Cels y familiares de víctimas pidieron condenas y revocación de domiciliarias a represores
Los alegatos de las querellas en la megacausa de Campo de Mayo, que busca justicia en nombre de 323 víctimas de crímenes de lesa humanidad, se completaron esta semana previo al inicio de la feria judicial, donde representantes de familiares y víctimas así como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), solicitaron condena para los imputados y revocación de las prisiones domiciliarias.
Desde el Cels -que interviene como querellante institucional por el caso de siete trabajadores de Mercedes Benz Argentina- indicaron que "solicitamos la condena de los imputados Santiago Omar Riveros a 25 años de prisión, Eugenio Guañabens Perelló a 21 años, Carlos Eduardo José Somoza a 25 años, Hugo Miguel Castagno Monge a 25 años y Carlos Francisco Villanova 25 años" de cárcel".
Riveros era el jefe del Comando de Institutos Militares, de la Zona IV, donde ocurrieron los hechos y del centro clandestino de detención, tortura y exterminio a donde fueron llevadas las víctimas.
Guañabens Perelló era el director de la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos" del Ejército y jefe del área 470 lugar donde se realizó el secuestro de Fernando Del Contte.
Castagno Monge era oficial de Gendarmería y jefe responsable de las guardias que custodiaban a los secuestrados.
Somoza era un agente civil de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 encargado de los interrogatorios bajo tormentos de las personas secuestradas, lo mismo que Villanova, que era un auxiliar de inteligencia de la Policía Federal Argentina en comisión en el Batallón de Inteligencia 601 y destinado a Campo de Mayo.
Los voceros del Cels añadieron que también "solicitamos que se exhorte a Mercedes Benz Argentina a que permita erigir, dentro de sus instalaciones, un monumento recordatorio de los hechos sufridos por los trabajadores de la empresa durante la vigencia del terrorismo de Estado".
El alegato de Pablo Llonto en nombre de los familiares
En tanto, el abogado Pablo Llonto, en su alegato brindado esta semana en representación de familiares y víctimas, también pidió la "condena y revocación de domiciliarias" de los 22 imputados.
En la causa se investiga el accionar contra 323 personas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 9 padres de niñas y niños apropiados. El juicio se sigue en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por los jueces Silvina Mayorga, Daniel Omar Gutiérrez y Nada Flores Vega. Allí son juzgados 22 imputados, entre ellos el exgeneral Riveros, que se encuentra con prisión domiciliaria.
Llonto expresó en su alegato que "acusamos y pedimos la condena de todos los imputados así como revocar las domiciliarias". Respecto de esto último, precisó: "Solicitamos la revocación para que no sintamos, al final del juicio, la vergüenza de llegar con el exgeneral Riveros disfrutando sonriente, y quizás con una bebida en la mano, en su lujoso piso de Belgrano, sintiendo que la justicia le importa un bledo", definió.
La referencia fue utilizada para sostener las acusaciones, y afirmó que "si de algo se arrepienten los acusados es necesario que digan lo que hicieron, y donde están los restos (de los desaparecidos) y los bebés que buscamos" dijo.