La carmelita concordiense Toledo, conocida como "la monja de los abusos en el convento" cumplió la condena

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay la halló culpable del delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de las excarmelitas Silvia Albarenque y Roxana Peña, a quienes durante años impidió la salida del Carmelo, y a las que sometió a la aplicación de violencia, amenazas y tormentos que no estaban establecidos en las constituciones de la orden religiosa.

El tribunal morigeró la pena que había pedido el Ministerio Público Fiscal, 6 años y medio, por cuanto consideró la avanzada edad de Toledo, su estado de salud y el hecho de haber vivido casi toda su vida enclaustrada en un convento. En su resolución, desechó los argumentos de la defensa, y consideró probados los hechos –el convento convertido en una cárcel “inexpugnable”, con cámaras de seguridad, cerco perimetral de alambre de púa y vidrio molido, muchas puertas con llaves, la existencia de vigilancia en el “locutorio”, el lugar donde las religiosas del claustro recibía visitas-, y condenó a la monja por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada bajo la utilización de violencia y amenazas.

Un año después de haber caído en prisión por el delito de privación ilegítima de la libertad, la expriora del Monasterio de la Preciocísima Sangre y de Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, la monja carmelita Luisa Toledo, recuperó la libertad, aunque en forma condicional. La decisión la adoptó el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Caros Alfredo Rossi.

El 5 de julio de 2020, la monja Luisa Ester Toledo, expriora del convento carmelita de Nogoyá, fue condenada  a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo en la Unidad Penal N° 6 de Paraná. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay la halló culpable del delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de las excarmelitas Silvia Albarenque y Roxana Peña, a quienes durante años impidió la salida del Carmelo, y a las que sometió a la aplicación de violencia, amenazas y tormentos que no estaban establecidos en las constituciones de la orden religiosa.

Pero recién el 25 de agosto de 2021, la religiosa fue llevada a la Unidad Penal N° 6 de Paraná, a partir de una decisión que adoptó el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. Toledo, que mientras fue priora de las carmelitas descalzas en Nogoyá fungió su rol como  María Isabel de la Santísima Trinidad, fue la primera religiosa que terminó condenada y en la cárcel. Fue luego de quedar firme aquella condena de primera instancia.

El miércoles 18 de agosto de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó el recuso extraordinario federal presentado por los defensores de la monja, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli. En su voto, el vocal Daniel Carubia sostuvo que «es evidente que el recurso extraordinario así intentado se revela palmariamente inadmisible y debe denegarse su concesión», posición que compartieron Miguel Giorgio y Claudia Mizawak. De ese modo, el alto cuerpo rechazó la vía de recurrir el fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 4 de junio del año último, la misma Sala había rechazado un recurso de queja presentado por los defensores de las religiosa.

El jueves 8 de septiembre de 2022, el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú -el mismo que en 2018 fue sometido a un proceso de jury, acusado de mal desempeño al haber otorgado la libertad de Sebastián Wagner, autor del femicidio de Micaela García, en Gualeguay, hecho ocurrido en 2017, del cual pudo zafar y retomar su función- firmó la resolución que otorgó la libertad condicional a la monja carmelita.

La libertad condicional le fue concedida hasta que se cumpla el plazo de la condena, hecho que ocurrió el viernes 23 de agosto de 2024. Le impuso las siguientes reglas de conducta: fijar residencia en la sede de la Congregación Hijas de San José, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; “abstenerse de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes”; desempeñar una actividad laboral o profesional de conformidad a su capacidad y/o conocimiento o bien capacitarse cursando los estudios pertinentes”; encomendó además al Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires a efectuar un control sobre la religiosa en forma bimestral; y además notificó a las dos víctimas denunciantes de la religiosa.

La monja  Toledo, exprioira del convento carmelita de Nogoyá, fue condenada el viernes 5 de julio de 2019 a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo en la Unidad Penal N° 6 de Paraná. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay la halló culpable del delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de las excarmelitas Silvia Albarenque y Roxana Peña, a quienes durante años impidió la salida del Carmelo, y a las que sometió a la aplicación de violencia, amenazas y tormentos que no estaban establecidos en las constituciones de la orden religiosa.

El caso

 
Toledo fue denunciada por dos excarmelitas, Silvia Albarenque y Roxana Peña, ambas exclaustradas tras la presentación en la Justicia que hicieron en 2016. La religiosa dirigió los destinos del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, ubicado en la zona sur de Nogoyá, frente a barrio San Miguel, entre 2008 y 2016, cuando fue separada de su cargo.

El apartamiento de Toledo se dio tras el allanamiento ordenado por la Justicia en 2016. En su declaración por escrito en el juicio que se le siguió a la religiosa en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, explicó que “pedí con urgencia que se enviara un Visitador Apostólico. Así fue, la Santa Sede eligió un Obispo Emérito, monseñor Martín de Elizalde, exAbad de un Monasterio Benedictino, con muchísima experiencia en la vida contemplativa. Él se instaló en el Monasterio durante unos cuantos días, pudo hablar largamente con cada monja; pudo conocer en el lugar la vida comunitaria. Cuando terminó la Visita Canónica, elevó un informe a la Sagrada Congregación de la Vida Consagrada, que es la encargada por el Santo Padre de velar por la vida religiosa. Ese informe es reservado, nunca tuve conocimiento del mismo”.

El 8 de noviembre de 2016, el Vaticano decide apartar a Luisa Toledo del cargo de priora del convento carmelita de Nogoyá.

“Como consecuencia el Informe, es que la Santa Sede decide que la Hna. Isabel deje de ser Priora y sea trasladada a otro Monasterio y se me pide que haga un acompañamiento más cercano hasta que pueda normalizarse la vida del Carmelo. Durante ese tiempo, visité mucho más seguido a las Hermanas, flexibilicé algunas normas transitoriamente por estado de las Hermanas, de cansancio y nerviosismo por todo lo vivido. El 4 de diciembre de 2017, por Decreto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, se nombra por tres años las nuevas autoridades del Camelo”, declara Puiggari.

El 8 de junio de 2017,  Puiggari envió un informe a la Justicia en el que dio razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.

Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.

El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.

Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.

Itatí Miño fue nombrada nueva priora del convento carmelita de Nogoyá desde Roma.

La piedra de toque

 
El caso ganó la luz pública a mitad de 2016 cuando se conocieron las denuncias de las dos religiosas a través de la revista Análisis. Las exreligiosas revelaron malos tratos, abusos y aplicación de tormentos dentro de la comunidad de las carmelitas, conductas que reprocharon a la entonces priora Luisa Toledo, que fungía como Madre María Isabel. El caso llegó a la Justicia y tras concluir la etapa de instrucción, la Fiscalía de Nogoyá elevó la causa a juicio.

Carlos Rossi, el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú.

La causa contra la religiosa, caratulada “Toledo Luis s/Privación ilegítima de la libertad”, atravesó un momento de zozobra cuando los defensores Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, plantearon una cuestión de competencia, que finalmente fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que la Justicia entrerriana es competente para entender en el caso.La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2o16, a partir de una denuncia que publicó la revista“Análisis”: dos excarmelitas contaron ante el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, los tormentos que soportaron en la clausura, y responsabilizaron de esos hechos a la priora, Luisa Toledo.Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta.

Recién a principios de 2018 el Vaticano decidió designar reemplazante. La medida supuso la conformación de un nuevo equipo de superioras, y por esta vez ha echado a un lado las constituciones de la congregación que indican que las prioras se eligen por votación de la comunidad. En vez de eso, Roma decidió nombrar como priora a Itatí Miño, una misionera de 38 años, que desde hace dos décadas está en el convento de Nogoyá.El carmelo de Nogoyá es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según las constituciones por las propias religiosas. Se trata de una casa religiosa de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina, aunque se encomiende al obispo diocesano, Juan Alberto Puiggari, el actual, el cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones.El nombramiento de autoridades en el convento llegó después de más de un año de acefalía. Luisa Toledo fue apartada de su cargo de priora a mediados de septiembre de 2016.

Fuente: Entre Ríos Ahora - Análisis -