Entre Ríos. Un reciente informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER) junto con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER reveló que los productores agrícolas de la provincia han dejado de percibir cerca de 7.000 millones de dólares en los últimos 15 años a causa de los derechos de exportación aplicados a cultivos clave como soja, maíz, trigo, sorgo y girasol.
Provinciales11/06/2025
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La cifra, que representa un promedio anual de 466 millones de dólares, genera alarma en el sector agropecuario, ya que se traduce en una fuerte pérdida de capacidad de inversión, modernización y competitividad. Según el informe, el impacto de este tributo va más allá del campo: limita el desarrollo territorial, afecta el empleo rural y frena el arraigo de jóvenes en sus comunidades.
Durante la actual campaña 2024/25, los ingresos no percibidos rondan los USD 446 millones, pese a una baja parcial de las alícuotas y una producción de soja proyectada como la más alta de la última década. Para la próxima campaña (2025/26), si los rendimientos se mantienen en línea con el promedio de los últimos cinco años, la pérdida rondaría los USD 371 millones.
“El problema de fondo es que los derechos de exportación son no coparticipables, es decir, la plata se va al Estado Nacional pero no vuelve en forma de inversión ni infraestructura a las provincias que producen”, advirtieron desde BolsaCER. Esto significa que caminos rurales, servicios básicos y asistencia técnica —claves para sostener la producción— dependen exclusivamente de presupuestos locales, ya debilitados.
El informe también pone cifras concretas a la pérdida: los USD 466 millones anuales podrían invertirse, por ejemplo, en 3.700 tractores, 1.500 galpones avícolas o casi medio millón de vaquillonas preñadas, elementos clave para dinamizar el aparato productivo local.
Desde el sector alertan que el actual esquema tributario funciona como un sistema de transferencia regresiva, que penaliza al productor y desalienta el agregado de valor, justo en momentos donde el país necesita divisas, empleo genuino e inversión interna.
"Este modelo está vaciando el interior productivo y postergando el desarrollo federal", concluye el informe.
Políticas que NO impulsaron Bordet y Frigerio para proteger al campo entrerriano
1. Ausencia de una posición firme contra las retenciones
Bordet: Mantuvo una postura ambigua o moderada frente a los DEX, sin liderar un reclamo activo ni convocar a otras provincias productivas para exigir su eliminación o coparticipación.
Frigerio: Aunque en campaña prometió defender al campo, hasta ahora no ha promovido públicamente ninguna medida institucional para frenar los efectos negativos de las retenciones o compensar a los productores.
2. Falta de presión por la coparticipación de los DEX
Ni Bordet ni Frigerio impulsaron un reclamo formal y sostenido para que parte de los fondos recaudados por retenciones sean coparticipables.
Esto genera una transferencia directa de riqueza al Estado Nacional sin retorno a Entre Ríos, debilitando la capacidad local de inversión.
3. Infraestructura rural relegada
Caminos rurales en mal estado, puentes deteriorados y falta de conectividad siguen siendo una queja constante del sector.
A lo largo de ambas gestiones no se diseñó ni ejecutó un plan estructural, sostenido y provincializado de infraestructura rural estratégica.
4. Poca inversión en asistencia técnica y extensión rural
El fortalecimiento del INTA local, los programas de asesoramiento agronómico y técnico, o la capacitación rural no han sido ejes prioritarios en las agendas de ninguno de los dos gobiernos.
Esto es crucial para que pequeños y medianos productores puedan modernizarse y agregar valor, especialmente en un contexto de pérdida por retenciones.
5. Escasa articulación con entidades del agro
Ni Bordet ni Frigerio desarrollaron mesas técnicas permanentes o vinculantes con BolsaCER, FAA, CRA, CARTEZ u otras entidades representativas del campo, que pudieran traducirse en políticas públicas provinciales concretas.
6. Ninguna política de compensación provincial
No se implementaron subsidios, créditos blandos, ni exenciones fiscales provinciales para aliviar el impacto que los DEX nacionales tienen sobre la rentabilidad de los productores.
7. Inacción ante el deterioro del arraigo rural
A pesar del evidente impacto social negativo (migración forzada, cierre de establecimientos familiares, caída del empleo rural), no se articularon políticas para fomentar el arraigo juvenil, la vivienda rural o el acceso a servicios básicos en el interior profundo.
Conclusión:
Ambas gestiones provinciales han fallado en construir una agenda agropecuaria estructural que defienda a Entre Ríos frente a un esquema tributario nacional injusto para los productores. Frigerio aún tiene margen de acción, pero el tiempo apremia: el sector necesita respuestas políticas concretas, no solo declaraciones.
“Nos nos sorprende, pero indigna. Esperemos no naturalizar tanta injusticia”, evalúa Esteban Gamarra, secretario general de la seccional Colón de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), y se refiere al “cierre” de centros de educación de jóvenes y adultos en la Provincia.
Con el voto de la mayoría de sus integrantes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo que crea la Obra Social de Entre Ríos, como organismo que reemplazará al Iosper. Mientras se realizaba la sesión, afuera de la Casa Gris -en el sector que funciona la Cámara- una nutrida protesta intentaba resistir lo que a esa hora ya era un hecho: la disolución del Iosper. Hubo 20 votos a favor y 13 en contra. El voto libertario se dividió.
La confirmación del ajuste en las horas adicionales para los trabajadores del Estado provincial desató una contundente medida de fuerza. Diversos ministerios se unieron en una asamblea en el patio de Casa de Gobierno y marcharon dentro del histórico edificio, culminando con una reunión clave entre ATE y representantes del Ejecutivo. APFDigital estuvo en los hechos.
El gremio consideró que el accionar del Ejecutivo es de una “práctica fascista que expone y deja en situación de vulnerabilidad al compañero trabajador”. Además se solidarizó con Carlos Challiol, el comunicador mencionado, y “abrazó” a los periodistas y comunicadores que manifestaron “preocupación” por lo sucedido.
Afiliados del Iosper presentaron una denuncia penal contra el Interventor, el Subinterventor y el Director General de la obra social por presuntas irregularidades en contrataciones de prótesis y servicios, que habrían causado un perjuicio económico a la obra social y demoras en prestaciones vitales, incluyendo el fallecimiento de un afiliado por falta de un marcapasos. Acusan "administración fraudulenta" y "malversación de caudales públicos", según la indicación a la que accedió APFDigital.
El gobierno de Rogelio Frigerio decidió dar de baja a todos los suplentes que cumplían funciones como administrativos y ordenanzas en el Consejo General de Educación (CGE) y con ellos 86 trabajadores pierden sus empleos. Hay estado de alerta y asamblea permanente en el organismo y mañana habrá una protesta en la calle.
En ese hecho de aproximadamente un mes a la fecha, se produjo la detención de Mario Devito, oriundo de San Nicolas - Buenos Aires; quien atacó a una pareja de avanzada edad e intentó sustraerles una importante cantidad de dólares; amedrentando a las víctimas con un arma de fuego. Sujeto que, tras cometer el ilícito e intentar huir con el dinero, fue aprehendido por personal policial de Comisaría Calabacilla.
Una joven denunció ante este medio al municipio y al Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (In.V.y.T.A.M), exigiendo que se revise la legalidad del procedimiento administrativo que derivó en la adjudicación de la vivienda de su madre a una tercera persona. Según señala, la beneficiaria actual ha estado alquilando la casa durante el último año y medio, mientras que su madre ha residido en el lugar desde 1973.
La nave era un Boeing 787-8 Dreamliner. Las imágenes transmitidas por medios locales muestran espesas columnas de humo negro elevándose desde las inmediaciones del aeropuerto
Se trata de Khaby Lame. Otro influencer de la Generación Z, Bo Loudon, un adolescente que también es activista a favor de Trump, se atribuyó el mérito de la expulsión del ítalo-senegalés.
