Nunca en historia reciente se había visto una crisis tan fuerte en los tribunales entrerrianos, y no pocos creen que las tensiones seguirán escalando.

Un nuevo episodio en esa tensión creciente se produjo a partir de la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de desalojar al procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, de su despacho en el edificio de tribunales a partir del 31 de agosto.

La medida aparece enmarcada en una restructuración de las estructuras judiciales, a raíz del elevado costo de los alquileres que paga el Poder Judicial, pero no puede verse sino como un nuevo round en la guerra abierta a partir del proceso que terminó con la destitución de Cecilia Goyeneche.

En lo formal, en la reunión de acuerdo celebrada el 2 de agosto pasado, el STJ dispuso hacerle saber al jefe de los fiscales que deberá desocupar todas las oficinas que ocupa en el palacio de tribunales, esto es, las instalaciones de la Procuración General, donde García tiene su despacho; las dependencias de la Unidad de Atención Primaria y a la Sub-unidad de Niños y Adolescentes, que funcionan en el ala de calle Córdoba; y cualquier otra dependencia del Ministerio Público Fiscal.

Esas oficinas, de acuerdo a lo previsto por el alto cuerpo, serán ocupadas por los dos Juzgados de Paz de Paraná, el Turno Voluntario y una sala de audiencias para el fuero laboral, que actualmente funcionan en propiedades alquiladas y, según se indicó, a la fecha no se cuenta con presupuesto para renovar los contratos.

En la acordada se indicó que la medida fue dispuesta en el marco de un trabajo de planificación encargado a la Dirección de Arquitectura Judicial para la distribución de los organismos judiciales.

El informe destaca que en los primeros siete meses del año se ha ejecutado el 56,65 por ciento de la partida presupuestaria correspondiente a los alquileres y que “teniendo en cuenta los porcentajes de incremento que se vienen negociando en los cánones locativos de los contratos a vencer (o nuevas renovaciones), la proyección del crédito disponible hacia el cierre de ejercicio resultaría insuficiente”. De hecho, sostiene que “ya ha sido necesario tramitar un refuerzo presupuestario, el cual fue otorgado”.

Según un informe de la revista X-Más, el año pasado el Poder Judicial alquilaba 63 inmuebles en todo el territorio provincial; de los cuales 13 se ubicaban en Paraná. El costo total de esas locaciones ascendía a 3.747.027 pesos.

0tro dato que aportaba el informe era que desde 2015 había bajado sensiblemente la cantidad de alquileres en toda la provincia, debido a que el STJ ha concretado una política de construcción de edificios propios, con fondos específicos a ese fin asignados en la tasa de justicia. Sin embargo, el actual contexto económico, dice el STJ ahora, ha hecho que el resto de las partidas presupuestarias registren una ejecución en promedio superior a lo que se asigna a los alquiles, por lo que tampoco podrían hacerse transferencias compensatorias de créditos que aseguren un equilibrio presupuestario.

Lo cierto es que de la propia acordada del STJ surge un dato que no puede sino inscribirse en esta suerte de guerra abierta y en escalada que mantiene con el Ministerio Público Fiscal: no establece plazos para la devolución de ninguna de las oficinas que ocupa actualmente la Defensoría General en el edificio de tribunales. Raro. O no.

Así las cosas, el procurador García debería “desocupar” su oficina en el segundo piso del palacio tribunalicio antes del 31 de agosto; y ahora solo resta esperar cómo escala un conflicto que, a esta altura, está lejos de lo que debe ser la administración de justicia.

(Informe de Juan Cruz Varela, Página Judicial)