A fines de diciembre de 1978, Nora Cortiñas y dos compañeras de Madres de Plaza de Mayo, Josefina “Pepa” Noia y Hebe Pavello de Mascías, llegaron al juzgado penal de Dolores para pedirle al juez identificar los cuerpos que habían aparecido días antes en las costas, según contaban los diarios.

El magistrado en cuestión, Carlos Facio, las recibió. Sin embargo, no hizo lo que le pidieron: a ellas nunca las llamaron para ver los cadáveres –que sospechaban podían pertenecer a sus hijos o hijas desaparecidos–. La investigación se cerró al poco tiempo y los restos se enterraron como NN.

Para el juez federal Martín Bava, lo que hizo Facio fue encubrir los vuelos de la muerte, la fase última del exterminio de la última dictadura que consistía en arrojar a las aguas a quienes habían estado secuestrados en los campos de concentración.

Por la omisión de investigar lo que había pasado con las 14 personas cuyos restos habían aparecido en las costas en diciembre de 1978 y por impedir su reconocimiento, Bava procesó por encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a Facio, un vecino famoso de Dolores.

Asimismo, el juez también resolvió procesar al médico policial Miguel Cabral --que intervino en cuatro expedientes sin consignar las muertes violentas de las víctimas-- y al exjefe de Catastro del municipio de General Lavalle Juan Domingo Montenegro, que fue parte del encubrimiento posterior –tal como surge de los documentos de inteligencia de la Policía Bonaerense– para que los organismos de derechos humanos no hallaran los cuerpos que estaban enterrados como NN.

En la resolución, Bava también procesó a siete ex agentes de la policía bonaerense que cumplieron funciones en la costa: Domingo Martínez, Alberto Martínez, Emilio Luchetti, Juan Antonio Estrada, Mario Castronuovo, Ednio Llorens y Francisco Aristegui. A un octavo efectivo, Santiago Piñero, le dictó una falta de mérito. 

El rol del juez

Facio fue nombrado juez en agosto de 1976 por Ibérico Saint Jean –el interventor de facto en la provincia de Buenos Aires– y estuvo en el cargo hasta mayo de 1984. En febrero de 1984, Cortiñas y Nelva Falcone lo habían denunciado públicamente como uno de los magistrados que impidió la identificación de los desaparecidos y habían pedido que no siguiera en su cargo.

“Como magistrado a cargo de toda la investigación tenía el mapa completo de todo lo que estaba ocurriendo –escribió Bava sobre la responsabilidad de Facio–. Sabía de la existencia de catorce cuerpos arrojados por el mar en idénticas condiciones; sabía que presentaban lesiones que se correspondían con los vuelos de la muerte; había sido puesto en advertencia por Madres de Plaza de Mayo que entre esos cuerpos podían estar sus hijos, víctimas de la dictadura militar; un juez que lo suplió durante un mes advirtió todo esto y dio lugar al Habeas Corpus y al reconocimiento de los cadáveres; y, en todo ese contexto, el imputado hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir ese reconocimiento y para cerrar las investigaciones a fin de que no se investiguen los asesinatos ni sus autores”.

El hallazgo de cuerpos 

La investigación de Bava se ciñó a lo sucedido con los restos de catorce personas que habían aparecido entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 en las costas del actual Partido de la Costa, Pinamar y Villa Gesell. En democracia, diez de esos cuerpos pudieron ser identificados gracias a los esfuerzos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Esos fueron los casos de Cristina Magda Carreño Araya, Isidoro Oscar Peña, Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, María Cristina Pérez, Carlos Antonio Pacino, Santiago Villanueva y Omar Rodolfo Farías. Cuatro de ellos habían estado secuestrados en el circuito conocido como Atlético-Banco-Olimpo, según consignó Bava en su fallo.

Según un informe del EAAF citado por Bava, los vuelos de la muerte fueron empleados como metodología para la eliminación de personas que estaban cautivas en centros clandestinos de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires.  Sin embargo, como en estos casos, se produjeron hallazgos que permitieron reconstruir lo sucedido con determinadas víctimas del accionar represivo. "Como una marea de verdad sobre la costa atlántica argentina; como una herida abierta; como un cabo suelto en el plan perfectamente diseñado --escribió Bava--. Así, pese a todos los intentos de negar la muerte, la muerte se la ingenió para aparecer y gritarle a toda la sociedad que allí estaba. Lo indecible, lo indeseable. Allí estaba toda la verdad que se intentó ocultar, aquella verdad que intentaba ocultar los dichos cínicos de (Jorge Rafael) Videla".

Los tribunales argentinos ya acreditaron que la Armada usó los vuelos de la muerte para deshacerse del grupo de militantes secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz --entre quienes se encontraban tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet-- y también lo hizo el Ejército para eliminar a quienes estaban secuestrados en Campo de Mayo.

"En este caso, el procesamiento demuestra la participación necesaria de gran parte de funcionarios judiciales y del campo de la medicina en el sistema nacional de represión", evaluó el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense Matías Moreno.