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Jury: el Procurador gastó sus últimos cartuchos: recusó y denunció a vocales del STJ

Judiciales 04/12/2021 Por Editor
El jefe de fiscales, Jorge García, recusó a tres jueces del Superior Tribunal y a una abogada en el Jury contra la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.

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Guerra abierta entre el jefe del Ministerio Público Fiscal y vocales del Superior Tribunal.

El Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, denunciado por supuesto mal desempeño de su función, cargó fuerte contra el Jurado de Enjuiciamiento que decidió abrir causa en el Jury contra la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, aunque decidió remitir a la Legislatura para un eventual juicio político la causa contra el propio García.

La funcionaria fue apartada de su rol mientras se sustancie el jury. El Jurado, además, resolvió apartar al Ministerio Público Fiscal en pleno de la función acusadora, y darle esa tarea a fiscales «ad hoc» del Superior Tribunal de Justicia.

García recusó a cuatro de los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento: el presidente del STJ, Martín Carbonell, los miembros de la Sala Penal, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, y a la representante del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Sonia Rondoni.

Además, los denunció ante la probable comisión de un delito al violentar el ordenamiento legal en cuanto a las funciones de Fiscalía y pidió que se suspenda todo el proceso hasta tanto se resuelvan esos planteos: requirió que el Jurado se abstenga "de continuar el trámite en tanto se sustancia la presente a fin de no agravar la presunta ilicitud denunciada".

Los otros tres integrantes del Jurado son Luis María Campos, por el Colegio de la Abogacía, el senador Armando Gay y el diputado Gustavo Zavallo, ambos del Frente Creer, que no acompañaron la moción de apartar al Ministerio Público Fiscal del rol acusatorio en el jury.

La decisión del Jurado de abrir causa a Goyeneche y separarla de su cargo y enviar a la Legislatura la denuncia contra García para un eventual juicio político se conoció oficialmente este jueves a partir de un comunicado de prensa del STJ.

Según reseña Entre Ríos Ahora, el primer pedido de jury a Cecilia Goyeneche fue planteado en julio último por el abogado Carlos Reggiardo por su actuación en la "causa de los contratos truchos en la Legislatura". Ese mismo mes se presentó un segundo pedido de jury ante el Jurado de Enjuiciamiento: los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet acusaron por mal desempeño al Procurador General y a la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche, con pedido de apartamiento de sus funciones.

Pero además, el Procurador anticipó la apertura de una causa penal contra miembros del Jurado de Enjuiciamiento ante la sospecha de incurrieron en ilícitos. García manifestó "incredulidad y asombro institucional" por la apertura del Jury contra la Procuradora adjunta y Fiscal anticorrupción y expresó "mayor estupor" ante la decisión de correr al Ministerio Público Fiscal de la investigación delegar "contra legem" dicha función en abogados de la lista de conjueces del STJ.

Por lo tanto, solicitó recusar a los vocales del Jury, Carubia, Mizawak, Carbonell y Rondoni, por "pérdida grosera de la imparcialidad" y por el "probable delito penal que revela un manifiesto interés en el resultado perjudicial hacia la Sra. Fiscal Anticorrupción Dra. Goyeneche", lo que configura "casi un prejuzgamiento", según el todavía Procurador García.

El Jefe de los fiscales argumenta que la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que dentro de los deberes y atribuciones del Procurador General de la provincia, se encuentra la de "Formular la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia. Podrá ser asistido en tal función por otros funcionarios de su ministerio, pero no podrá delegar tal cometido, sin perjuicio de su apartamiento por excusación o recusación si concurrieren las causales legales de inhibición”.

Según García, el Jurado de Enjuiciamiento no puede "desplazar a un órgano esencial de la estructura del enjuiciamiento constitucional" por lo que la decisión de correrlo de la investigación y acusación contra Goyeneche "podría configurar ilícito penal al contrariar frontalmente con la ley formal citada y con la Constitución Provincial".

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