Causa Bordet: dos legajos nuevos y una pregunta sin respuesta sobre el celular de una empleada judicial
Norberto Flores, investigado por sus vínculos con el exgobernador, declara hoy en una causa por coacciones. En otro expediente quedó implicada su hija, que dejó de trabajar en el Poder Judicial tras conocerse una conversación privada. Nadie explicó todavía cómo esa conversación llegó a manos de los fiscales
Norberto Germán Flores debe presentarse hoy, viernes 9 de octubre a las 11, en la Unidad Fiscal de Concordia. Fue citado en el legajo 11023/2026, caratulado “NN s/ Coacciones”, a cargo del fiscal José Martín Núñez. Es una de las dos causas abiertas en los últimos días como desprendimiento de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Gustavo Bordet, hoy diputado nacional, y su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila. La otra se tramita por violación de secretos de funcionario público.
La citación ya circulaba ayer en algunos medios, entre ellos el portal Análisis, que la difundió con detalles que parecían llegados directamente desde el despacho fiscal. Que el contenido de una diligencia se conozca antes de que ocurra es, en sí mismo, un dato llamativo en una causa donde precisamente se investiga la filtración de información reservada.
Flores es uno de los empleados que pasaron a la planta permanente de la Legislatura en el tramo final de la gestión Bordet. La actual administración revocó esa designación por considerarla irregular, aunque hoy figura como contratado de la ex primera dama en la Cámara de Diputados. En la investigación principal, a cargo del fiscal José Arias, también aparecen el comerciante Salvador Carubia y Germán Ezequiel Flores, hijo de Norberto.
La hija, el celular y la orden que nadie mostró
En la causa conexa por violación de secretos quedó involucrada Giuliana Alejandra Flores, hija de Norberto, que hasta esta semana se desempeñaba como empleada judicial en Concordia. Según trascendió, el contenido de la conversación se limitaba a avisar que una mujer se había presentado con una factura. Ese mensaje habría bastado para que la apartaran de su cargo, aparentemente sin un sumario administrativo previo.
Lo que no se ha informado es cómo los fiscales obtuvieron esa conversación. Salvo que la propia empleada la haya exhibido voluntariamente, algo difícil de imaginar en alguien que ponía en riesgo su trabajo, el acceso a comunicaciones privadas exige una orden previa y fundada del juez de garantías. El artículo 18 de la Constitución Nacional protege la correspondencia y los papeles privados, y esa garantía alcanza a los mensajes de un teléfono.
Si esa orden existe, nadie la mencionó. Si no existe, la intromisión en la intimidad de la empleada sería un hecho más grave que la conversación investigada, que por su contenido difícilmente pueda alterar el rumbo de ninguna causa. Y una prueba obtenida de ese modo quedaría expuesta a una nulidad.
Mientras tanto, los hechos parecen confirmar el apodo que hace años se ganaron los Tribunales de Concordia: la Caldera del Diablo.
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