Megajuicio: este lunes Fiscalía solicitará las penas a Urribarri y sus funcionarios
Este lunes arrancan los alegatos de clausura en el megajuicio que se sustancia desde el 27 de septiembre al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri. Se conocerán qué penas para los imputados solicitará el Ministerio Público Fiscal al Tribunal.
Durante lunes y martes -es el cronograma inicial- los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull desarrollarán la tesis acusatoria en las tres grandes causas de corrupción que sentaron a Urrubarri en el banquillo de los acusados, junto a dos exministros, Pedro Baez, de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, de Turismo; su cuñado Juan Pablo Aguilera, amigos, parientes y empresarios.
Al juicio llegaron 15 imputados, aunque el empresario publicitario Hugo Montañana adujo problemas de salud y será juzgado en forma separada. También en medio de los debates ocurrió el fallecimiento de Hugo Félix Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa Mercosur.
Serán 13 los imputados en el inicio de los alegatos de clausura: Sergio Urribarri, Pedro Báez, Hugo Marsó, de Turismo; el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera; su esposa, Luciana Almada, y el hermano de ella, Alejandro Almada; la contadora Corina Cargnel; los empresarios Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, fundadores de "Cinco Tipos", "Tep SRL" y "Next SRL"; el armador del pelotero en Mar del Plata, Gerardo Caruso, un empleado del Estado, Gustavo Tamay; el empresario Germán Buffa; y el excontador de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul.
El tribunal está compuesto por los jueces Elvio Garzón, Carolina Castagno y José María Chemez.
En el Megajuicio conocido como "Sueño Entrerriano" se unificaron tres causas: la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur - Paraná 2014, por un monto de $27 millones; y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.
La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la campaña presidencial de Urribarri pero las alternativas del juicio demostró que nada de eso pudo probarse y que todo queda en la subjetiva óptica de los fiscales por cuanto las acciones de gobierno no pueden ser penadas, lo contrario sería que toda acción de un gobernante electo sea puesta en tela de juicio por la justicia y se llegaría a un intríngulis legal de que los gobernantes tendrían atadas las manos para ejercer el poder que la voluntad popular depositó en ellos, por temor a ser objeto a futuras investigaciones penales y esto significaría la paralización del gobierno.