Diputados declaró la nulidad del decreto que suspendía la Ley de Emergencia en Discapacidad

En una sesión cargada de tensión política, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este la nulidad del decreto 681/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la aplicación de la Ley de Emergencia en materia de Discapacidad.

El proyecto obtuvo 119 votos afirmativos, 67 negativos y ocho abstenciones, y fue impulsado por la diputada Marcela Pagano, del bloque Desarrollo y Coherencia. La iniciativa declara “nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva” contenida en el decreto, firmado semanas atrás por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Un avasallamiento a la soberanía del Congreso”
Durante su intervención en el recinto, Pagano —ex periodista y ex integrante del espacio libertario— fundamentó la iniciativa al señalar que la suspensión dispuesta por el Ejecutivo fue “ilegal”, dado que la norma ya había cumplido todos los trámites constitucionales para su promulgación automática.

“Ambas cámaras la aprobaron, luego se vetó y ambas cámaras insistieron. No requiere más trámite para ser promulgada y no debe ser discutido ningún tipo de suspensión”, explicó la legisladora.

Pagano apuntó directamente contra la decisión del Ejecutivo y contra la falta de tratamiento previo:

“Me hubiera encantado discutirlo en el Presupuesto, pero el ex presidente de la comisión, José Luis Espert, no nos lo permitió”.

 La diputada sostuvo que la decisión del Gobierno constituye “una afrenta a la soberanía de la República” y cuestionó el uso del decreto para revertir lo dispuesto por el Parlamento.

 “¿Para qué debatimos leyes si después por decreto se las puede suspender? Esto no es un tecnicismo, es un avasallamiento a la institución del Congreso”, remarcó.

Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por ambas cámaras a mediados de año, declara por un período de 12 meses la emergencia en el sistema de atención y prestaciones para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar cobertura, accesibilidad y financiamiento de los programas destinados al sector.

   
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Entre otros puntos, la norma establece la creación de un fondo especial federal y obliga al Estado a mantener la continuidad de las prestaciones brindadas por obras sociales y programas nacionales, como el Incluir Salud y el PAMI. 

El decreto 681/25, firmado por Francos, había postergado su aplicación hasta definir los mecanismos de financiamiento, lo que provocó un fuerte rechazo de las organizaciones de discapacidad, que calificaron la medida como “un retroceso en materia de derechos sociales”.

  
Con la aprobación de este proyecto, el Congreso busca restituir la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque el debate podría continuar en el Senado, donde se anticipan nuevas discusiones sobre su financiamiento.

La votación representó un nuevo revés para el Gobierno nacional, que enfrenta cuestionamientos por su política en materia social y sanitaria.

Pagano concluyó su exposición con un mensaje político contundente:

“No es una formalidad, es una defensa de la soberanía legislativa y del respeto por la Constitución”.

La decisión del Congreso refuerza el reclamo de los sectores vinculados a la discapacidad, que ven en esta ley una herramienta urgente para proteger derechos vulnerados y sostener la atención de miles de beneficiarios en todo el país.