Diputado oficialista criticó que el veto del Gobierno Nacional a la distribución de ATN implicó 10.000 millones menos para la provincia

Un proyecto de Declaración presentado el lunes 15 en la Cámara de Diputados de la provincia declara “su enérgico rechazo al Decreto Nº 652/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional vetó la Ley N° 27.794/25 que disponía que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyeran en forma diaria y automática y bajo las mismas condiciones que los fondos de coparticipación federal definidas en la Ley 23.548”.

 
El proyecto de Declaración, de autoría del diputado del bloque Juntos por Entre Ríos (JxER), Juan Manuel Rossi, fundamentó que “el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, creado por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, fue concebido como una herramienta para que las provincias pudieran afrontar situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. De acuerdo a dicha ley, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% queda en manos de la Nación, el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias, y el 1% restante integra el fondo de ATN”.

 
No pedimos privilegios, exigimos lo que nos corresponde

 
Rossi destacó que “en el caso de Entre Ríos, la diferencia es importante. En promedio nuestra provincia recibió 5.462 millones en los últimos tres semestres, mientras que con el reparto automático previsto en la ley hubiésemos recibido 15.782 millones en el segundo semestre de 2025, es decir, 10.320 millones adicionales que para los entrerrianos significan más caminos rurales, rutas, escuelas y hospitales públicos que mejoran la vida de las familias entrerrianas”.

 
En aquella línea, el diputado sostuvo que “es momento de que Javier Milei entienda que gobernar un país a base de vetos es atentar contra la república y la democracia. Argentina es un país federal y las provincias necesitan recursos para poder cumplir con sus responsabilidades básicas: garantizar la educación pública, sostener el sistema de salud, cuidar la seguridad de las personas y mantener en funcionamiento la justicia. No pedimos privilegios, exigimos lo que nos corresponde porque es un derecho sancionado por una ley, porque cada peso que se queda el gobierno nacional es un tramo de una ruta que no se mantiene, escuela que no se repara y un hospital que no se equipa”.

 
Pequeño pero vital

 
El legislador destacó que aquel “1%, aunque pequeño en proporción, resulta vital en momentos de crisis para sostener servicios básicos que son responsabilidad de las provincias, como la salud, la educación, la seguridad y la justicia. Precisamente, el Gobierno de Javier Milei consumó un veto total a la Ley Nº 27.794, la cual establecía se repartieran los fondos de los ATN según los coeficientes de coparticipación definidos en la Ley 23.548, además de incluirse los porcentajes correspondientes a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

 
Discrecionalidad bajo la lupa

 
Rossi observó que “el problema es que en lugar de distribuirse con criterios objetivos y transparentes, tal como lo establecido en la ley vetada, ha quedado históricamente bajo la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional. El presidente Javier Milei vetó la ley que buscaba corregir esta injusticia garantizando un reparto diario y automático de los recursos a las provincias de manera previsible”.

 
El legislador oficialista aseveró: “Los números son claros: según el último informe de Jefatura de Gabinete, en 2024 el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional tuvo un presupuesto de 278 mil millones de pesos, de los cuales se ejecutaron apenas 49 mil millones (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2025). Es decir, el gobierno nacional retuvo más del 80% de los recursos con el argumento de que los montos no ejecutados quedaron en la ‘cuenta escritural’, en otras palabras, la plata está pero se decidió no usarla”.

 
Rossi cuestionó que aquello es “una explicación que desnuda la falta de voluntad política para distribuir lo que corresponde a las provincias. Durante el primer semestre de 2025 la situación se repitió: solo se giró el 20% de los fondos, mientras que, de haberse aplicado la ley vetada por el presidente Milei, las provincias hubieran recibido automáticamente un 58,8% de los ATN. El Gobierno nacional sostiene que el costo fiscal de la ley es inviable pero los estudios demuestran lo contrario”. (APFDigital)