ABOGADO RESPONSABILIZA A JUZGADO POR EL ATAQUE A UNA MUJER DE 73 AÑOS

En diálogo con El Sol-Tele5, el abogado Pablo Moyano Ilundain, querellante en la causa por el homicidio de "Chanchi" Muñoz, cuestionó la falta de acción judicial en este caso y sostuvo que la jueza a cargo demoró el trámite innecesariamente, permitiendo que Bravo permaneciera en libertad:

“Le robó a una mujer de 73 años y le fracturó la cadera. Este joven tenía que estar preso desde diciembre, pero la jueza de familia que debía fijar la pena dilató el proceso, exigiendo presentaciones en papel y rechazando las realizadas por sistema informático. Lo que debía resolverse de inmediato se convirtió en una espera que lo mantuvo fuera de prisión, y hoy la consecuencia es esta nueva víctima”, lamentó Moyano.

El abogado recordó además que Bravo es uno de los condenados por el homicidio de Chanchi Muñoz, hijo de Martín Muñoz, y que estaba sometido a un tratamiento judicial bajo la supervisión del Juzgado de Familia N°3, a cargo de Valeria Geist.

"NO ES LA PRIMERA VEZ QUE BRAVO COMETE DELITOS BAJO SUPERVISIÓN JUDICIAL"

El Dr. Moyano advirtió que este no es un caso aislado y que el historial delictivo de Bravo evidencia un fallo estructural en el manejo del proceso judicial:

"Ingresó al domicilio de una señora de 73 años con fines de robo y, en la violencia desplegada, le fracturó la cadera. Este hecho jamás debió ocurrir, porque Bravo debía estar detenido desde diciembre, dado que su condena por homicidio ya estaba firme. Esto no es un proceso civil de familia, es un delito grave con una sentencia que debía ejecutarse", enfatizó.

Según el letrado, la jueza ordenó su detención en diversas ocasiones, pero también permitió que quedara en libertad una y otra vez, con reingresos esporádicos a instituciones que no superaban los 30 días. "Siempre volvía a la calle, y siempre volvía a delinquir", sostuvo Moyano.

"EL RESULTADO DE LAS DEMORAS JUDICIALES: DEJARLO EN LA CALLE"

Finalmente, el abogado fue contundente al atribuir responsabilidad directa a la titular del Juzgado de Familia N°3 por la omisión en la aplicación de la condena:

"Todas las demoras han sido consecuencia de que no se fijó la pena en el tiempo correspondiente, permitiendo que Bravo continuara libre. Con uno de los condenados no hubo problemas, pero Bravo reincidió en múltiples delitos. El resultado de esa falta de acción es una nueva víctima, una mujer de 73 años violentamente atacada por alguien que jamás debió estar en la calle”.

Moyano también criticó la burocracia impuesta en el trámite judicial, señalando que se exigieron procedimientos innecesarios, impidiendo que el caso se resolviera con rapidez:

"La jueza dilató todo al extremo, priorizando requisitos administrativos sobre la urgencia del caso. Y hoy, el resultado es esta nueva agresión, que pudo y debió evitarse", concluyó el letrado.