Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, se pronunció sobre el impedimento de entrada al Perú de Evo Morales y otros ocho ciudadanos bolivianos. El jefe PCM sostuvo que esta es una “decisión firme y enérgica del Gobierno peruano”, que busca preservar “la vida, la dignidad y la integridad” de los ciudadanos, en medio de las protestas en el sur del país.

“En esta decisión muy firme del Gobierno peruano, comunicamos el impedimento de ingreso de esta persona (Evo Morales) al país, quien no volverá a entrar más a nuestro Perú salvo que se levante este impedimento claramente establecido en las normas internas peruanas”, dijo Otárola en encuentro con la prensa.

“Esta decisión es hasta que se modifique la situación que amerita la aplicación de este artículo completo. Lo que se está haciendo es aplicar la Ley de Migraciones para aquellas personas que afectan el orden público en el Perú”, añadió.

El comunicado del Ministerio del Interior sostiene que “el Perú es un país soberano y democrático, cuyo ordenamiento migratorio establece que todo ciudadano extranjero en el territorio nacional tiene el deber de conducirse cumpliendo el ordenamiento jurídico, en especial en lo referido a la seguridad nacional y el orden interno”.

“En los últimos meses, se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno”, dice el comunicado.

Canciller se pronuncia

En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, sostuvo que la Cancillería no tolerará iniciativa alguna que pueda poner en riesgo la soberanía e independencia del país, la integridad de su territorio, la seguridad nacional y dignidad del Perú, en relación al caso de Evo Morales.

Durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que se desarrolla esta mañana, señaló también que Runasur, foro que lidera Morales, no es una organización internacional integrada por estados, sino que convoca a entidades o colectivos civiles, por lo que no involucra ni al Perú ni al resto de países de la región.

“La Cancillería no tolera iniciativa alguna que pueda poner en peligro nuestra soberanía e independencia, la integridad de nuestro territorio, la seguridad nacional, la dignidad del país, el sistema democrático o la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”, señaló Ana Cecilia Gervasi.

Recalcó que “todo ciudadano extranjero está sometido a las leyes de nuestro país y a la jurisdicción de las autoridades peruanas competentes durante su estadía en territorio nacional”.

Gervasi explicó que el Estado otorga una calidad migratoria a los extranjeros que visitan nuestro país en atención a su situación personal o por la actividad que van a desarrollar en el territorio nacional.

Asimismo, que el Decreto Legislativo 1350, Ley de Migraciones, establece sanciones que incluyen la expulsión de los ciudadanos extranjeros que incurran en conductas incompatibles con la calidad migratoria que han recibido.

“En tal sentido, corresponde, conforme a ley, a la Superintendencia Nacional de Migraciones conducir los procesos previstos en la referida normativa respecto de aquellos extranjeros que incurran en dichas conductas”, agregó la canciller.