
Una joven denunció ante este medio al municipio y al Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (In.V.y.T.A.M), exigiendo que se revise la legalidad del procedimiento administrativo que derivó en la adjudicación de la vivienda de su madre a una tercera persona. Según señala, la beneficiaria actual ha estado alquilando la casa durante el último año y medio, mientras que su madre ha residido en el lugar desde 1973.