En el año 2019, el Presidente de la República Oriental del Uruguay firmó el decreto que hace referencia a la situación de la actividad pesquera en la zona de la represa de Salto Grande, la misma indica que a partir de los 1.000 metros aguas abajo de la represa hasta el Puerto de Salto, será reservado plenamente para la pesca deportiva.

Dice la nota que es necesario establecer medidas de ordenamiento de las actividades de pesca artesanal y deportiva o recreativa. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), regulará la pesca deportiva en el área de reserva, lo que incluirá tipos de artes, cantidad de piezas y tallas de retención permitidas y demás medidas tendientes a la devolución en condiciones saludables a las piezas. El decreto dice que dentro de un año no podrán pescar de la misma manera que lo vienen haciendo hasta ahora.

Entrevistado el presidente del sindicato Ismael Sequeira dijo que aún esperan la instalación de una mesa de negociación para tatar el tema del decreto, indicó que reiteradamente se posterga esta herramienta que servirá para saber en qué situación quedarán los pescadores artesanales.

En reiteradas oportunidades los pescadores manifestaron que el decreto no tiene justificativo, al entender de los trabajadores de la pesca, hay situaciones que se deben tener en cuenta como por ejemplo asegurarse que la pesca artesanal comercial es tan depredadora como se dice. 

Denuncian que la idea es dejarle el privilegio a la pesca deportiva, lo cual no absorberá ni siquiera el 20% de los trabajadores que ejercen su actividad en ese lugar.

Declaración jurada a cada pescador

El decreto que firmó el presidente encomienda a que se forme una mesa de negociación y de buscar las mejores salidas para aplicar la nueva normativa, en la que tienen que participar cuatro ministerios, que son el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el de Turismo y el Ministerio de Ganadería.

Cuando se movilizaron los trabajadores fue para pedir que se conforme la mesa de negociación y que se incluyera a la intendencia de Salto y el Ministerio de Defensa por parte de Prefectura que en definitiva son los que van a tener que controlar lo que se decrete.

En el año 2019 hubo una reunión de la DINARA donde se entrevistó a cada pescador en forma individual buscando encontrar alguna solución, los trabajadores de la pesca manifestaron en aquella oportunidad que, si se pretende reservar los recursos, debería hacerse algún tipo de declaración jurada en el cual cada pescador pueda comprobar que su único medio de vida es la pesca.

Pero, hasta ahora, no hay solución alguna y el decreto es letra muerta. (Con información de diario “Cambio”).