La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, prevista para el 4 de abril, llega con un nuevo foco de conflicto, como es la eliminación por DNU de los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación. Desde la asunción del presidente Javier Milei esas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas. La decisión derivará en nuevas presentaciones judiciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.
Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno a provincias de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Estas cajas pagan las jubilaciones de los empleados públicos provinciales y se financian primariamente con los aportes de los trabajadores, a quienes se les realiza el descuento correspondiente. Sin embargo, esa recaudación no cubre el total de las jubilaciones, por lo que el Gobierno nacional cubre ese rojo mensualmente, tal como hace con las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación.
Desde diferentes provincias calcularon para este diario cuánto debería girarle Anses en abril: Buenos Aires, $25.300 millones; Córdoba, $11.300 millones; Chaco $2.560 millones; Corrientes, $930 millones; Entre Ríos $6.500 millones; Formosa, $2.260 millones; La Pampa, $1.720 millones; Misiones, $1.790 millones y Santa Fe, $10.030 millones. En total, unos $62.500 millones.
Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley. Desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley. Los mandatarios de las jurisdicciones afectadas están dispuestos a ir a la Justicia por el tema; Córdoba ya tiene una cautelar hace casi un año.
La Nación publicó que la deuda acumulada de Anses con estas cajas ronda los US$2000, aunque alrededor de la mitad es “compensable” por acreencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entre las que más deben están Buenos Aires y Chubut, por ejemplo. Los expertos coinciden en la falta de información en un tema “importante”.
Hay controversias planteadas entre algunas cajas no transferidas y Anses. Por caso, las presentaciones de Misiones fueron cuestionadas por una auditoría del organismo. Los cálculos son “difíciles”, admiten los especialistas, quienes también reconocen que lo que ya se venía pagando en la gestión anterior deberían “respetarse”.
La referencia es que las partidas para las cajas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias. Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió con lo que se generó deuda.
El miércoles último, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema para los sistemas previsionales no transferidos.
Desde que asumió Milei, de facto, se cortaron todos los giros. No solo no se realizaron actualizados, sino que directamente no se hicieron. El impacto es fuerte para las finanzas provinciales: lo que no pone la Nación lo deben aportar los tesoros provinciales. Esto vuelve a poner a los gobernadores frente a una encrucijada porque deberán resolver qué hacen en el corto plazo para no tener que congelar los haberes o desviar otras partidas a este rubro.
El pago de la deuda acumulada por falta de actualización era un punto que, en el inicio de la gestión libertaria, los gobernadores pidieron resolver como forma de descomprimir tensiones, pero no fue aceptado.
El ministro Luis Caputo no aceptó, al comienzo de la gestión, pagar las deudas acumuladas con las cajas provinciales.
Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias.
En la gestión de Macri se acordó que aquellas provincias que no transfirieron los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que le costaría al sistema central si los tuviera bajo su órbita. De esta manera, dejó de exigirse la “armonización” que había sido un punto de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.
Como en todo sistema previsional, sin importar la órbita en que esté, para que el rojo no crezca, debería haber más empleados públicos, lo cual es un contrasentido. Si los gobiernos provinciales son más eficientes, hay más brecha entre aportantes y pasivos. Si no median reformas previsionales, el gasto jubilatorio será creciente.
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre aportantes y beneficios es de 3 a 1 en la Patagonia; de 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa.
(Por Gabriela Origlia para La Nación)
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