Trinan de contentos en la Dirección de Tránsito dejaron a pie a 20 familias al quitarles 17 motos y 2 autos.

¿Pagan justos por pecadores?

En un reciente operativo, la Dirección de Tránsito confiscó 17 motos y 2 autos, dejando a 20 familias sin su principal medio de movilidad. Este tipo de acciones pone en evidencia la aplicación inflexible de las leyes de tránsito, afectando a las personas más vulnerables.

Si bien "pagan justos por pecadores", la moto continúa siendo un vehículo esencial para las clases trabajadoras. Por ello, resulta imperativo analizar si las faltas que justifican estos secuestros son de gravedad suficiente como para perjudicar a quienes dependen de su moto para subsistir.

Las explicaciones no alcanzan cuando, en pleno procedimiento, un conductor argumenta que lleva a sus hijos a la escuela o que utiliza la moto para realizar tareas que sustentan su hogar. Los agentes responden que la ley no admite excepciones, aplicándola de forma uniforme, aunque esto signifique ignorar las circunstancias individuales.

¿Flexibilización o crueldad innecesaria?

Si bien es importante que las leyes se cumplan, cabe preguntarse si se están considerando soluciones alternativas que no perjudiquen a quienes dependen de sus vehículos para vivir.

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Los concejales, absortos en otros temas, no parecen interesarse en establecer un sistema que gradúe las infracciones. Por ejemplo, en lugar de confiscar motos por faltas menores, como la ausencia de un foco, podría emitirse un acta que conceda un plazo para solucionar la irregularidad.

La confiscación de vehículos no es un tema menor. Miles de familias dependen de las motos para su movilidad, y cientos más encuentran en ellas una herramienta de trabajo indispensable. Secuestrar estos vehículos por faltas menores es un acto innecesario y, en muchos casos, abusivo, que solo incrementa la frustración y el enojo de los ciudadanos.