Reclaman la reincorporación inmediata de trabajadores cesanteados en escuelas públicas de Concordia

Con un tono de profunda preocupación social, el dirigente Ramón Cabrera denunció la situación de numerosos trabajadores que fueron cesanteados de sus funciones en escuelas públicas de Concordia. Se trata de personal que desempeñaba tareas como ordenanzas, cocineras y auxiliares, algunos con hasta diez años de antigüedad, que fueron apartados sin previo aviso ni explicación formal.

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“Hay compañeras y compañeros que han estado al frente de sus funciones durante años. Muchos de ellos venían cubriendo suplencias, cumpliendo con compromiso. Hoy están afuera sin causa visible. Y lo más grave: sabemos que en su lugar han ingresado familiares de funcionarios. Eso es inaceptable”, denunció Cabrera ante El Sol–Tele5.

Los afectados siguen movilizados, pero bajo amenaza

En medio de reclamos sostenidos con el acompañamiento de organizaciones sociales y políticas, Cabrera alertó sobre intentos de amedrentamiento contra quienes alzan la voz:

“Hay compañeros movilizados que han recibido amenazas de acciones judiciales. No sabemos con qué fundamento legal, pero se busca silenciar a quienes defienden su derecho a trabajar”, afirmó con firmeza.

También señaló que las cesantías no se apoyan en criterios objetivos ni evaluaciones de desempeño, sino en un mecanismo discrecional que “prioriza vínculos familiares o políticos” por sobre la trayectoria laboral.

Funcionarios bajo la lupa: “El que no cumple, que dé un paso al costado”

Cabrera fue contundente al cuestionar a quienes ocupan cargos públicos sin demostrar capacidad ni voluntad de resolver conflictos.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia. Y si hay funcionarios que no están a la altura, lo correcto y lo ético sería que den un paso al costado. No vamos a naturalizar que se expulse a quienes han trabajado durante años con compromiso y buena fe”, expresó.

Según detalló, en varias escuelas los equipos directivos han emitido referencias positivas sobre los trabajadores cesanteados, lo que refuerza la sospecha de que se trata de desplazamientos por intereses particulares y no por faltas laborales.

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