El ex intendente Erro denunció al Procurador Jorge García ante el Jurado de Enjuiciamiento

“Una vez consolidado el triunfo y por ende la re-elección de Luis Erro a cargo de la administración del municipio, comenzó una acción de desgaste judicial, realizándose una persecución que contó con el aval del Ministerio Público Fiscal de la Provincia y con el acompañamiento mediático en la ciudad de Gualeguay.

La guerra judicial-política emprendida contra Luis Erro, llegó al absurdo de realizar denuncias falsas y por montos insignificantes (causa “Luz” o “espuma” o “sonido”), o cuestiones administrativas convertidas en penales que no sólo no acarreaban perjuicio sino sólo beneficios (“comparsas”), o la re-interpretación de las cláusulas presupuestarias para sostener una inexistente malversación (“causa correo”), o denuncias realizadas con prueba que luego se declaró nula o inexistente (“causa luminaria”) o finalmente sostener un inexistente enriquecimiento ilícito (“causa Robson”)”, se detalló en el texto de la denuncia.

A lo largo de la presentación, Erro denuncia “persecución política” en su contra enumerando una decena de causas judiciales en las que se lo involucró.

“Su llegada a la intendencia por el PJ fue signada por un fuerte enfrentamiento con los caudillos históricos de dicho partido. Para el segundo período, la interna se amplificó y estuvo signada por una virulencia de quienes se sabían de antemano perdedores. Estos caudillos (Hernán Vitulo y José Samid Jodor) a través de representantes o figuras de sus líneas internas fueron quienes dispararon (sobre todo en el marco de la interna previa a las elecciones generales) diversas acciones entre las que se cuentan denuncias judiciales”, afirmó.

En ese sentido, el ex intendente aseveró que: “No es menor que el Procurador sea amigo personal de uno de los mencionados viejos caudillos de la ciudad de Gualeguay (Hernán Vitulo). Dentro de este marco político-judicial, se produjo la realización de las denuncias contra Luis Erro, la investigación de los hechos, y los posteriores cursos judiciales”.

Más adelante, relata que “en el año 2015 sucede un hecho importante que es que un inspector general (Marcelo Valdez) descuelga unos letreros de Adán Bahl pre-candidato a gobernador que había puesto Vitulo y que no se podía porque está prohibido por el Municipio estos letreros, y cuando los descuelga Vitulo lo espera abajo y le pega una trompada y lo amenaza con que “te voy a matar y te voy a hacer agarrar con el Coque (García), a ustedes los va a corregir a todos el Coque”. Hace la denuncia penal correspondiente el Sr. Marcelo Valdez y el fiscal Pablo Guercovich lo trata de persuadir para que arregle y el Inspector le dijo que no. Final del cuento, archiva la causa”.

Por otro lado, la denuncia Erro hace referencia a que “para completar este esquema de persecución, se lo llegó a vincular increíblemente (sin ningún tipo de fundamentos) en la desaparición de un importante empresario de la zona, amigo de la familia Erro con prueba comprobadamente falsa o inexistente”.

Del mismo modo, menciona a la Cámara de Casación de la Provincia a la que calificó de “una herramienta necesaria para la consolidación del poder del Ministerio Público Fiscal”, “la pata necesaria para consolidar la persecución”. “Por esto, la elección de los integrantes (realizada a través de un consejo de la magistratura dominado por el M.P.F.) era de trascendental importancia. Muestra de lo bochornoso de la elección de los integrantes, se dio cuando el entonces Secretario de Justicia (Dr. Virué) realizó una pregunta en el proceso de selección, a una de las vocales (Marcela Badano, pareja del Procurador) referida a como garantizaría la objetividad cuando le tocara intervenir contra los intereses del M.P.F., y esto le costó el puesto al Dr. Virué quien debió renunciar al cargo”, puntualizó.

“Hay nueve juicios que me han hecho; uno es por siete pesos, el otro es por once mil pesos, cheques y sonidos sin perjuicio para el municipio, en la causa del correo se entrometen en el ámbito administrativo para definir la forma de gestionar, un enriquecimiento inexistente, un sobrante de un gasto, una amenaza irreal y la animosidad con la que me trataron  a mí y mi hermano Sebastián sin prueba alguna en la causa Benvenutto. Todo ello constituye un mal desempeño del Procurador General Jorge Luciano Amilcar García, por el cual con criterios irracionales puso en marcha todo un aparato para perseguir a un dirigente político a fin de justificar su actuación.

Millones de fondos de los tributos de los entrerrianos y entrerrianas para acusar sin fundamento a un dirigente y con ello, erosionar su imagen política”, manifestó Erro al final de la presentación, añadiendo también la falta de acreditación de la capacitación que exige la Ley Micaela, “deber inexcusable para los funcionarios públicos”, por parte del Procurador General.