Cómo es la internación psiquiátrica en otros países y las diferencias con la Ley de Salud Mental argentina
En el año 2017, el Director Nacional de Salud Mental, Andy Blake, propuso modificar la Reglamentación de la Ley de Salud Mental: el resultado fue que el ministro de Salud de entonces, Adolfo Rubinstein, le pidió la renuncia. Oficialismo y oposición parecen coincidir con una norma cuestionada por muchos sectores y en particular por la profesión psiquiátrica y por los familiares de los pacientes, como lo expresó con desesperación la madre de Chano Charpentier.
La Ley promulgada en 2010 proclama como objetivo la desmanicomialización. Pero la terminología no debe mover a engaño.
“El viejo manicomio que implicaba encierro, aislamiento y ausencia de tratamiento pertenece a una época en que no había terapias alternativas ni el desarrollo que hoy tiene la psiquiatría”, dice el médico psiquiatra Emilio De Fazio (mn 34959), presidente de la Asociación de Instituciones de Salud Mental de la Argentina (Aisame), docente y director de un establecimiento de Salud Mental. “La desmanicomialización implica tratar al paciente con prácticas que no sean asilares. Eso ya sucede en el país. Hoy se nos acusa de usar prácticas de manicomio por desconocimiento porque hace rato que están en desuso. No existe eso en todo el país. Las internaciones se han transformado en terapias interdisciplinarias, el paciente se reintegra rápidamente a la comunidad. La internación crónica es algo absolutamente marginal en números”.
Sin embargo, el artículo 27 de la ley de Salud Mental dispone el cierre de lo que llama “monovalentes”, o sea clínicas y hospitales psiquiátricos, a los que tilda de “manicomios”. Es uno de los despropósitos de esta Ley que fue elaborada sin participación de las asociaciones de psiquiatras ni de las academias o facultades de medicina.
En casi todo el mundo, la tendencia es a disminuir las internaciones, pero para ello se crea todo un dispositivo alternativo, de instituciones intermedias, de mecanismos de acompañamiento, lo que implica una inversión que aquí no se ha realizado en los más de diez años de vigencia de la Ley.