UNICEF advierte sobre el riesgo de un enfoque punitivo en relación a la reforma penal juvenil

El organismo internacional plantea que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe priorizar la protección integral y la reinserción social, en lugar de centrarse en el castigo.

Interés General10/02/2026TABANO SCTABANO SC
congreso

Unicef difundió este lunes un posicionamiento crítico frente al ingreso del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados. El organismo subrayó que toda modificación normativa debe alinearse con estándares internacionales y garantizar un sistema de justicia especializado, con acceso real al debido proceso y medidas graduales enfocadas en la prevención y la reinserción.

 

“La justicia penal juvenil no puede construirse únicamente desde la lógica del castigo”, señala el comunicado, que insiste en la necesidad de incorporar medidas socioeducativas y restaurativas. Según Unicef, los adolescentes deben ser considerados en función de su madurez y evolución, lo que implica reconocer que la capacidad de comprensión de consecuencias aún está en desarrollo.

 

El documento cita evidencia científica y la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño, que sostiene que la madurez y el pensamiento abstracto continúan evolucionando en jóvenes de 12 y 13 años. En ese sentido, el régimen especial no surge de la capacidad de actuar como adultos, sino de la falta de plena conciencia y razonamiento para asumir responsabilidades determinantes.

natalia

Rafael Ramírez Mesec (UNICEF) junto a Natalia Oreiro

Alerta y propuestas alternativas
 

Unicef advierte además que la privación de libertad debe ser excepcional y breve, ya que su uso habitual genera entornos de violencia que favorecen la reincidencia. Por ello, promueve alternativas que integren prevención, educación, apoyo psicosocial y reinserción social, con el objetivo de que los adolescentes en conflicto con la ley puedan desarrollarse de manera constructiva dentro de la sociedad.

La postura del organismo no rechaza el debate ni la necesidad de actualizar el marco legal, pero enfatiza que cualquier reforma debe respetar los principios de progresividad y no regresividad, así como el sistema de protección integral consagrado en la normativa argentina y en los tratados internacionales de derechos humanos.

  basta

La postura del organismo no rechaza el debate ni la necesidad de actualizar el marco legal

 

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