Eduardo Cristina fue el implicado en el caso de la "Aduana Paralela" que más pagó para no ir preso: 18.000.000,00 de pesos.
En noviembre del año pasado, al comenzar el juicio, 13 imputados acordaron realizar pagos de dinero a instituciones de bien público. El TOF hizo lugar a este instituto que se viene implementando en distintas causas desde hace un tiempo. “Era viable que este proceso penal concluyera mediante el instituto de reparación integral, compartiendo los argumentos que había emitido el MPF (…) Tendiendo además en cuenta los veinte años que han transcurrido de la constatación de los presuntos ilícitos”, sostuvo la resolución firmada por Lilia Carnero.
Agregó que “la prolongación temporal apuntada, operó como prevención especial en cada uno de los incursos, pues luego de este proceso, no existieron, según el RNRP otros antecedentes penales”. Al tiempo que aclaró: “Sin duda, que es exigencia de este Tribunal acortar los tiempos procesales, en la emergencia no fue posible, pues las causas con personas privadas de su libertad, ocuparon y ocupan la apretada agenda del mismo”.
Los acusados que eligieron esta vía fueron: Fernando Montoreano, Federico Hanson Rosende, Virginia Catalina Silvano, Guillermo Iacobelli, Jorge Alejo Barrera, Eduardo Horacio Cristina, Benjamín García Calvo, Robert Trombotti Fernández, Fernando Alfredo González, Omar Alberto Custodio, Jorge Dufau, Juan Carlos Impringlio y Sergio Alejandro Impringlio.
La mayoría pagó sumas de entre 2 y 3 millones de pesos, uno reparó la situación con 15.000 dólares y el excandidato a intendente de Concordia, Eduardo Cristina, pagó 18 millones de pesos. Desde hospitales y escuelas a comedores comunitarios e instituciones que trabajan en la problemática de las adicciones estuvieron entre las supuestas beneficiadas.
Además, había ocho personas de nacionalidad chilena que estaban prófugas de la Justicia. Se trataba de los transportistas que participaron de aquellas maniobras delictivas. Como no los pudieron ubicar, se dictó su rebeldía y pedido de captura.
En julio de este año, dos de ellos cruzaron al territorio argentino y saltó el alerta, les informaron de la situación y, en comunicación con el TOF de Paraná, dijeron que no estaban enterados de su citación, ya que los domicilios que figuraban hacía muchos años que no vivían más allí.
Posteriormente estos dos chilenos realizaron un acuerdo de reparación de 2.000 dólares cada uno.
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