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La sentencia se dio en el marco de un amparo iniciado por los padres de un joven de 20 años –cuya identidad se preserva-, oriundo de Gobernador Mansilla, localidad del departamento Tala, ubicada a 158 kilómetros de Paraná. El fallo es comprensivo de la Ley N.º 24.901, que establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad; y la Ley N.º 27.350, aprobada por el Congreso el 29 de marzo de 2017, que dispone el acceso al cultivo controlado de la planta de cannabis, así como a sus derivados, para fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.
El abogado que representó a la familia, Gustavo Baridón, confirmó que la obra social no interpuso recurso federal para dirimir el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que por lo tanto la sentencia del máximo tribunal provincial adquirió firmeza.
La sentencia del máximo tribunal fue emitida el jueves 6 de mayo, y rechaza un recurso de apelación de la obra social que buscaba que se revoque la resolución de primera instancia de la jueza de Paz de Gobernador Mansilla, Eldel Marilín Solda, quien hizo lugar al reclamo de la familia del joven.
A favor de que la sentencia quede firme votaron los vocales del STJ, Miguel Ángel Giorgio, Germán Carlomagno y Daniel Omar Carubia. En tanto, para que sea revocada, como lo pidieron la obra social y la Procuración General, se pronunciaron Bernardo Salduna y Juan Ramón Smaldone.
Cabe señalar que en la discusión se mencionó otro caso similar que surgió en Entre Ríos y que está a la espera de la palabra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata del expediente N.º 22974, que, de momento, tiene dictamen del Ministerio Público Fiscal de la Nación a favor del paciente que necesita la cobertura del cannabis medicinal.
El 18 de abril, en la primera instancia de la demanda, la jueza de Paz de Mansilla condenó al Iosper a que “disponga de forma inmediata, la cobertura médica y farmacológica total, íntegra, oportuna, ininterrumpida y gratuita en un 100% de la alternativa terapéutica consistente en dos unidades de aceite de cannabis real Scientific Hemp Oil Max 10/ 236 Ml/ 10.000 Mg, CBD prescripto por el médico neurólogo tratante, con más los gastos adicionales correspondientes, autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) e importado por el Laboratorio Flos Innovation con asiento en Buenos Aires”.
El año pasado, la familia del joven de Mansilla también había promovido el mismo reclamo, pero entonces obtuvo un fallo a favor en primera instancia, que luego fue revocado por el STJ, integrado por los vocales Susana Medina, Claudia Mizawak y Smaldone.
En este nuevo capítulo del reclamo se impuso el criterio del juez Giorgio, quien comandó el pronunciamiento en rechazo al planteo del Iosper. Según la resolución el juez ponderó los argumentos de los abogados de la familia del paciente, Gustavo Baridón y Angelina Forti; de la jueza de Paz de Mansilla, como así también el dictamen del Defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez.
Giorgio recordó la suerte del amparo en 2020 y señaló que ahora el cuadro clínico del joven se vio deteriorado aún más. “En palabras de la sentenciante (NdLaR: por la jueza de Paz de Mansilla), hoy estamos frente a un estado de salud más grave que el que motivó el amparo anterior, donde configura una vulneración de los derechos fundamentales que motiva la presente”, sostuvo.
Por su parte, la obra social pidió que se revoque la sentencia de primera instancia, puesto que consideró que “el aceite de cannabis es una sustancia experimental y que más allá de que haya estudios que prueban su eficacia, hay otros que demuestran todo lo contrario, porque se encuentra en etapa de experimentación”.
Además, manifestó que el joven no se encontraba inscripto en el Registro Nacional creado por la Ley N.º 27.350 (de Cannabis Medicinal) que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud, en el que se registra pacientes en tratamiento para estudios de casos y pacientes en protocolo de investigación que voluntariamente soliciten su inscripción. Finalmente, remarcó que no está obligada a cubrir el aceite de cannabis “ya que no existe normativa que así se lo exija”.
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