El presidente del Perú, Pedro Castillo, fue doblegado por las protestas y aunque dio marcha atrás con el toque de queda, su obligado camino es volverse a su casa. Fracasó y no le queda otra que renunciar.

Castillo eliminó el martes el decreto de emergencia que había suspendido algunas libertades civiles en Lima, la capital. Mientras tanto, su gobierno, que se encuentra cada vez más aislado, tenía dificultades para apaciguar una serie de protestas a causa del aumento de precios de combustible, alimentos y fertilizantes que ha afectado al país en días recientes.

Castillo había anunciado el toque de queda un poco antes de la medianoche del lunes, en un mensaje televisado que sorprendió a muchos en la capital, que tiene casi 10 millones de habitantes, y que desencadenó críticas de muchos sectores de la sociedad peruana. Al emitir las restricciones, citó la violencia reciente y exigió que los residentes de Lima y la ciudad portuaria vecina de Callao permanecieran en sus hogares durante aproximadamente 24 horas.

El presidente tuvo que dar marcha atrás el martes, mientras manifestantes vestidos con las camisetas rojiblancas de la selección nacional de fútbol que ondeaban banderas de Perú desafiaron el mandato de no salir y se congregaron en el centro de Lima para exigir su renuncia, cuando Castillo entablaba conversaciones con los legisladores. Los manifestantes celebraron fuera del Congreso luego de que el descontento generalizado lo llevara a reconsiderar la medida.

“El Perú no está pasando por un buen momento”, dijo Castillo después de levantar el toque de queda. Agregó que su gobierno había tenido que actuar: “estamos trasladándonos al despacho para rubricar y dejar sin efecto esta medida de inamovilidad”.

Al atardecer continuaban los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía; los agentes lanzaron gases lacrimógenos y la gente les arrojaba piedras.

La orden había entrado en vigor solo dos horas después del anuncio televisado de Castillo, lo que desconcertó a un país en el que muchas personas han ido perdiendo la confianza en el gobierno luego de que, en los últimos años, una seguidilla de escándalos de corrupción, rencillas políticas e inestabilidad han obligado a tres presidentes a abandonar el cargo y mandado a varios exmandatarios y políticos a prisión.

De inmediato, la medida había sido calificada como desproporcionada y autoritaria por abogados de derechos humanos, activistas y críticos del gobierno; los analistas dijeron que revela la creciente paranoia de la gestión de Castillo, que tras ocho meses en el cargo ha gobernado de manera errática y perdido apoyo en todos los sectores políticos.

Eduardo Dargent, un politólogo en Lima, dijo que se trataba de “una medida defensiva de un gobierno débil, de un gobierno torpe, de un gobierno que se ha debilitado”.

La Defensoría del Pueblo, una agencia del Estado que defiende los derechos humanos, así como representantes de distintos partidos políticos, grupos de derechos humanos y asociaciones empresariales habían hecho llamados a Castillo para que revirtiera la medida. El martes por la tarde, al menos cientos de manifestantes desafiaron el toque de queda y se reunieron en el centro para protestar y pedir la renuncia de Castillo.

El lunes se cumplieron dos semanas de las protestas que en un inicio eran contra el alza en los precios de combustible y fertilizantes, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, y que se han convertido en amplias manifestaciones antigubernamentales en varias regiones del país. Se han registrado al menos cuatro fallecimientos relacionados con la agitación.

Si bien la mayor parte de la violencia de los días recientes había sucedido fuera de la capital, un ministro del gabinete de Castillo indicó el martes que la decisión de imponer toque de queda en Lima estaba fundamentada en información proporcionada por Jorge Montoya, un congresista de extrema derecha y oficial retirado de la Marina que recién la semana pasada apoyaba el segundo intento fallido de iniciar un juicio político para destituir al presidente.

El martes, Montoya le dijo a la prensa que tenía conocimiento de informes de inteligencia que indicaban que la gente planeaba “bajar de los cerros” para saquear Lima, una declaración que hacía eco de una teoría de la conspiración en la capital que se aprovecha de los discursos racistas sobre los peruanos de los Andes.

Residentes de algunas zonas de la capital golpearon cacerolas como protesta a la medida el martes. Las calles de la capital lucían en buena medida vacías en la mañana, según las imágenes emitidas en los noticieros televisivos. El transporte público y las escuelas estaban cerradas y la policía había instalado puestos de revisión para restringir el tránsito.

Juan López, un recepcionista de un edificio en Lima que tiene 27 años, no se enteró de la medida sino hasta la mañana del martes. “Todo estaba desolado”, dijo.

“Hay tantas cosas que prometió y al final no hizo nada. Es una decepción”, dijo López de Castillo. Para él, el estado de emergencia parecía ser “una provocación”, comentó. “Creo que la gente se va a levantar”.

Castillo, un ex activista sindical de extracción campesina que en 2017 lideró un paro de maestros que duró dos meses y paralizó las escuelas, anunció el decreto la víspera del trigésimo aniversario del “autogolpe” de Alberto Fujimori, el día en que el líder ordenó que el ejército tomara el control del Congreso y los juzgados y que marca el inicio de su régimen autoritario.

Como Fujimori, Castillo fue electo democráticamente con una plataforma populista, impulsado por una ola de descontento contra la clase gobernante tras años de crisis políticas y económicas. En la elección del año pasado derrotó por un estrecho margen a la hija de Fujimori, quien ha pasado a encarnar a la élite política.

En sus primeros ocho meses en el cargo, Castillo ha ido agotando su capital político y se ha hundido en las encuestas de aceptación mientras zigzaguea de izquierda a derecha, tropezando de escándalo en escándalo y haciendo una serie de nombramientos controversiales al tiempo que fracasa en proponer reformas significativas.

Hasta ahora ha sobrevivido a dos juicios políticos y enfrenta cada vez más acusaciones de corrupción que los analistas dicen que casi con certeza ocasionarán que se le investigue formalmente por actividades criminales una vez que termine su mandato y el fuero presidencial.

“Mientras continúa esta suerte de incompetencia e inutilidad, la tentación autoritaria crece, y de ahí es de donde yo creo que viene esto”, dijo Jo-Marie Burt, una profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad George Mason que vivió en Lima durante el sangriento conflicto interno de los años ochenta, cuando el gobierno combatía a las insurgencias izquierdistas y los toques de queda nocturnos eran rutinarios.