Fiscales suizos cierran caso de corrupción contra Juan Carlos, rey emérito de España
En un comunicado, la fiscalía de Ginebra indicó este lunes 13 de diciembre de 2021 que la instrucción "no permitió establecer de manera suficiente un vínculo entre el monto recibido de Arabia Saudita y la conclusión de contratos sobre la construcción de un tren de alta velocidad" entre La Meca y Medina, en 2011.
Intención de encubrimiento
En el auto, el Ministerio Público ordena la "clasificación parcial" del procedimiento abierto en 2018. No obstante, la Fiscalía sí reconoció un "deseo de encubrimiento" en torno a esta donación, por el uso de una fundación y de empresas intermediarias, o la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias.
También encuentra esa intención de encubrimiento en las "supuestas donaciones sucesivas", primero desde el Rey de Arabia Saudí a Juan Carlos I y luego desde este último a favor de su antigua amiga íntima Corinna Larsen.
La Fiscalía ginebrina abrió una investigación por presunto blanqueo de dinero el 6 de agosto de 2018, a raíz de la publicación en la prensa de artículos en los que se indicaba que Juan Carlos I podría haber ocultado en cuentas bancarias de Suiza dinero recibido en comisiones ilegales ligadas a la obtención de un contrato para que empresas españolas construyeran el tren La Meca-Medina.
La instrucción confirmó que Juan Carlos I había recibido el 8 de agosto de 2008 un total de 100 millones de dólares en una cuenta a nombre de la Fundación Lucum, abierta por el grupo bancario Mirabaud, con sede en Ginebra.
En las investigaciones también se identificaron otros tres pagos a Corinna Larsen por un monto total de casi 9 millones de dólares, procedentes de Kuwait y Baréin.
Multa por falta de documentación
"Todas estas transferencias no fueron suficientemente documentadas por los acusados", relata el auto de la Fiscalía, indicando a continuación que la cuenta de la fundación Lucum se cerró en junio de 2012 y su saldo de 65 millones de euros se transfirió a una cuenta de una sociedad gestionada por Larsen en las Bahamas.
Aunque la Fiscalía desestima con el auto el presunto blanqueo, sí interpreta que Mirabaud violó su obligación de dar determinados datos, en particular los de la cuenta personal de Corinna Larsen a la Oficina de Comunicación de Blanqueo de Capitales.
Debido a ello, el Ministerio Público multó al grupo bancario con 50.000 francos suizos (47.000 euros) y le condenó a pagar otros 150.000 francos (143.000 euros) en costas procesales.
"Muchos elementos obligaban a dar esa información, tras la información publicada en la prensa, el carácter inusual de los fondos recibidos en esta cuenta y los diversos flujos financieros intercambiados entre Larsen y la fundación Lucum, de la que Juan Carlos I era el beneficiario efectivo", dictaminó.