El Gobierno acelera la caída de las medidas antidumping y consolida la apertura importadora

Durante los primeros seis meses del año, el Gobierno aceleró una limpieza sobre el paraguas protector de la industria local: gran parte de las barreras antidumping que vencían este año fueron eliminadas y dejaron de penalizar la competencia desleal externa. Esta decisión se produce en un contexto donde las importaciones compiten directamente con los productos nacionales, castigados por los altos costos de producción. La disputa no es sólo frente a China —el principal origen de los productos analizados— que subsidia sus exportaciones, sino también contra diversos fabricantes mundiales, en un escenario donde el oficialismo promueve abiertamente las compras al exterior.

De las casi 40 medidas que tienen fecha de vencimiento para el 2026, la Secretaría de Comercio ya analizó unos 21 expedientes. Nueve resultaron en bajas directas o cierres sin aplicación de aranceles; seis se mantienen abiertas o en revisión; tres sufrieron suspensiones temporales o caídas de acuerdos; y solo tres lograron retener o imponer un nivel de protección, según un relevamiento que realizó PERFIL.

La mayoría de las resoluciones tiene a China como protagonista: el gigante asiático está involucrado en 17 de las 21 medidas analizadas (15 de ellas como país de origen exclusivo y otras dos en expedientes compartidos). Los cuatro casos restantes que completan el mapa corresponden íntegramente a otros mercados, e incluyen a Brasil (resinas poliéster), Estados Unidos (diisocianato de tolueno), Chile (placas autoadhesivas de plástico) e Italia (calderas para calefacción). También se registran casos multiorigen, con naciones como Colombia, Vietnam, India y Malasia.

Insumos desprotegidos y el impacto metalúrgico

Más del 70% de las medidas involucran insumos de uso industrial, materiales de construcción y bienes intermedios. Por un lado, productos como el aluminio (en láminas, chapas y tubos), polímeros de PVC, resinas poliéster y químicos clave; y, por el otro, piezas mecánicas, componentes y autopartes, como rodamientos, amortiguadores, ruedas de acero y motores para lavarropas. Los bienes de consumo final son minoría y corrieron distinta suerte: mientras se sostuvieron las barreras para pequeños electrodomésticos (procesadoras y batidoras), se habilitaron investigaciones o se liberaron artículos cotidianos como cuchillos, cubiertos con mangos de plástico o calderas.

Entre los nueve casos dados de baja, el mayor impacto está en la metalurgia básica: cayeron las medidas sobre láminas y chapas de aluminio provenientes de China. Un desarme de un arancel protector del 28% que afecta de lleno al gigante Aluar. Pero también a las pymes metalúrgicas que ya arrastran la presión de un aumento del 80% de las importaciones con respecto al año anterior, indicaron fuentes del sector.

El sector de la química y el plástico también sentirá el efecto. La Secretaría dictaminó la baja en la protección de los perfiles de PVC chinos y del diisocianato de tolueno estadounidense, un insumo petroquímico crítico para la fabricación de colchones y la industria automotriz. Esta última rama enfrenta un verdadero aluvión importador: el ingreso de autopartes desde el gigante asiático se disparó más de un 80% en el último año. Con la reciente caída de los derechos punitorios en rodamientos y amortiguadores de motocicletas, la política oficial deja en inferioridad de condiciones a los talleres y fábricas de piezas nacionales.

La postura oficial es que las barreras antidumping que dejaron caer representaban "una sobreprotección kirchnerista que no tiene sentido". Para el oficialismo, la lógica de la gestión debe centrarse exclusivamente en "abrir el mercado para que los insumos sean más baratos y se mejore la producción". Un funcionario del Palacio de Hacienda que defiende esta embestida desreguladora ejemplificó a PERFIL: "Si no hubiera caído la medida antidumping, Lumilagro no podría haberse reconvertido".

El empleo en jaque y las nuevas reglas del juego

Más allá de la justificación oficial, el foco está puesto en desarmar la protección en la base de la pirámide productiva, liberando el ingreso de insumos industriales críticos como aluminio, químicos, plásticos y piezas mecánicas. La lógica apuesta a eliminar el "costo argentino", licuando los sobrecostos de estas materias primas, con la premisa de que el resto de la economía ganará competitividad. En contraste, se observa una protección mucho más selectiva en la punta de la cadena: aún se sostienen barreras muy puntuales sobre bienes terminados o de consumo masivo (como batidoras manuales o ruedas de acero) allí donde el impacto en el empleo o la sensibilidad fabril es mayor.

Esta lectura hacen en el sector privado, donde ven que la eliminación de estas medidas le suman una preocupación a una industria que sigue ajustando sus márgenes y ,cada vez con más frecuencia, el empleo. Según la última encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) la competencia con productos extranjeros que se introducen en la cadena de valor es el segundo factor que explica el derrumbe en distintos sectores, atrás de la falta de consumo interno. El 22,4% de las firmas redujo su dotación y entre quienes ya ajustaron personal, el 35,1% también redujo turnos y el 21,3% adelantó vacaciones. En Tierra del Fuego continúan preparando las carpetas para presentar la renovación de barreras que son clave para la competitividad.

La industria dejará medio millón de trabajadores sin empleo y cerrará hasta 40.000 empresas en 2026

En otras plantas del sector privado señalan que los posicionamientos públicos de figuras como Federico Sturzenegger y Luis Caputo —quienes cuestionan sistemáticamente el largo tiempo de vigencia de estas protecciones sin evaluar ni mencionar si persisten las prácticas de comercio desleal— constituyen, en sí mismos, una estricta definición política. Para los especialistas, la decisión está tomada de antemano y prescinde del análisis técnico.

Desde una oficina que recibe grandes clientes del comercio exterior, plantearon a PERFIL que la caída de los antidumping con medidas como el subsidio implícito a los gravámenes en la importación puerta a puerta, o la notoria falta de compromisos exigibles para el desarrollo de proveedores locales dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) destruye de forma directa la actividad y el empleo local. Argumentan que la industria nacional no "compite" contra Asia, sino que es arrasada porque las asimetrías de escala, financiamiento y subsidios de origen son lisa y llanamente insalvables.

La línea blanca y los electrodomésticos ya reflejan este escenario. Mientras el Gobierno dio de baja la protección a los motores de lavarropas asiáticos, asestando un golpe letal al proveedor local de piezas, la invasión del producto terminado domina las góndolas: el 90% de los microondas comercializados en el país son de origen asiático.

Para quienes pueden renovar las medidas, las condiciones son más exiguas que en períodos anteriores ya que en 2025 la gestión de Javier Milei redujo la duración máxima de las medidas antidumping de cinco a tres años, eliminando la posibilidad de renovaciones ilimitadas y permitiendo una única prórroga. El sesgo quedó en evidencia en la reciente apertura de revisión para cubiertos y cuchillería china: el dictamen técnico definió que, por primera vez, no se prorrogarán los derechos provisorios mientras dure la investigación, dejando a los fabricantes locales totalmente expuestos durante el proceso.