Abogado entrerriano denunció ante organismos internacionales que es objeto de persecución judicial

El abogado de Victoria, Guillermo Reggiardo, que asiste al intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, y con el que lleva adelante una activa participación en la vida interna del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos, presentó el lunes 12 de mayo una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) por lo que considera una persecución judicial en su contra. Entre otras denuncias que formuló, sostuvo que el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Leonardo Portela, sería “el núcleo de la embestida judicial (que) se concentra en la figura del doctor Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desde diciembre de 2023”.

 
Añadió, respecto del vocal, que “distinto de un perfil puramente técnico, Portela arrastra un pasado político: antes de su llegada al Alto Cuerpo se desempeñó como asesor de un entonces senador nacional y dirigente justicialista que hoy aparece mencionado –e incluso filmado– reconociendo el circuito de contratos truchos que denuncié en 2017-2018 y que el fiscal Álvaro Piérola archivó en sólo 48 horas”.  

 
También cuestionó que “Portela jamás se apartó y convalidó el hostigamiento”. Recordó que en 2024 lo recusó “porque intervino públicamente para defender al fiscal (Álvaro) Piérola, quien –además de archivar la investigación por los contratos truchos– abrió en cuestión de horas una nueva causa contra la senadora Patricia Díaz, esposa de Domingo Rossi, inmediatamente después de que la CIDH notificara al Estado la admisibilidad preliminar de la Petición 515-10; esa causa sigue abierta hasta hoy”.

 
Reggiardo entendió que “en síntesis, Portela fusiona poder político y jurisdiccional: protege a Piérola, avala la persecución a Patricia Díaz y dicta la línea corporativa que cierra todos mis caminos procesales. Mientras ocupe la presidencia del STJ, el riesgo de detención arbitraria y de nuevas represalias contra mí –y contra las personas vulnerables que defiendo– seguirá siendo inminente, razón por la cual reitero a la Comisión la necesidad urgente de medidas cautelares”.

 
En los fundamentos de la solicitud de medidas cautelares, el letrado sostuvo que “el mínimo estándar de imparcialidad está quebrado en Entre Ríos: los fiscales y jueces que deben investigar objetivamente han tomado posición pública en mi contra, lo cual desnaturaliza su rol institucional y vulnera el principio de juez natural y fiscal objetivo, consagrados por la Constitución y los tratados internacionales”.

 
Añadió que “en este contexto, la única medida efectiva que puede neutralizar el riesgo es la exclusión de dichos operadores judiciales y fiscales de las causas que involucran al solicitante, y la designación de agentes externos o de otras jurisdicciones que no estén contaminados por el conflicto ni comprometidos con las redes de poder locales”.

 
Asimismo resaltó que “lo que se reclama no es impunidad, sino un procedimiento justo, imparcial y que respete los derechos fundamentales. En Entre Ríos, ello no está garantizado. Como prueba, desde el año 2010 venimos denunciando —incluso ante esta misma Comisión— el funcionamiento de verdaderas estructuras mafiosas estatales centradas en cajas como Iosper, Enersa, contratos truchos, sobreprecios y mecanismos de saqueo institucional, sin que ninguna haya sido desmantelada. Por el contrario, quienes las denunciamos fuimos objeto de causas penales por hechos irrisorios o directamente inventados, como el procesamiento de un exintendente por pagar dos pasajes de luz para un acto por el Día de la Mujer”.

 
Documentados

 
Reggiardo sostuvo que “estos hechos, encadenados y documentados, muestran cómo la persecución pasó de la estigmatización mediática a la violencia institucional abierta y, ahora, al riesgo inminente de una detención arbitraria, todo ello bajo la conducción de un poder judicial que pretende silenciar denuncias de corrupción estructural”.

 
Así, sentenció que “la ciudad de Gualeguay es hoy símbolo y epicentro de esta perversión judicial: allí se concentran buena parte de las causas armadas, los jueces recusados que siguen actuando y los fiscales perseguidos o denunciados que se reciclan como inquisidores. Por todo ello, se solicita a la Comisión que requiera al Estado la adopción de medidas cautelares consistentes en: Garantizar la inmediata suspensión de actuaciones penales en las que intervengan fiscales o jueces que hayan tenido expresiones públicas de animosidad; Disponer la asignación de fiscales y jueces externos, o al menos ajenos a la jurisdicción donde se concentra la persecución (Gualeguay); Garantizar la presencia de un defensor oficial o abogado habilitado de elección del denunciante en toda audiencia o acto judicial en curso; Solicitar al Estado que se abstenga de adoptar medidas de privación de libertad mientras esta Comisión se encuentra abocada al examen del caso”.

 
El origen

 
Reggiardo sostuvo que el “origen de la persecución”, que se desarrolló entre 2009-2013, fue cuando asumió la defensa del intendente Domingo Daniel Rossi, “adversario interno del oficialismo”. Añadió que “aquella representación me permitió advertir cómo el proceso penal se utilizaba como arma política: faltas de competencia, pericias fraguadas y testigos intimidados eran la regla. Para frenarlo, en 2010 elevé a la Comisión Interamericana la Petición 515-10, denunciando la criminalización de opositores y el reparto discrecional de ‘cajas’ sensibles (Iosper, Enersa, Vialidad, contratos legislativos)”.

 
Adversario sistémico

 
En la presentación añadió que “apenas trascendió la presentación, aparecieron editoriales que me tacharon de ‘abogado operador’ y el Colegio de la Abogacía abrió ¬–y luego debió archivar– mi primer sumario. En esa primera escaramuza quedó claro que, para el Poder Judicial entrerriano, yo había pasado a la categoría de adversario sistémico”.

 
Reggiardo manifestó que la hubo una “Escalada institucional” entre 2014-2019, cuando, según sostuvo, “la tensión se hizo abierta en 2016, cuando denuncié al vocal del STJ Carlos Chiara Díaz por percibir viáticos y pasajes nunca rendidos. La Cámara de Diputados abrió el juicio político y el magistrado renunció; acto seguido surgieron dos legajos “espejo” (1450/16 y 2371/17) firmados por integrantes de una banda narco a quienes había defendido de oficio: me acusaban de ‘plantar pruebas’”. Recordó que “aun sin sustento, me embargaron bienes y se me prohibió salir del país hasta que, en 2019, un peritaje independiente selló mi sobreseimiento; nadie investigó la denuncia falsa”.

 
Contratos Truchos

 
El letrado indicó que “al año siguiente expuse la maniobra de contratos truchos en la Legislatura: en aquel momento eran públicos cuarenta y dos cheques endosados por el diputado Diego Lara a punteros, además había salvado al procurador (jefe de la acusación) de un Jury que yo mismo presente y solicité su imputación por abuso de poder. El fiscal Álvaro Piérola archivó el caso en cuarenta y ocho horas”. Añadió que ‘menos de tres semanas después se abrió otra causa contra mí, ahora por ‘estafa a discapacitada’: la mujer, a quien había asistido sin cobrar honorarios, supuestamente me había pagado sumas inexistentes. Aunque aquel expediente terminó en sobreseimiento en 2020, sirvió para exhibirme como defraudador en los medios y en los pasillos de Tribunales”.

 
Causas

 
Reggiardo expuso que también sufrió actos de “violencia física y obstrucción probatoria” entre  2020-2024, cuando, sostuvo “la persecución adquirió un cariz físico en abril 2021, en Victoria”. Relató que “salía lentamente de la cochera con mi hija menor cuando la motocicleta que intentó sobrepasarme rozó el cordón opuesto y cayó; mi auto apenas mostró un rasguño y jamás hubo reclamo contra mi seguro. Sin embargo, la policía me esposó delante de mi hija, me llevó al hospital Salaberry y me extrajo sangre por la fuerza”.

 
El letrado resaltó: “Mi denuncia por apremios fue archivada y sigo imputado por ‘lesiones culposas agravadas’, demostrando la parcialidad con que se actúa cuando la persona lesionada pertenece a la corporación judicial”.

 
También recordó que “en septiembre 2023, en Gualeguay, asumí la querella del vecino Luis Erro. Dos policías –acusados de más de treinta robos en el barrio, once contra Erro– quedaron imputados; el juez Sebastián Elal y el fiscal Rodrigo Molina me aceptaron como parte, pero llevan dieciocho meses negando la apertura pericial de los celulares incautados. El expediente se congeló: los agentes continúan armados y en servicio”.

 
También expuso que “el 9 de mayo en Gualeguay recusé a la jueza Alejandra Gómez en la audiencia de elevación a juicio del legajo ‘falsa denuncia Voney’. Al insistir, el fiscal Molina pidió mi detención por coacciones; Gómez suspendió la audiencia y ordenó seguridad: salí imputado por coacción, intimidación y desobediencia. El 10 y 12 de mayo la misma jueza me prohibió filmar la audiencia y se burló de mis planteos (‘¿Va a hacer otro show?’). Señaló el 16 de mayo para continuar y advirtió que, si insisto, podré ser retirado y juzgado en ausencia”.

 
Reggiardo denunció que “ante el riesgo, el 11 de mayo presenté habeas corpus preventivo; la mesa de entradas lo envió al mismo Juzgado de Garantías y la jueza Gómez lo desechó ese mismo día por ‘inatendible’. Quedé sin remedio local. Por último, en mayo de 2025, la Oficina de Gestión de Audiencias –a cargo del vocal Daniel Carubia– me impuso una multa y 32 horas de ‘capacitación en género’, sanción confirmada por la misma Cámara (Tortul-Crespo-Cadenas) que yo había denunciado meses antes”.

 
Añadió que “en paralelo, siguen activos expedientes de niños y adolescentes de Victoria y Gualeguay donde intervengo como defensor: menores temporalmente separados de sus familias sin ser oídos, o personas con discapacidad que permanecen sin tratamiento efectivo; cada escrito que presento se topa con la misma pared de silencio o rechazo exprés. El patrón es el mismo que ya censuró la Corte Interamericana en Fornerón: tribunales locales cerrados sobre sí mismos, con una lógica corporativa que castiga al profesional que se atreve a denunciar”. (APFDigital)