El ex gobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado en 2022 a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, y con dos procesos más abiertos -por supuesto pago de coimas de parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, a través de su empresa Relevamiento Catastrales SA, en la que tiene pedido de 10 años de prisión, y por enriquecimiento, con solicitud de una pena de 6 años y 6 meses- presentó una denuncia por mal desempeño e incumplimiento de los deberes contra el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Urribarri pidió que se suspenda al Procurador en su función, que se abra causa por “falta de idoneidad, mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de su cargo”, y se proceda a su destitución. Lo hizo a través de su abogado defensor, Fernando Burlando, que fijó domicilio legal en Paraná, en Corrientes al 100.

La presentación del planteo de enjuiciamiento contra el jefe de los fiscales se realizó este mediodía de viernes, ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría.

En el escrito, Urribarri sostiene que “existen graves indicios que ponen en evidencia serias irregularidades desplegadas desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal hasta magistrados del Tribunal de Casación de la Provincia, contrarias al juramento”.

La primera “irregularidad es la violación de las previsiones del artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos ya que accede a su primer cargo jerárquico en la Administración de Justicia como secretario en el año 1989, en pleno proceso militar, en los años calientes de las violaciones de los DDHH y obviamente jurando y coincidiendo con el Proceso Militar”.

También le reprocha “abuso de autoridad” y “violencia institucional”, y señala que el Procurador llevó adelante “maniobras que encubrieron una intención política judicial de represión y persecución a través de actos aparentemente jurisdiccionales derivado de haber concentrado todo el poder conferido por la Constitución Nacional y de la Provincia de Entre Ríos, mientras que puntualmente los funcionarios indicados se conformaron bajo la figura a la que podría denominarse como ´operadores judiciales´ cuyos integrantes estarían actuando al margen de la ley y dedicados al ´armado de causas´ y a la persecución política de mi persona, como exgobernador de esta provincia”.

“Puntualmente el Sr. Procurador de la Provincia de Entre Ríos, así como la destituida fiscal Cecilia Andrea Goyeneche con la colaboración necesaria del periodista Daniel Enz (titular del portal de noticias Análisis Digital) lograron a través del entramado que se denuncia el aparente resultado legítimo –sentencia judicial condenatoria- con el que, finalmente, me sometieron políticamente”, dice el escrito.

Dice Urribarri que García apartó a todo el Ministerio Público Fiscal y solo concentró en “dos fiscales” la investigación de las causas por corrupción, y de ahí las “graves irregularidades” que denuncia, que así dejó “la libertad y el honor de toda la clase dirigente de este Estado provincial a merced de una sola persona: el Sr. Procurador General”.

Dice que se iniciaron “más de tres decenas de causas penales con ese “modus operandi”.

En esa operatoria involucra a la pareja del Procurador, la vocal de Casación Marcela Badano, a su amiga, la otra vocal de esa Cámara Marcela Davite, a su vez, señala, “cuñada del juez del presidente del tribunal, José María Chemez, que me condenó”.

En la Procuración, sin embargo, entienden que el jury no es el procedimiento adecuado para apartar al Procurador sino que el mecanismo idóneo es el juicio político y la denuncia ante la Legislatura.

Eso fue lo que decidió la anterior conformación del Jurado de Enjuiciamiento cuando la ex Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche y el Procurador García fueron denunciados por mal desempeño. El procesos siguió contra Goyeneche, y acabó en su destitución, pero contra García se declaró incompetente.

(Entre Ríos Ahora)