Procesaron al ex viceintendente de Federación por trata de personas y explotación laboral

Juan Luis Spañoletti, ex viceintendente de Federación y ex delegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación durante la administración de Mauricio Macri, fue procesado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral de un grupo de trabajadores en un campo de su propiedad en Colonia Ayuí.

La medida fue dictada a regañadientes, y luego de un intenso ida y vuelta, por el juez federal Pablo Seró, quien dejó a salvo su opinión en contrario y aclaró que lo hacía para “superar el estado de estancamiento” en que se encuentra la causa y siguiendo lineamientos de la Cámara Federal de Apelaciones.

Los hechos por los cuales fue procesado Spañoletti ocurrieron en mayo de 2021 y se descubrieron a raíz de una denuncia de trabajadores misiones que realizaban tareas de desmonte y raleo de troncos de eucaliptos en un campo de Colonia Ayuí.

Los obreros sobrevivían casi en condiciones de esclavitud, hacinados en un motor-home y en un refugio para animales de corral con goteras. No tenían agua corriente ni luz eléctrica y tampoco baño. Dormían en el piso, en colchones deteriorados, sin sábanas. La comida también era escasa, cuando se las proveía la persona que los había contratado, y había días en los que no tenían para comer. Cocinaban a la intemperie, con leña. Si bien algunos contaban con teléfono celular, en el campo no había señal, por lo que estaban incomunicados.

Los trabajadores señalaron como su empleador a Andrés Alberto López, dueño de un aserradero en La Criolla, y aseguraron en sede judicial que nunca trataron con Spañoletti, aunque también dijeron que iba casi todos los días al campo para atender a las vacas, ovejas y un pequeño emprendimiento apícola que tenía.

El campo, efectivamente, está registrado a nombre de Spañoletti, aunque él asegura haberle vendido a López una porción de cinco hectáreas de monte en dos millones de pesos. Según sus dichos, la operación se habría hecho en negro, sin la intervención de un escribano, con la firma que ambos estamparon en un papel como única garantía y López le habría pagado en dos veces y en efectivo.

En su declaración indagatoria dijo además que no tenía injerencia en el trabajo de desmonte ni con las personas que realizaban esa tarea y que “López estaba autorizado por el boleto de compraventa a introducir el personal que sea necesario para hacer la cosecha o la tala”. Del mismo modo, negó haber autorizado a que los trabajadores se quedaran a dormir en el campo y que López se lo hubiera pedido porque el contratista le dijo que “los iba a llevar y traer porque tiene un aserradero en La Criolla”, donde supuestamente vivirían y dormirían los obreros.

Pero quien contradice esa explicación es el propio Spañoletti, en un mensaje de voz que le envió a López unos días antes del operativo y fue recuperado de su teléfono celular:
–Andrés, fíjate esa gente que quedó ahí en el colectivo, eso me va a hacer daño nomás en cualquier momento, viste. Están al pedo ahí.

La fiscal Josefina Minatta ha insistido en que esas pruebas revelan que Spañoletti tenía pleno conocimiento y aceptaba que las víctimas se hospedaran en su estancia, a la que asistía diariamente, en esas condiciones.

Pero el juez Seró consideró que estos elementos no eran suficientes para sostener una acusación contra el ex funcionario y le dictó una falta de mérito, que fue revocada; y luego el sobreseimiento, también revocado por la Cámara Federal de Apelaciones.

En un principio también dictó la falta de mérito de López, quien contactó, contrató y convino las condiciones de trabajo con los obreros oriundos de la localidad misionera de Montecarlo, les pagó el pasaje en colectivo hasta Concordia y los alojó en el campo en condiciones de extrema precariedad. Ese status fue revocado por el tribunal de apelaciones y López terminó procesado.

El magistrado sostiene su posición respecto de Spañoletti: no cree que tenga responsabilidad alguna. Pero sigue la línea de la Cámara Federal de Apelaciones, a fin de “superar el estado de estancamiento” y remitir la causa a juicio oral.

Para tomar ese atajo, reinterpretó pruebas que, según dice, no había valorado hasta el momento.

El casero del campo, empleado de Spañoletti, dijo en su momento que desconocía la procedencia de los obreros, que nunca le pidieron nada, salvo agua; que no sabía lo que comían ni cómo se cocinaban; tampoco sabía cómo se higienizaban ni vio colchones porque hacía mucho que no se acercaba hasta el motor-home.

Su testimonio, sin embargo, es puesto en jaque por los obreros. Uno de ellos sostuvo que hablaba asiduamente con él y otro contó que en una ocasión le dieron dinero para que les comprara tabaco y alimentos baratos. En una ocasión, agregaron los monteros, el casero y Spañoletti se acercaron hasta donde ellos estaban y les dieron restos de un asado que habían comido, al ver que no tenían provisiones.

A partir de una reinterpretación de la prueba, el juez sostuvo que “se puede inferir que Juan Luis Spañoletti concurría en forma habitual al campo de su propiedad, que tenía conocimiento que los trabajadores se encontraban realizando tareas allí porque, según declaraciones testimoniales, en algunas oportunidades estos le abrían la tranquera para que pase, también tenía conocimiento de que los trabajadores –que si bien estaban bajo las órdenes de Andrés Alberto López– estaban allí y que de alguna manera ello podría ocasionarle algún tipo de perjuicio a su persona, motivo por lo cual le habría pedido a López que los saque del campo manifestando que no quería que vivieran allí”.

En la misma línea, el magistrado señaló que si el cuidador del campo, hombre de confianza de Spañoletti, tenía vínculo y diálogo fluido con los trabajadores, es posible inferir que conociera la situación en que se encontraban y que pusiera a su jefe en conocimiento de ello. (Página Judicial)