"La historia argentina es la historia de una voluntad de saqueo", escribió David Viñas en una de las definiciones más feroces y persistentes sobre las relaciones entre poder económico y Estado en el país. La frase vuelve a resonar con fuerza frente a la nueva ola de privatizaciones y concesiones estratégicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que atraviesa días decisivos en su acelerado programa de liquidación de activos públicos y transferencia de áreas clave del patrimonio estatal.
Pero la velocidad que adquirió el proceso durante las últimas semanas también parece responder a otra lógica: el creciente temor oficial a un desgaste político más rápido de lo previsto. En la Casa Rosada admiten en privado que la caída de la imagen presidencial, el deterioro económico, las tensiones internas y el escándalo Adorni comenzaron a alterar los tiempos políticos. Por eso, la necesidad de consolidar negocios estratégicos antes de que el poder libertario empiece a erosionarse de manera más profunda.
La preocupación aumentó además por una serie de movimientos internos que empezaron a exponer fisuras dentro del oficialismo ampliado. La reaparición más activa de Mauricio Macri en la discusión pública y en el armado opositor de derecha reabrió tensiones con el PRO, mientras dentro del Gobierno crecen las especulaciones sobre el margen de autonomía que intenta construir Patricia Bullrich frente al núcleo de poder que rodea a Santiago Caputo y a los hermanos Milei.
Mientras intenta avanzar con la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la cesión de empresas energéticas y la re-licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la Casa Rosada enfrenta crecientes resistencias políticas, denuncias judiciales y una feroz disputa empresarial atravesada por intereses cruzados, lobby internacional y una carrera frenética por apropiarse de algunas de las cajas más rentables y sensibles del país.
