El juez de Garantías de Concordia, Mario Figueroa, rechazó la petición formulada por la defensa de Matías Zubizarreta, de acceder al beneficio del sobreseimiento en el marco de la intrincada investigación que busca determinar quién o quiénes fueron los responsables de que se produjese el robo de 36 mil dólares a la Municipalidad de General Campos, en el departamento San Salvador, en el verano de 2021. Zubizarreta es secretario de Gobierno en General Campos, y está implicado en el caso junto al intendente Sergio Martínez (PJ). Pero no son los únicos.

En la apertura de la causa, la fiscal Clara Mondragón, de la Unidad Fiscal de San Salvador, detalló que  el día 7 de enero de 2021, “en horario matutino, se constató la faltante de 36.000 mil dólares (moneda estadounidense) pertenecientes a las arcas municipales, que se encontraban resguardados en la caja fuerte ubicada en el pasillo de acceso a diversas oficinas del edificio de la Municipalidad de General Campos. Los billetes de moneda extranjera se hallaban en un sobre manila cerrado y rubricado por los funcionarios Sergio Martínez, intendente municipal, Nahuel Guiffrey tesorero y por el secretario municipal” en referencia al titular de Gobierno, Martín Zubizarreta.

Cuando la causa empezó a tramitarse, el intendente Martínez puso el grito en el cielo por el modo cómo la Justicia investigó el hecho. “Lo peor de todo es que el robo va a quedar impune por cómo está caratulada la causa y no se va a descubrir quién se llevó los dólares. Acá se buscan culpables de otro tipo y que no tiene sentido”, criticó Martínez. “Uno lo ve. Todavía no están los peritajes de los teléfonos. No se investigó como se tenía que investigar la causa. A mí me imputaron justo cuando íbamos a cerrar la escritura de los terrenos, ahora que estamos en pleno trabajo con los vecinos y todo lo demás, sale la imputación al secretario de Gobierno. O sea que cada paso que damos para adelante, recibimos un cachetazo de la Justicia. Casualidades hay, pero creo muy poco en las casualidades y es muy llamativo”, dijo en 2021.

La investigación penal que lleva adelante la Justicia dejó en incómoda situación al intendente de General Campos.  La imputación dice que Martínez, “en su calidad de funcionario público, el tesorero municipal, Nahuel Guiffrey y la subtesorera, Paola Busse, omitieron los deberes propios de su función y/o cargo conforme lo establece la ley orgánica de Municipios, que específicamente impone la obligación de resguardar en entidad bancaria todo fondo público municipal, que permitieron de manera imprudente la sustracción de caudales públicos que se encontraban bajo su esfera de custodia. Concretamente mediante decreto Nº 2428/20 suscripto por el intendente Sergio Martínez, en el que se dispuso la extracción el día 15/05/20 del Nuevo Banco Entre Ríos de la suma USD 36.000 (moneda extranjera) correspondientes a arcas municipales para la eventual compra de un inmueble, negocio jurídico que no se concretó. El dinero retirado desde la fecha de su extracción permaneció depositado en la caja fuerte del Municipio (lugar de resguardo de la caja chica diaria) con conocimiento y dentro del ámbito de custodia de Sergio Martínez, Nahuel Guiffrey y Paola Busse, hasta el día 07/01/2021 donde se constató por parte del tesorero la faltante y se dio inicio” a la investigación penal.

El dinero había sido retirado del banco “porque era probable que en febrero haya novedades de la compra de terrenos” que el Municipio tenía proyectado adquirir para la construcción futura de viviendas.  “Si bien el Municipio posee una cuenta en una caja de ahorro en dólares, habían solicitado al banco la posibilidad de extraer parte del dinero para poder avanzar en el proyecto, teniendo en cuenta las múltiples trabas que el propio Estado y los bancos ponen a los tenedores de dólares a la hora de retirar cantidades importantes”, según testimonios recogidos en el Municipio.

Fue así que lograron retirar  casi 36 mil dólares para firmar un precontrato, con la entrega del 30% del valor de las 30 hectáreas a comprar. No obstante,  la pandemia frustró esa operación inmobiliaria por cuanto los dueños del campo a adquirir  no pudieron viajar para cerrar la venta. Fue así que el dinero retirado se lo resguardó en una caja fuerte en Tesorería municipal, bajo llaves y claves, que solo tendrían el tesorero titular y la otra empleada de esa repartición, ambas personas de carrera dentro del Municipio.

En esa caja fuerte, se guardan además chequera y algún dinero diario de la Caja. Al chequear el sobre con los dólares, se encontraron que no estaban. Ni el dinero, ni el sobre, ni el lacre.

“Yo hice la denuncia, no voy a tapar a nadie, porque no es plata mía sino del municipio”, dijo el intendente Martínez no bien se supo de la sustracción. “No hay mucho misterio en esto. Es blanco o negro. No es tan difícil la investigación, no involucra a tanta gente”, apuntó. “El que le hizo daño a la localidad tienen que pagar”, señaló.

Aun cuando todavía no se pudo dar con el destino de los dólares, ni quién se los llevó, la causa se encamina hacia el juicio oral.

El 23 de mayo último los fiscales Clara Mondragón y Fernando Méndez, de la Unidad Fiscal de San Salvador, presentaron la solicitud de remisión a juicio oral de la causa ante el juez de Garantías Mario Figueroa. El jueves 8 del actual durante una audiencia el magistrado resolvió primero rechazar el pedido de sobreseimiento que había hecho el defensor de Zubizarreta, Juan Carlos Arralde, y a la vez corrió traslado a las partes de la solicitud de remisión de la causa a juicio. Después de notificados, corre el plazo de cinco días para contestar.

Una vez que se vencieron los plazos (hayan o no contestado), la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de los Tribunales de Concordia fijará audiencia de remisión a juicio en la que se discute si el juez de Garantías hace lugar o no a lo solicitado por los fiscales.

En la causa penal, los concejales opositores Javier Mendelovich,  Marcelo Gabriel Rougier y Elida Alba Montiel actúan como querellantes, representados por el abogado Gabriel Epstein. (Entre Ríos Ahora)