La Corte Suprema de Justicia con la firma de todos sus integrantes resolvió que sea la Cámara Nacional Electoral (CNE) la que se pronuncie primero respecto a un conflicto de competencia que se suscitó entre la justicia provincial de Entre Ríos y la justicia federal con competencia en la materia. Se trata del expediente que investigó una maniobra desarrollada a lo largo de los años para falsear contratos en la Legislatura local y que, se presume, habría sido una forma ilegal de financiar a los partidos políticos y campañas proselitistas. En el medio, ese caso quedó atravesado por pulseadas entre el PJ y la oposición para que se apure un juicio oral, lo que derivó en tensiones que impactaron dentro el propio Poder Judicial, cuyas decisiones también terminaron enfrentadas y atravesadas por escándalos.

En tan solo una carilla y con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte resolvió en su acuerdo que como es su doctrina que “cuando se encuentren pendientes de resolución apelaciones interpuestas, corresponde con carácter previo a determinar la competencia, que se resuelvan los recursos deducidos”. Como el Juzgado Federal N1 de Paraná a cargo de Edgardo Alonso (con facultades para investigar cuestiones electorales) reclamó para sí la competencia, la cuestión quedó en disputa con el Juzgado de Garantías N1 también de Paraná pero dentro de la órbita de la justicia local. Hubo sendas apelaciones que terminaron en el Superior Tribunal de Entre Ríos y luego en la Corte que reclamó el expediente para analizar, pero también por la vía de la justicia electoral para que la Cámara se pronuncie.

Lo que acaba de resolver la Corte es que si ese tribunal considera que la cuestión investigada tiene relación con el financiamiento irregular de partidos políticos, el caso terminaría nuevamente en el máximo Tribunal para que defina su destino final. De hecho, el año pasado, la CNE inauguró como parte de las reformas introducidas a la ley de financiamiento de partidos políticos una secretaría penal dentro de su órbita, destinada a ser el tribunal de alzada de cualquier delito que conlleve pena privativa de la libertad, más allá de violaciones al Código Electoral. Un dato: la Corte coincidió en esta postura con la Procuración General a cargo de Eduardo Casal.

La denominada “causa de los contratos” cuenta con todo tipo de aditamentos que han sacudido a la política en Entre Ríos pero también a la justicia. El 19 de noviembre de 2021 la Corte debió insistirle a la jueza local Marina Barbagelata para que le remita el expediente original “Beckman, Flavia Marcela; Scialocomo, Esteban; Álvarez, María Victoria s / estafa”, algo que había pedido ya un mes antes. La inédita resistencia de la magistrada a acatar la orden del máximo tribunal del país se debió a que se intentaba acelerar a todo vapor la elevación a juicio por considerarlo jurisdicción provincial pero también calculando su impacto contra el exgobernador entrerriano Sergio Uribarri.

Cuando la Corte intervino, las defensas reclamaron la suspensión de todo el proceso porque la competencia ingresaba en un cono de sombra pese a la intención del poder judicial local. Esa cuestión también terminó enredada en apelaciones hasta que el STJER lo declaró abstracto porque consideró obvio que si la Corte Suprema le reclamaba el expediente, la jueza local ya había perdido jurisdicción. Barbagelata hizo un nuevo intento para seguir con el juicio de todas maneras, pero todo quedó suspendido.

Barbagelatta era allegada de la destituida fiscal Cecilia Goyeneche, quien precisamente investigó esta causa por contratos irregulares entre 2008 y 2018 pero quedó salpicada por sus propios hallazgos, al descubrirse que ocultó y evitó apartarse del caso cuando resultó imputado alguien con quien compartía negocios inmobiliarios. Y que era, además, allegado a su esposo en un estudio contable que, se presume ahora, se encargaba de realizar inversiones con el dinero producido en el desfalco de los contratos.

La Corte intervino de urgencia para que el proceso de juicio político tuviese las garantías de defensa pero las irregularidades le terminaron costando el puesto a Goyeneche que intentó -con apoyo de Juntos por el Cambio- que la Corte la repusiese en el cargo. No lo consiguió.