Las entidades del agro lanzaron un ultimátum al Gobierno nacional y reclaman el fin inmediato de las retenciones. La advertencia revive el fantasma de la crisis del campo de 2008 y marca un posible punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el sector más dinámico de la economía argentina.
Entre Ríos. Un reciente informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER) junto con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER reveló que los productores agrícolas de la provincia han dejado de percibir cerca de 7.000 millones de dólares en los últimos 15 años a causa de los derechos de exportación aplicados a cultivos clave como soja, maíz, trigo, sorgo y girasol.
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la cosecha fina mantendrá las alícuotas reducidas que tenía desde fines de enero. Soja, maíz, girasol y sorgo volverán a tener derechos de exportación más altos desde julio. El Ministerio de Economía anunció la extensión de la reducción temporal de retenciones para las exportaciones de trigo y cebada hasta el 31 de marzo y decidió dejar fuera de esa decisión a otros cultivos como la soja o el maíz, que volverán así a tener alícuotas más elevadas a partir de julio. Desde el agro celebraron la medida pero pidieron que se incluya a la cosecha gruesa también.
Emanuel Bornicent se enteró de buenas a primeras que se quedaba sin trabajo. Y sin vivienda. Y con la necesidad de encontrar escuela para su hijo a mitad del ciclo lectivo. Se enteró un día inhábil en la Administración: el 27 de junio, Día del Empleado del Estado. Ese día lo anoticiaron que tres días después sería un desempleado.
La jueza Loretta Preska resolverá si suspende la orden de transferir el 51 % de las acciones de YPF a fondos buitres. Si el fallo se ejecuta, el Estado argentino perdería su participación mayoritaria en la petrolera más importante del país, con consecuencias económicas, políticas y soberanas de gran escala.
Desde este martes y hasta el viernes, los empleados del Ministerio de Salud provincial realizarán retención de servicios y asambleas en rechazo al recorte del 20 % en las horas extras. El conflicto se agrava mientras ATE evalúa adherirse al paro nacional del jueves.
El Ministerio de Seguridad lanzó una línea de asistencia tras cinco suicidios en la fuerza este año. La medida llega tarde y desnuda una realidad ignorada: la falta de centros públicos de atención psicológica, el abandono estatal frente al malestar emocional de sus trabajadores y el crecimiento alarmante del suicidio adolescente.