La jueza federal subrogante Silvina Domínguez dictó el procesamiento sobre cuatro de las siete mujeres mapuches que fueron detenidas a principios de octubre, durante el desalojo de los predios usurpados en Villa Mascardi. Asimismo, sobreseyó a otras dos y ordenó la detención de los varones que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu, quienes están prófugos desde el día del desalojo.

Uno de los mapuches sobre el que ahora pesa una orden de detención es Matías Santana, conocido como el hombre de los binoculares, quien fue fotografiado por Infobae horas más tarde de la detención de las mujeres, cuando reclamaba por su liberación.

La magistrada procesó a la machi Betiana Colhuan, Martha Jaramillo y Romina Rosas como coautoras del delito de usurpación por despojo del ex Hotel IOS y del complejo La Escondida, perteneciente a un privado, y las embargó por 10 millones de pesos. Además procesó a María Celeste Ardaiz, por su presunta participación solo en el atentado que sufrió la última propiedad mencionada y trabó el embargo por 5 millones de pesos. Las cuatro mujeres gozan del beneficio de prisión domiciliaria y seguirán bajo ese régimen, por ser madres de niños menores de cuatro años.

Otras dos mujeres que estaban detenidas en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Florencia Melo y Débora Vera, fueron sobreseídas y recuperarán la libertad en las próximas horas.

La séptima detenida, Andrea Despo, había sido liberada una semana después del desalojo debido a que los investigadores determinaron que no pertenecía a la comunidad mapuche y que había asistido horas antes de su detención para ser tratada por la machi del lugar. La mujer, que ejerce la docencia en la provincia de Chubut, recuperó su libertad y se acopló a distintas manifestaciones públicas para exigir la liberación de las otras mujeres.

Las siete mujeres habían sido detenidas el 4 de octubre pasado, cuando la Policía Federal Argentina ingresó a los predios ocupados para cumplir con la manda de la jueza Silvina Domínguez de desalojarlos y también identificar y detener a sus ocupantes. Los niños fueron entregados a los familiares que identificó la SENAF, mientras que las mujeres quedaron detenidas en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el aeropuerto de Bariloche.

Sin embargo, los varones huyeron hacia la parte montañosa y los uniformados solo tomaron contacto con las siete mujeres y cinco menores, que fueron trasladados al centro de la ciudad.

La medida que adoptó la jueza tuvo relación con el ataque incendiario ocurrido el 25 de septiembre, que incluyó disparos con armas de fuego a la casilla que Gendarmería Nacional había instalado en el predio Los Radales para evitar que el lugar sea usurpado por los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Ahora ordenó la acumulación de distintas causas ocurridas en el mismo paraje “por razones de conexidad”.

El pedido de detención de los varones

Domínguez dispuso el 13 de octubre pasado la detención de los integrantes de la agrupación Lafken Winkul Mapu, quienes permanecen en la clandestinidad desde el momento en el que se ejecutó la orden de desalojo.

La imagen de Santana cuando reclamaba por la libertad de las mujeres llamó la atención de los investigadores debido a que es uno de los integrantes de la agrupación. Esa fue su última aparición pública. En uno de los allanamientos que realizó la Policía Federal Argentina, antes de la demolición de las viviendas que habían construido los mapuches, fue hallado el DNI de Santana, por lo que su pertenencia a la comunidad está acreditada.

La orden de detención recayó además en los hermanos Cristian y Juan Pablo Colhuan, Lucas Vera, Ariel Quiroga y Yéssica Bonnefoi, la mujer para quien la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, solicitó excepciones para poder circular durante la pandemia