Un caso que desnuda el sistema estatal judicial

En mayo de 2014 se comenzó a investigar el proceder de una asociación ilícita que lideraba Gustavo Petaco Barrientos. La pesquisa surgió a partir de comunicaciones de quien era en ese momento el líder de la barrabrava de Patronato, que se encontraba detenido en la unidad penal de Paraná por un doble homicidio y tenía su teléfono celular intervenido ante la sospecha de que seguía conduciendo a la organización.

Del dispositivo surgió información en torno a tentativas de homicidio, balaceras en distintos barrios de la capital provincial, tenencias de armas, robos y extorsiones. También amenazas a los testigos que debían declarar en el juicio contra Barrientos, que estaba cumpliendo prisión preventiva. Las conexiones –según la investigación– involucraban a las barras de Patronato y Colón de Santa Fe, pero también a sectores de la Policía y de la política.

La Dirección de Investigaciones y la División Homicidios de la Policía pudieron determinar el involucramiento de una treintena de personas que integraban la asociación ilícita luego de 28 allanamientos en distintos barrios de Paraná, Colonia Avellaneda y Pueblo Brugo, donde se secuestraron computadoras, celulares, armas, municiones, marihuana y cocaína.

A continuación, una crónica de Juan Cruz Varela en Página Judicial:

Los negocios de la barrabrava

La Fiscalía, a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrull y con la colaboración de Santiago Brugo e Ignacio Aramberry, había avanzado en la pesquisa, de la que se desprendió un fenomenal funcionamiento de la organización que cometía una importante cantidad de ilícitos, con una actividad central: el narcotráfico. Esto último llevó a que abogados defensores plantearan la incompetencia, por tratarse de un delito federal. El Ministerio Público Fiscal accedió y se desprendió de la causa.

El juez de Transición Pablo Nicolás Zoff remitió el expediente (aún no se había implementado el sistema acusatorio) al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, para que asumiera la investigación por una presunta comercialización de estupefacientes. Pero el fiscal federal Mario Silva se declaró incompetente, lo que dio pie a un conflicto negativo competencia, ya que ninguno de los fueros asumía la pesquisa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, finalmente, determinó que el caso debía tramitar en la jurisdicción provincial. Lo hizo en base a un dictamen del procurador general, Eduardo Casal. En rigor, el jefe de los fiscales dijo en dos oportunidades que la investigación debía tramitar en la jurisdicción provincial: el 1 de diciembre de 2022, consideró que no era posible resolver el asunto, “pues las piezas del incidente no satisfacen el criterio según el cual resultan elementos indispensables para el correcto planteamiento de una cuestión de esta naturaleza que las declaraciones de incompetencia contengan la individualización de los hechos sobre los cuales versan y las calificaciones que les pueden ser atribuidas” a las personas sospechadas; de modo que la pesquisa debía seguir en manos de los tribunales provinciales, que fueron los primeros en tomar conocimiento de los hechos. Lo mismo opinó el 27 de febrero de 2024 y en ambas ocasiones la Corte Suprema siguió su criterio.

Sin embargo, el expediente durmió durante años. Y eso también lo hizo notar el procurador Casal en su primer dictamen, en el que advirtió que “la inactividad procesal por el lapso de más de cuatro años que se advierte desde la declinatoria de competencia hasta su rechazo por parte de la justicia federal, pudo implicar una virtual privación de justicia con riesgo, incluso, para la vigencia misma de la acción penal”.

Barrientos fue asesinado el 18 de febrero de 2023 en su casa de Colonia Ensayo, mientras cumplía con una salida transitoria, cumpliendo una condena de once años de cárcel por los homicidios de Matías Giménez y Maximiliano Godoy. Nunca fue citado a declarar en la causa donde se lo investigaba como jefe de una asociación ilícita.

Aquella tarde, sicarios ingresaron a un loteo y asesinaron al líder de la barrabrava de Patronato con cinco disparos. Luego escaparon en una camioneta Toyota SW4, que dejaron abandonada en un camino de tierra en Pueblo General Alvear, en el departamento Diamante; y continuaron la huida en una lancha por el río Paraná. Quienes conocen este caso en profundidad coinciden en que es fílmico.

El narcotráfico aparece como el flagelo del siglo, pero ese delito dejó de estar tipificado en el Código Penal como uno más para convertirse en el engranaje de negocios ilícitos a gran escala; piramidales, como se les llama ahora, que deberían ser abordados por todos los poderes estatales.

La investigación que tenía en la punta de la pirámide a Barrientos llega finalmente a la provincia con un cúmulo importante de pruebas; pero con el principal acusado ya asesinado, con integrantes de la banda fallecidos y otros prófugos. Pasaron diez años. Cualquier defensor invocaría la doctrina del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre la extensión de los plazos razonables en la tramitación del proceso. Mientras tanto, las cárceles de la provincia, mientras tanto, se llenan de jóvenes por narcomenudeo.

Fuente: Página Política