Qué implica el decreto de conmoción en Venezuela que otorga poderes especiales al dictador Nicolás Maduro

El régimen de Nicolás Maduro impulsa el llamado “decreto de conmoción externa”, que otorga a su aparato de poder facultades extraordinarias bajo el pretexto de proteger Venezuela ante un supuesto peligro inminente de Estados Unidos, mientras mantiene oculto su contenido y avanza en un proceso opaco de consultas y firmas.

Delcy Rodríguez reconoció públicamente que Maduro “suscribió” el decreto, pero hasta ahora se desconoce la fecha exacta y el texto completo, manteniendo a la ciudadanía al margen de un instrumento legal destinado a restringir garantías y otorgar el control absoluto del país al chavismo en caso de “agresión” extranjera.

A continuación, los puntos fundamentales para entender el alcance, riesgos y consecuencias del decreto de conmoción externa y cómo Maduro busca consolidar su dominio sin límites.

¿Qué es el decreto de conmoción externa?

Bajo la Constitución venezolana, el estado de conmoción externa forma parte de los estados de excepción que pueden declararse ante situaciones de conflicto que pongan gravemente en peligro la seguridad nacional, las instituciones o la vida de la población. La ley autoriza temporalmente la restricción de derechos —exceptuando el derecho a la vida, la prohibición de tortura, el debido proceso y otros considerados intangibles— y concede rango y fuerza de ley al decreto desde el momento de su emisión, que debe publicarse oficialmente en la Gaceta Oficial, aunque todavía Maduro no lo ha hecho público.

Durante este estado, el régimen puede actuar sin los límites habituales de control y transparencia, legalizando la limitación de libertades y el control forzado de recursos públicos y estratégicos.

¿Por qué el régimen recurre a este instrumento?
Delcy Rodríguez justificó el decreto al denunciar “peligrosas amenazas” de Estados Unidos, señalando que el despliegue de fuerzas militares norteamericanas cerca de las costas venezolanas requiere una reacción “de defensa y seguridad”. En intervenciones recientes, atribuyó a Washington la voluntad de apoderarse de los recursos energéticos y minerales del país y denunció que el gobierno estadounidense “le declara la guerra al planeta entero”.

Bajo ese argumento, el chavismo busca atribuirse poderes para defender la “integridad territorial” y los “intereses vitales” de Venezuela, sin precisar qué condiciones desencadenarían la entrada en vigor ni definir el alcance real de las eventuales restricciones sobre la ciudadanía y las instituciones.

¿Para qué sirve y cómo se aplicaría?

Rodríguez aseguró que la medida se activaría de forma inmediata si se producen “agresiones” desde el exterior. El decreto permitiría al régimen movilizar a la Fuerza Armada a nivel nacional y tomar el control militar de servicios públicos, industrias estratégicas —incluyendo hidrocarburos y empresas básicas—, así como ejecutar cierres fronterizos y activar “todo tipo de planes económicos, políticos y sociales”. Según la funcionaria, el objetivo declarado es “garantizar la vida nacional”, pero en los hechos, el chavismo obtendría poder legal para militarizar y controlar cada aspecto de la estructura productiva y social del país, con las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad ejecutando la directriz del dictador y suspendiendo de hecho la normalidad institucional.

¿Cuáles son los mecanismos de control y cuál es el riesgo real?

El propio Maduro anunció el inicio de consultas para aplicar el decreto, alegando “agresiones económicas, psicológicas y políticas” previas, y responsabilizando al adversario externo de la crisis. Por ley, el texto debería presentarse en un plazo de ocho días ante la Asamblea Nacional (controlada por el chavismo) y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que deben revisarlo para su eventual aprobación o rechazo.

La ONG Acceso a la Justicia advirtió que el decreto implica la restricción de derechos fundamentales y reclamó su publicación “de manera inmediata”, recordando que la sociedad tiene derecho a conocer los alcances y limitaciones de cualquier medida excepcional. Aunque el Poder Legislativo y el Judicial tienen teóricamente capacidad para frenar el decreto, actualmente ambas instituciones responden al régimen chavista.

¿Por cuánto tiempo podría durar el estado de conmoción externa?

La norma fija una vigencia de noventa días, prorrogable solo una vez por igual periodo, sujetos a aprobación parlamentaria controlada por el chavismo. El Ejecutivo, a discreción, o el Parlamento pueden revocar la medida antes si consideran extinguidas las causas que la motivaron, aunque la falta de transparencia y de contrapesos reales hace improbable una revisión autónoma.

Más allá de la retórica de “protección ante amenazas extranjeras”, el decreto de conmoción externa representa para Venezuela un mecanismo para limitar derechos, concentrar el control militar, económico y social en manos de Maduro y cerrar cualquier resquicio de oposición o disidencia, bajo una justificación que depende casi por completo del arbitrio del régimen. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de publicar el texto y alertan que la opacidad y discrecionalidad de la medida abren la puerta a nuevas olas de represión y control autoritario, sin que la ciudadanía pueda conocer a qué atenerse ante la inminente activación de este instrumento de excepción.