La felicidad nunca es completa: la CGT hizo su protesta callejera contra el DNU de Javier Milei de manera limitada, masiva y pacífica, pero en medio de su desarrollo se enteró de que un juez laboral había rechazado la cautelar que presentó para tratar de frenar la reforma laboral del Gobierno. 

Si bien la resolución judicial apuntó a una cuestión formal, que es el hecho de que el DNU aún no está vigente, refleja el tamaño del dilema que afronta el gremialismo ante un gobierno no peronista que se muestra dispuesto -por ahora- a tomar decisiones sin el condicionamiento del poder sindical. Lo curioso es que la CGT salió a la calle pese a que Milei no se propone embestir contra los sindicalistas y a que mantiene un diálogo reservado con ellos desde que ganó el balotaje ante Sergio Massa.

¿Qué falló, entonces, en la relación entre el Presidente y la central obrera? Uno y otro se parecen, hasta ahora, a dos boxeadores midiendo sus fuerzas en un primer round exploratorio. Milei avanzó con una reforma laboral que propone cambios más en sintonía con los reclamos de los empresarios, pero sin poner en jaque al modelo sindical argentino, como una concesión a la supervivencia de los líderes gremiales. Y sumó en el DNU algunas medidas laborales que, según admiten en los despachos oficiales, fueron incorporadas como elemento de presión para obligar a negociar a la CGT.

A su vez, la dirigencia cegetista pasó de cierta tranquilidad sobre el contenido de la reforma laboral que le daba en sus contactos reservados Guillermo Francos, ministro del Interior, al enojo: hay puntos de la reforma laboral que no iban a estar y, sin embargo, quedaron en el texto final del DNU. Por eso luego de difundirse la norma excepcional dictada por el Presidente dio la sensación de que Francos fue corrido de las negociaciones y que el diálogo con la CGT pasó a Omar Yasín, secretario de Trabajo. Hoy, según admitió este funcionario a Infobae, podrían moderarse algunos aspectos de la reforma laboral cuestionados por el sindicalismo a través de la reglamentación del DNU. ¿Alcanzará?

A ninguna de las dos partes le conviene una ruptura a sólo 17 días de comenzado el Gobierno. La CGT siente que hizo lo que tenía que hacer, sobre todo para intentar dejar en el pasado sus cuatro años de pasividad ante un gobierno peronista que empeoró la economía y desmejoró los salarios. Recién este miércoles, en Plaza Lavalle, Omar Plaini (canillitas) reconoció: “En el final del gobierno de Alberto Fernández podríamos haber sido más exigentes”. Y por eso la central obrera encuadró su estrategia en el viejo lema que hizo famoso el líder de la UOM Augusto Timoteo Vandor en los años 60: “Golpear para negociar”. Tras las negociaciones frustradas, la cúpula de la CGT -dialoguista hasta la médula- decidió una marcha a Tribunales que finalmente fue un acto sin movilización, sin oradores ni mucho esfuerzo en sacar a sus bases a la calle. “Algo simbólico”, como definió un jefe cegetista.

Por eso mismo fueron excluidos los piqueteros de la organización del acto y algunos dirigentes de la CGT rezaron para que la izquierda, que no fue invitada pero estuvo igual en Tribunales, quedara neutralizada en la postal callejera de ayer al mediodía sin que prendiera su consigna: “Paro general ya”. También por ese mismo cuidado se pidió autorización al gobierno para hacer su protesta y se cumplió con llamativo esmero el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y Waldo Wolff, hasta el punto de que en medio del acto se pidió permiso al gobierno porteño para ampliar el perímetro permitido y evitar incidentes ante la llegada de muchos más manifestantes de los que se esperaban.

Ese fue el primer golpe de la CGT para negociar con el Gobierno no sólo la eliminación o la moderación de algunos puntos de la reforma laboral sino también definir la forma que adquirirá la relación que tendrán. Por algo Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y cerebro de la estrategia cegetista, al terminar el acto en Tribunales insistió en que el DNU es inconstitucional y enseguida pidió que Milei conforme una mesa de diálogo tripartita, junto con los empresarios, para mitigar los efectos del duro ajuste. La CGT, una vez más, pide tener participación en las decisiones oficiales. No le fue bien en ese rubro durante la gestión de Alberto Fernández. Tampoco lo había logrado con Cristina Kirchner.

Este jueves, la CGT dará un segundo golpe aún más significativo: a las 12 están citados en la sede de Azopardo 802 los representantes del Comité Central Confederal, su máximo órgano ejecutivo, para analizar un plan de lucha con el fin de frenar el DNU que incluye la reforma laboral. Pero, a menos que se produzca alguna sorpresa, el debate interno -que se hará a puertas cerradas, sin presencia del periodismo- terminará con una resolución prudente: sólo se facultará a la conducción de la CGT a disponer un paro general o alguna otra medida de fuerza “cuando lo considere conveniente”.

En el Gobierno afirmaron a Infobae que Milei están dispuesto a tolerar “las movilizaciones callejeras que quieran los sindicatos, pero no un paro general”. Cuando se iba de Plaza Lavalle, el que admitió directamente que el Confederal de la CGT sólo aprobará “la facultad de tomar las medidas necesarias” fue un dirigente combativo como Pablo Moyano, el mismo que antes de que asumiera Milei amenazaba con resistir en las calles “las políticas de la derecha”. Ahora, al igual que sus colegas dialoguistas de la CGT, apoyará una decisión moderada que dejará en suspenso al paro general.

Con esa amenaza latente, o incluso la posibilidad de ponerle fecha a una huelga general recién para febrero, la CGT apostará a sensibilizar a un gobierno que busca mostrar autonomía de “la casta” sindical, pero, a la vez, la necesita para tratar de contener a los trabajadores ante los cimbronazos del ajuste, la estampida inflacionaria y la reforma del Estado. Milei cree que recién en abril habrá indicios de recuperación económica. Hay que pasar el primer trimestre de 2024 sin convulsión social.

La dirigencia sindical lo sabe y por eso avanzó con su escenificación de las protestas: pelea también para que el jefe del Estado tenga a cuenta a la CGT. Por eso golpea para negociar. A Vandor no le fue mal con esa estrategia: logró que el presidente de facto Juan Carlos Onganía dictara en 1970 la Ley 18.610 de Obras Sociales, que creó un sistema de salud que brindó desde entonces cobertura médica a millones de trabajadores y, a la vez, una “caja” que aseguró el fortalecimiento del aparato sindical.

Desde este jueves, cuando la CGT explicite su segundo golpe para negociar, la expectativa es qué hará Milei para que el sindicalismo acompañe lo máximo posible a su gobierno y evitar que se convierta en una pesadilla que, como se sabe, sólo le saca el sueño a las administraciones no peronistas.