
La Corte Suprema cierra el caso Ilarraz por prescripción: el cura había sido condenado por abuso de menores
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
Es por el conflicto de competencia entre la justicia de Entre Ríos y la que investiga delitos vinculados al financiamiento irregular de partidos políticos. El caso generó enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición pero también suscito un escándalo dentro del Poder Judicial.
Judiciales24/08/2022La Corte Suprema de Justicia con la firma de todos sus integrantes resolvió que sea la Cámara Nacional Electoral (CNE) la que se pronuncie primero respecto a un conflicto de competencia que se suscitó entre la justicia provincial de Entre Ríos y la justicia federal con competencia en la materia. Se trata del expediente que investigó una maniobra desarrollada a lo largo de los años para falsear contratos en la Legislatura local y que, se presume, habría sido una forma ilegal de financiar a los partidos políticos y campañas proselitistas. En el medio, ese caso quedó atravesado por pulseadas entre el PJ y la oposición para que se apure un juicio oral, lo que derivó en tensiones que impactaron dentro el propio Poder Judicial, cuyas decisiones también terminaron enfrentadas y atravesadas por escándalos.
En tan solo una carilla y con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte resolvió en su acuerdo que como es su doctrina que “cuando se encuentren pendientes de resolución apelaciones interpuestas, corresponde con carácter previo a determinar la competencia, que se resuelvan los recursos deducidos”. Como el Juzgado Federal N1 de Paraná a cargo de Edgardo Alonso (con facultades para investigar cuestiones electorales) reclamó para sí la competencia, la cuestión quedó en disputa con el Juzgado de Garantías N1 también de Paraná pero dentro de la órbita de la justicia local. Hubo sendas apelaciones que terminaron en el Superior Tribunal de Entre Ríos y luego en la Corte que reclamó el expediente para analizar, pero también por la vía de la justicia electoral para que la Cámara se pronuncie.
Lo que acaba de resolver la Corte es que si ese tribunal considera que la cuestión investigada tiene relación con el financiamiento irregular de partidos políticos, el caso terminaría nuevamente en el máximo Tribunal para que defina su destino final. De hecho, el año pasado, la CNE inauguró como parte de las reformas introducidas a la ley de financiamiento de partidos políticos una secretaría penal dentro de su órbita, destinada a ser el tribunal de alzada de cualquier delito que conlleve pena privativa de la libertad, más allá de violaciones al Código Electoral. Un dato: la Corte coincidió en esta postura con la Procuración General a cargo de Eduardo Casal.
La denominada “causa de los contratos” cuenta con todo tipo de aditamentos que han sacudido a la política en Entre Ríos pero también a la justicia. El 19 de noviembre de 2021 la Corte debió insistirle a la jueza local Marina Barbagelata para que le remita el expediente original “Beckman, Flavia Marcela; Scialocomo, Esteban; Álvarez, María Victoria s / estafa”, algo que había pedido ya un mes antes. La inédita resistencia de la magistrada a acatar la orden del máximo tribunal del país se debió a que se intentaba acelerar a todo vapor la elevación a juicio por considerarlo jurisdicción provincial pero también calculando su impacto contra el exgobernador entrerriano Sergio Uribarri.
Cuando la Corte intervino, las defensas reclamaron la suspensión de todo el proceso porque la competencia ingresaba en un cono de sombra pese a la intención del poder judicial local. Esa cuestión también terminó enredada en apelaciones hasta que el STJER lo declaró abstracto porque consideró obvio que si la Corte Suprema le reclamaba el expediente, la jueza local ya había perdido jurisdicción. Barbagelata hizo un nuevo intento para seguir con el juicio de todas maneras, pero todo quedó suspendido.
Barbagelatta era allegada de la destituida fiscal Cecilia Goyeneche, quien precisamente investigó esta causa por contratos irregulares entre 2008 y 2018 pero quedó salpicada por sus propios hallazgos, al descubrirse que ocultó y evitó apartarse del caso cuando resultó imputado alguien con quien compartía negocios inmobiliarios. Y que era, además, allegado a su esposo en un estudio contable que, se presume ahora, se encargaba de realizar inversiones con el dinero producido en el desfalco de los contratos.
La Corte intervino de urgencia para que el proceso de juicio político tuviese las garantías de defensa pero las irregularidades le terminaron costando el puesto a Goyeneche que intentó -con apoyo de Juntos por el Cambio- que la Corte la repusiese en el cargo. No lo consiguió.
Los magistrados determinaron que los delitos en cuestión excedían a los 12 años de cometidos.
El viernes 20 de junio se cumplio un año del trágico choque frontal en la Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 223, que dejó un saldo devastador: cuatro jóvenes trabajadores muertos en el acto. El responsable del otro vehículo implicado en el siniestro fue Juan Ruiz Orrico, funcionario del gobierno provincial de Rogelio Frigerio y dirigente histórico del PRO. A pesar de haberse comprobado que manejaba con alcohol en sangre, Orrico continúa en libertad, sin restricciones, ni fecha de juicio confirmada. Las familias, en cambio, apenas si logran sostenerse entre el dolor, el reclamo incansable y la indiferencia judicial.
En la audiencia para obtener la aprobación constitucional del Senado de Entre Ríos, el actual fiscal interino, Martín Nuñez, dijo que cada fiscal tiene en tratamiento un promedio de 1.000 causas y que esto trae stress a los encargados de manejarlas, exponiendo ante los senadores que "se necesitan más fiscales en Concordia."
Germán Davico pudo ser intendente de Gualeguaychú en 2023 por un fallo del Tribunal Electoral de la provincia que quedó jaqueado porque la Procuración General se expidió por admitir la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la candidatura del referente de Nueva Generación, que fue electo intendente. El duro pronunciamiento sostuvo que hubo “una interpretación sesgada, equivocada de la manda constitucional que le ha hecho decir a la norma principal aquello que no dice”.
Se trata de la fiscal interina, Josefina Beherán, aspirante a titularizar en Gualeguay. Se alegó la ausencia de acceso constitucional válido al cargo; su actuación deficiente y selectiva en causas de corrupción policial y narcotráfico; y la violación del principio de objetividad y legalidad en su ejercicio actual del cargo. Se indicó que archivó una causa por robos en la que luego se probó que los autores eran los policías encargados de investigarlos, algo que la fiscal no advirtió ni denunció.
No hay estabilización a los 12 metros, la realidad superó a los pronósticos y ahora se pronostica para mañana martes 1 de julio, la cota en el Puerto de Concordia a 12,40, mientras sube la cota de la represa a 35,50 para contener la masa hídrica que baja del norte.
La Selección Argentina de Talla Baja regresará a Concordia para su última etapa de preparación rumbo a la Copa América 2025, en Paraguay.
La agencia de Lotería de Calabacilla, zona ubicada entre Puerto Yeruá y el Peaje de la Ruta 14, en el Municipio de Estancia Grande, Departamento Concordia, vendió una de las boletas ganadoras del sorteo del Quini 6 de este domingo 29 de junio. El apostador o apostadora afortunado o afortunada ganó casi 800 millones de pesos.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
Mientras el agua avanza con la fuerza implacable del río, lo único que retrocede es la presencia del Estado. Vecinos del barrio María Goretti, en Concordia, sobreviven en una situación límite: no solo tienen parte del barrio anegado por la creciente, sino que también fueron privados del suministro eléctrico por una medida preventiva dispuesta por la Cooperativa Eléctrica que, en lugar de ser acompañada por asistencia, los dejó completamente desamparados.