Trump vuelve a separar familias: la deportación de dos madres a Cuba y Venezuela sin sus bebés

Este miércoles, Carlos Yuniel Valle cargó en brazos a su hija Kailyn, de un año y cuatro meses, y se dirigió a la consulta con el neurólogo en una clínica de Tampa. Aunque siempre conducía él, fue la madre quien entró en la consulta, le agarró la mano a la niña, la calmó, la acostó en la camilla y ayudó a colocar los cables multicolores en su cabeza, como parte de un estudio para descifrar la causa de sus reiteradas convulsiones. Esta vez la niña empezó a gritar con una fuerza desmedida, con un llanto incontenible que dejó exhaustos a Valle y a los doctores. “Lo único que gritaba era mamá y mamá”, cuenta el padre poco después. “Me partió el alma”.

Con los días, Kailyn ha ido aprendiendo, o aceptando, que su mamá no esté cerca. Cuando siente la voz de Heydi Sánchez a través de una videollamada, se pone nerviosa: “Mami, ven, mami, ven”. Desde que Sánchez no está, “la vida es una agonía, esta casa es puro sentimiento”, dice él, de 40 años.

En la mañana del pasado 22 de abril el padre y la niña acompañaron a la madre a una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No sabían que iba a ser el último día juntos. Sánchez telefoneó a su esposo, que esperaba fuera en el auto. Le pidió que por favor fuera a recoger a la niña, que a ella la iban a deportar a Cuba. “Estaba atacada en llanto”, cuenta Valle. “La escuché gritar. Luego la abogada y un oficial de migración me entregaron a la niña. Les dije que, por favor, me dejaran despedirme de mi esposa, darle un abrazo. Pero me dijeron que no y me sacaron de ahí”.

Dos días después, Sánchez, que trabajaba como auxiliar sanitaria a domicilio, fue deportada a Cuba junto a otras siete mujeres en un vuelo que regresaba con un total de 82 migrantes, el cuarto que recibe La Habana desde comienzos de años. Había vendido su apartamento en la isla en 2019 para emprender una travesía migratoria hasta la frontera de México, y ahora permanecía en Estados Unidos con una orden final de deportación o I-220B, que le impusieron después de que perdiera una cita con las autoridades por equivocación.

El padre, cubano naturalizado estadounidense, recuerda que aquel día terrible en las instalaciones de ICE su esposa pedía que, si la iban a deportar, lo hicieran junto a su hija. “Les dijo que la mandaran con su niña para Cuba. Pero le dijeron que no, que su hija era ciudadana americana”. Ahora, mientras Kailyn no se cansa de pedir que la amamante, en La Habana ella tiene que extraer y desechar la leche.

El caso de esta familia cubana de Tampa ha acaparado la atención de la prensa y los políticos locales. La congresista demócrata de Florida Kathy Castor pidió en una carta enviada al presidente Donald Trump que se respete el debido proceso y se considere otorgarle un permiso temporal humanitario a Sánchez, por lo que considera un trato “cruel e ilegal”. “Es inconcebible y erróneo que su personal de ICE perjudique a las familias de esta manera”, dice la congresista en el texto.

Tom Homan, el zar de la frontera del Gobierno de EE UU, fue cuestionado esta misma semana por la deportación a Honduras de tres niños de nacionalidad estadounidense con sus respectivas madres. Según Homan, los menores fueron devueltos porque ellas así lo pidieron. “Estamos manteniendo a las familias juntas. Así que cuando un padre dice, quiero que mi bebé de dos años vaya conmigo, lo hacemos posible”, sostuvo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Este no parece ser el caso de Sánchez.

“No hemos sabido más de la bebé”
Pero la intención de “mantener a las familias juntas” —que contrasta con la separación de unos 4.600 niños migrantes de sus padres durante el primer mandato de Trump—no fue lo que el Gobierno aplicó con Kailyn ni con Maikelys Antonella Espinosa Bernal. Antonella, como la llaman, es una pequeña de dos años que vive en un hogar de acogida bajo la supervisión de la Oficina de Reubicación de Refugiados, a pesar de que su madre, Yorely Bernal, de 20 años, pidió su retorno cuando fue deportada a Venezuela hace poco más de una semana.

“No hemos sabido más de la bebé”, cuenta la abuela paterna, María Escalona Fernández, de 56 años, desde su casa en el Estado venezolano de Barinas. “No sabemos en qué condiciones, ni dónde, ni con quién está”, asegura entre lágrimas.

A finales de marzo, María, que trabaja como costurera, recibió una llamada de una de sus hijas desde Colombia. La joven le dijo: “Mamá, ¿estás sentada?”. María se sobresaltó. Su hijo, Maiker Espinosa, de 24 años, era uno de los 238 venezolanos que llegaron en los primeros vuelos al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel creada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. La imagen de Espinoza llamó la atención de su hermana, entre todos los reclusos rapados y vestidos de blanco, de rodillas en la instalación carcelaria. Se trataba del joven que comenzó a sentirse mal y que dijo que quería vomitar, ante los oídos sordos de las autoridades.

Espinosa y Bernal se habían conocido en Perú, tras emigrar desde Venezuela en 2018. Seis años después, luego de una travesía hasta la frontera mexicana, los padres y la bebé se entregaron a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, nunca conocieron Estados Unidos, nunca pusieron un pie más allá de la cárcel de Texas donde permanecieron durante más de un año. A la bebé, según la abuela, “se la quitaron”. A ellos nunca los dejaron en libertad. Solo salieron del encierro para ser deportados: él a El Salvador, y ella de regreso a su natal Maracaibo.

Como otras decenas de personas, los dos fueron acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Las razones fueron los tatuajes que llevan en su cuerpo con estrellas, dibujos de cómics, nombres de algún pariente cercano y una corona. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales en los países donde han permanecido.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses insisten en que el padre era un “lugarteniente” del Tren de Aragua, mientras que la madre dirigía el “reclutamiento de mujeres jóvenes para el contrabando de drogas y la prostitución”, de acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) después de que el Gobierno de Nicolás Maduro los acusara de estar “robando” niños venezolanos migrantes.

La madre asegura que, antes de montarse en el vuelo de deportación, las autoridades le prometieron que la mandarían de regreso con su hija, pero eso nunca sucedió. El DHS, por su parte, insiste en que mantienen a la niña alejada de sus padres por una cuestión de “seguridad y bienestar”. “No permitiremos que se abuse de esta niña y que siga expuesta a actividades delictivas que ponen en peligro su seguridad”, afirman.

Durante el tiempo detenidos, los padres solo pudieron saber de la niña a través de las fotos y videos que enviaba su cuidadora a la abuela en Venezuela. Pero ahora le han perdido el rastro. María asegura que su nuera, desde que llegó al país, está muy mal. “La tienen que sedar para que duerma”, asegura. Cuenta que pasa los días mirando fotos de la pequeña y preguntando cómo estará y cuándo podrá tenerla en casa, donde le corresponde estar.