La pandemia ha dejado a México con los mayores niveles de pobreza en seis años. La población con carencias pasó del 41,9% en 2018 al 43,9% en 2020, un aumento de 3,8 millones de personas, y aquella que vive en pobreza extrema subió del 7% al 8,5%, 2,1 millones más, ha informado este jueves el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La crisis provocó que 15 millones de personas más registraran carencias de acceso a servicios de salud. El Gobierno federal, cuya respuesta a la pandemia ha sido la más débil entre los países emergentes, defendió al inicio de la crisis que los programas sociales existentes eran suficientes. Estas cifras suponen un baño de realidad.

La mayoría de los nuevos pobres comparten perfil: viven en ciudades y están en edad de trabajar. La población urbana en situación de pobreza subió del 37% en 2018 al 40% en 2020, mientras que en el ámbito rural esta disminuyó del 58% al 57%, reporta Coneval con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, levantada entre agosto y noviembre del año pasado. Por edad, los más afectados fueron los adolescentes y jóvenes, con un aumento del 42% al 46% de pobres, y los adultos de 30 a 64 años, que pasaron del 36,5% al 39,5%. Las personas mayores en pobreza, en cambio, bajaron del 43% al 38%.

Los Estados que más sufrieron fueron los turísticos. La población en pobreza en Quintana Roo saltó del 30% al 47,5%, casi la mitad de sus habitantes, y en Baja California Sur, del 19% al 28%. En total, 19 de las 32 entidades presentaron un deterioro respecto a 2018. Paradójicamente, Chiapas y Oaxaca, con un mayor atraso histórico, registraron mejoras respecto a 2018 aunque todavía se mantienen en niveles muy altos. La población en pobreza en Chiapas pasó del 78% al 75,5% y en Oaxaca, bajó del 64% al 61%. La actividad agrícola, que tiene un peso importante en estas dos entidades, fue la menos afectada por el confinamiento. El consejero Armando Bartra llamó a no engañarse por estos datos. “La agricultura no interrumpió su trabajo y el año pasado fue muy buen año agrícola”, explicó. “No creo que signifique forzosamente que se reduzca una brecha que es estructural”.

El abrupto salto en carencias de acceso a servicios de salud es especialmente inquietante dada la crisis sanitaria vivida el año pasado. En 2020 un 28,2% de la población reportó problemas, frente al 16,2% en 2018. El retroceso coincide con la reconversión de los centros hospitalarios para atender la pandemia, pero también con la eliminación por parte del Gobierno del Seguro Popular, que atendía a los más vulnerables, y su sustitución por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). En 2018, el Seguro Popular cubría al 42,1% de la población, pero el Insabi apenas alcanzó al 26,9% en 2020. El Coneval ha afirmado en sus recomendaciones que es “urgente que la transición al Insabi asegure la atención efectiva de la población y el pleno conocimiento sobre su funcionamiento y disponibilidad”.

En cuanto a la educación, la población de tres a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con formación obligatoria pasó de 16% a 17%. El cierre de los centros educativos por la pandemia y el seguimiento de clases a distancia por internet o televisión han dificultado el acceso de los alumnos más pobres. Pese a la tercera ola de contagios, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en reabrir las escuelas en agosto para evitar que se agrave el impacto.

Sin transferencias sociales ni remesas, la situación hubiese sido peor: la población en pobreza sería dos puntos mayor, un 45,9% en lugar del 43,9%. Con todo, el consejero John Scott ha destacado algunos fallos de la política de un Gobierno que se enorgullece de su vocación social: “[Las transferencias públicas] han perdido progresividad, sobre todo el decil más pobre recibió menos proporción. Ciertamente, una de las recomendaciones es identificar cuáles son los grupos prioritarios que deberían ser fortalecidos”.

En medio de este deterioro, hay algunos rayos de luz. La cifra final del aumento de pobreza es menor a la pronosticada inicialmente. En mayo del año pasado, en lo más duro de la crisis, Coneval estimó que entre seis y 11 millones de personas corrían el riesgo de caer en una situación de privación extrema. Por otro lado, la población sin acceso a la seguridad social pasó de 53,5% a 52%, una reducción de 200.000 personas. El mayor incremento de la cobertura se dio entre los mayores de 65 años, de 38% a 55%. El Gobierno actual ha extendido las pensiones de jubilación y duplicado el monto que reciben.

Y la desigualdad ha disminuido. Sin embargo, esto no se debe a una mejora en la situación de los más desfavorecidos, sino al hecho de que los ricos hayan perdido un mayor porcentaje de sus ingresos. Así, el ingreso promedio del 10% más pudiente fue 22 veces superior al del 10% más pobre, frente a 24 veces superior dos años atrás.

@diarioelsolconcordia