpore parcelas fiscales y deudoras, y habilitar loteos populares de densidad media con infraestructura financiable. Seguir delegando el derecho constitucional a la vivienda en las fuerzas ciegas del mercado formal o en la marginalidad del mercado clandestino es continuar alimentando una fábrica de pobreza estructural de la que, tarde o temprano, la sociedad entera pagará los costos.